Por Salomón Kalmanovitz, Bogotá
El conflicto colombiano se recrudece. El Estado no tiene el control del territorio y se fortalecen grupos armados de izquierda, pero también, de manera exponencial, los de derecha. A cuatro años de firmada la paz con las Farc, los excombatientes no se sienten seguros y los más jóvenes se enrolan en las disidencias. Cientos de lideres sociales han sido asesinados y otros tantos amenazados y desplazados. Comunidades enteras huyen de la violencia y la extorsión de grupos paramilitares. Se está reeditando la violencia de los años 80, que dejó diez millones de víctimas entre desplazados, muertos y heridos.
La violencia genera caos e incertidumbre, desestabiliza la estructura social y política, frena la inversión y retrasa el desarrollo económico. Se agudiza el desplazamiento y empobrecimiento de millones de familias. Aumentan la desigualdad y la exclusión. Los señores de la guerra se hacen a la propiedad de sus víctimas y los narcos compran barato donde se sienten protegidos. Se da una simbiosis entre ilegalidad y legalidad, la primera ejerciendo la protección sobre la propiedad de los ciudadanos ejemplares.
No existen en Colombia las instituciones formales —presencia del Estado, fuerzas de seguridad— que actúen con legitimidad —jueces, alcaldes y concejales que defiendan o representen sus comunidades— ni informales —como el respeto a los derechos de propiedad, la resolución pacífica de los conflictos y la cultura ciudadana— que garanticen la protección de vida y los bienes de los ciudadanos del campo y de las comunidades étnicas.
El centralismo extremo impide que el Gobierno se apoye en las comunidades y en las autoridades regionales para controlar efectivamente el territorio. Por eso no puede garantizar la ley ni el orden, permitiendo tácita o expresamente que sean los grupos armados ilegales los que ejerzan de manera arbitraria su control sobre la población y los recursos disponibles. Ejército y Policía se encapsulan en sus cuarteles, la Fiscalía no tiene capacidad de investigar ni acusar a los criminales, que actúan a sus anchas en amplios territorios de la república.
El Acuerdo de Paz ha sido incumplido. El punto uno cubría la reforma rural integral, de adquirir tres millones de hectáreas, de las cuales se han comprado un millón y adjudicado 28.000. El Gobierno se comprometía a elaborar un catastro multipropósito que cubriera el 60 % del territorio no formalizado y se hiciera de manera consensuada, pero a la fecha se han desmantelado casi todos sus mecanismos de cobertura. Solo ha habido algún progreso en los 16 Programas de Desarrollo Territorial.
Aunque el narcotráfico es un fenómeno que no alcanza a comandar 2 o 3 % del PIB nacional, en las regiones paupérrimas donde se ha consolidado puede representar 15 o 20 veces esa proporción. Su impacto es desastroso: financia los grupos armados y multiplica la violencia que ejercen, corrompe o destruye la justicia, pero sobre todo cambia el mapa de la propiedad de la tierra en todo el país. Se ha vuelto a propagar el desplazamiento y empobrecimiento de millones de familias que han perdido su única capital, que es la tierra.
Como comenta el padre Francisco de Roux, de la Comisión de la Verdad, hay nuevamente 10.000 hombres en armas, mientras el Gobierno demuestra ineficacia en sus políticas sociales, en especial con su regulación errática del conflicto, que ahora también se ha extendido a las ciudades: siembra vientos y cosecha tempestades.
