Si de algo se trata el paso de un Gobierno conservador a uno de izquierdas es de la fuerza y la presencia del Estado. En varios frentes: proveer directamente servicios, regular mejor los mercados, enfrentarse a los grandes conglomerados, dirigir en general la economía. Gustavo Petro ha buscado trazar esa línea para Colombia en los dos años largos que lleva en su cargo, pero había bajado el tono con el receso legislativo y su llamado a un acuerdo político nacional para conciliar sus nuevas reformas. Sin embargo, en los días más recientes lo ha retomado. En menos de una semana ha dado peleas que lo muestran como defensor de los hospitales públicos, como impulsor de un Estado que defina todas las tarifas del mercado eléctrico, como defensor de irrigar con dinero a las pequeñas empresas y a las familias.
El renovado discurso es claro. El domingo, Petro dedicó una alocución a fijar su postura frente a las altas tarifas de energía, un asunto que se ha cruzado una y otra vez como presidente. “Colombia es el único país de América Latina donde el costo de la energía no está regulado por el Estado. Oigan: el único país en América Latina. Las empresas pueden fijar el precio de la energía según el mercado, lo que les permite especular”, dijo frente a las cámaras, señalando la necesidad de que el Estado intervenga. Explicó que la finalidad no es solo ayudar a las familias y las empresas, sino atacar lo que ve como un oligopolio. “Cinco empresas controlan el 70% de la generación de energía en nuestro país. Es un negocio manejado por unos pocos, que tienen el poder de alterar los precios a su favor. Además, algunas de estas empresas tienen dueños compartidos. Son los mismos al frente de las mismas empresas”.
Desatar ese nudo no es sencillo. El precio de la energía para la mayoría de consumidores finales, como las familias o los pequeños negocios, está definido por una fórmula determinada por el Estado, no lo que pagan los grandes consumidores, que pueden negociar, ni lo que se cobran entre sí las diferentes empresas del sector, que van desde las generadoras de electricidad hasta las comercializadoras que la venden a los usuarios. Quien fija cómo se calcula lo que pagan los hogares es un órgano semi-autónomo llamado Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Petro ha buscado asumir esas funciones para modificar la tarifa, pero el Consejo de Estado rechazó el intento, al encontrar que no podía pasar por encima de una ley. En todo caso, la fórmula actual parte de los costos de cada comercializador por la energía, como lo que pagó al comprarla o lo que le costó transmitirla. Y como esos costos se definen por oferta y demanda, al final el Estado no determina todo el valor. Petro opina que debería hacerlo, aunque no ha aclarado la manera para lograrlo.
Algo similar ocurre con su propuesta de que el Estado defina parcialmente a qué sectores le pueden prestar dinero los bancos. La propuesta la desarrolló especialmente en su intervención en el foro de reactivación económica adelantado dos semanas atrás en Manizales, en la que explicó qué es una inversión forzosa. “Es sacar del ahorro público en los bancos, un porcentaje para destinarlo como crédito barato, con costo financiero pequeño a las actividades de la producción, como se está haciendo desde hace décadas con la agricultura”. Sin una propuesta escrita más detallada, aún no son claros los montos, sectores o mecanismos involucrados.
Pese a esa indefinición, la idea ha sido objeto de críticas de banqueros y empresarios. Según ha contado La Silla Vacía, entre el Gobierno y los banqueros se cocina una propuesta de reemplazarla por un programa voluntario de los financieros de canalizar hasta 50 billones de pesos (12.500 millones de dólares) hacia ciertas empresas y sectores. Pero incluso si esa contrapropuesta logra que el dinero vaya a las pequeñas y medianas empresas o a lo que el Gobierno ha llamado la economía popular, no refleja la idea de Petro, que es precisamente que el Estado decida, así sea en pequeños montos. “Ahora hablarán que no es bueno que el Estado se meta en la asignación de los recursos del ahorro del público, porque es mejor que la banca lo haga, tesis neoliberal”, dijo en su discurso de Manizales, previendo las críticas al concepto de las inversiones forzosas y, sobre todo al de la intervención del Estado.
Una tercera acción del presidente para refrendar su defensa de lo público se dirige menos a ampliar el alcance del Estado en la economía y más a reiterar esa postura, a recordar que tiene puesta esa camiseta. Se trata del choque con el alcalde bogotano, Carlos Fernando Galán, por el futuro de los edificios del que fuera el hospital San Juan de Dios, por décadas el principal de la ciudad y abandonado desde inicios de siglo. El conflicto es tan complejo como extraño, pues ha llevado a los dos políticos elegidos con más votos del país a enfrentarse por un asunto aparentemente local y técnico, con facetas de urbanismo y patrimonio cultural. En síntesis, los edificios son del Distrito de Bogotá y los administra la subred centro-oriente de salud de Bogotá, una entidad distrital que fue intervenida en mayo por la Superintendencia de Salud, que depende del Ejecutivo. En 2020, la subred contrató a la empresa española Copasa para crear allí un nuevo hospital y preservar algunos edificios construidos a inicios del siglo XX, pero el presidente ha señalado que debía protegerlos todos, incluyendo otros más recientes. El interventor que hoy maneja la subred, designado por la Superintendencia, anuló la semana pasada el contrato, y el presidente argumentó que así no se protege el patrimonio contenido en un edificio construido a mediados del siglo XX.
Aunque no solamente. Petro también ha dicho que se trata de una decisión para proteger los servicios públicos de salud, pues Copasa no solo haría la obra, sino que dotaría y operaría durante cinco años el hospital. Este lunes el presidente aprovechó una publicación médica para reforzar su punto. “Según estudio de la prestigiosa revista científica The Lancet, la privatización de hospitales públicos, modelo que se siguió en Bogotá copiando a Madrid, ha hecho caer la calidad de atención a los pacientes en todo el mundo. Eso querían hacer con el San Juan de Dios”, dijo en su popular cuenta de X. En este caso, a diferencia de las inversiones forzosas o las tarifas de electricidad, el Gobierno ya tomó una decisión. Su impacto es más local, pero simbólico: como alcalde de Bogotá, una de las obsesiones del hoy presidente fue revivir el centenario hospital; como presidente, el sistema de salud ha sido una de sus grandes fijaciones. Por su fallida reforma a la salud, rompió su primera y amplia coalición legislativa con sectores de centro y liberales, hizo una crisis de gabinete para sacar a sus más visibles ministros moderados, sacrificó su iniciativa legislativa durante un año. Por meses fue el principal debate público en un país que enfrenta el narcotráfico, la inseguridad, la deforestación o una profunda desigualdad.
Justamente, el tamaño de su apuesta por lo público se definirá en buena medida con el nuevo texto de esa reforma, que el Gobierno prevé presentar esta semana. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, representante de esa estirpe de ministros moderados, ha buscado ambientar el trámite de ese y otros proyectos con reuniones con todas las bancadas que aterrizarían la idea del acuerdo político nacional en el frente legislativo. Varias de esas bancadas rechazaron la reforma en su versión anterior, en la que el Estado ampliaba sus funciones en la administración de los recursos y el aseguramiento de los colombianos en salud, y de ellas dependen las mayorías en el Congreso. Con la propuesta quedará claro hasta dónde logrará Petro equilibrar la bandera de lo público con la de los acuerdos políticos.
