JUAN DIEGO QUESADA JUAN PABLO VÁSQUEZ
La tesis que circuló hace dos años en las esferas del poder colombiano es que Gustavo Petro no podía gobernar el país en solitario, a su manera. Necesitaba un anclaje con el centro político que desactivase el miedo que provocaba su advenimiento.
El presidente puso a su lado a economistas liberales curtidos que aseguraban su hilo directo con los magnates del país y relajaban el estrés de los mercados. Esa especie de pequeño gobierno de concertación lo desnaturalizó, no le dejó ser él y acabó por romperlo.
Moriría con sus ideas, dijo. Su popularidad lo resintió. Se generó mucho ruido a su alrededor y eso, sumado a la parálisis del Gobierno, lo desgastó.
El propio Petro reconoce que se ha perdido tiempo y que necesita recuperarlo en lo que le queda en Palacio. Y eso pasa por volver a su esencia y no dar su brazo a torcer en asuntos que considera vitales, aunque tenga a todo el mundo en contra, a veces su propio círculo.
Ese Petro, poco práctico si se quiere, ha mantenido a su lado a Laura Sarabia, su segunda, a pesar de que sea investigada por la Fiscalía en un caso enrevesado por el polígrafo al que se sometió a su niñera. No deja caer al canciller Álvaro Leyva por haber convertido un asunto administrativo, la impresión de pasaportes, en una crisis institucional. Lo más fácil habría sido quitarse a Leyva de en medio y poner en su lugar al que ahora actúa de canciller temporal, Luis Gilberto Murillo, un tipo de apariencia impecable que suena como sucesor de Petro. Pero eso serían cálculos políticos que harían el promedio de dirigentes. Él se sale de la media en todos los sentidos.
A lo largo de su carrera no le huido a la fricción. Sobre ella edificó su imagen y se hizo popular en un país que —hasta su elección— prefería votar a líderes cercanos al establishment. Buena parte de su éxito proviene de sus disputas públicas con el expresidente derechista Álvaro Uribe, quien gobernó Colombia por dos periodos consecutivos y dejó la jefatura de Estado en 2010 con un índice de aprobación del 63%. Erigirse en el némesis del principal fenómeno político de las últimas cuatro décadas probó ser útil. Cuando la imagen de Uribe se afectó negativamente en los años posteriores, Petro olió la oportunidad y dio el salto a escenarios de poder desconocidos para la izquierda, convirtiéndose en alcalde de Bogotá y luego en presidente. Chocar seguido con sus adversarios para apalancarse lo trajo hasta este punto y parece que se niega a dejar de hacerlo.
La insistencia de Petro para que la Corte Suprema elija pronto a una nueva fiscal general; su defensa cerrada de Leyva; y los nombramientos de Sarabia, sumado al de Gustavo Bolívar, en altas posiciones en el Gobierno son una muestra de que sigue apegado a esta fórmula. Estas decisiones le han acarreado decenas de críticas, que se suman a las que ya existían a raíz del paquete de reformas que presentó al Legislativo, pero el presidente se mantiene firme. Es difícil evocar un episodio en sus 40 años de vida pública en el que se haya echado para atrás. De su etapa como alcalde se recuerdan momentos en los que prefería mostrarle la puerta de salida a sus funcionarios antes que ceder en la implementación de alguna de sus políticas. Algo similar le ha sucedido en su mandato con la renuncia de algunos de sus ministros, como Alejandro Gaviria y José Antonio Ocampo, economistas que encabezaron las carteras de Salud y Hacienda durante los primeros meses de su Administración y con los que terminó en malos términos.
Eso lo aplica a todos los campos. La Fiscalía General de la Nación es la entidad encargada de investigar y llevar a juicio a los criminales en Colombia. Es una entidad con excesivo poder burocrático y político. Actualmente, está dirigida interinamente por Martha Mancera, una mujer que no es de los afectos de Petro. Pero la incomodidad del presidente con Mancera no es directamente con ella, sino con su antiguo jefe, Francisco Barbosa, quien fue fiscal en propiedad hasta el pasado 13 de febrero y aprovechó el cargo para oponerse a muchos de los planes del Gobierno. La relación entre los dos fue tensa —Barbosa llamó a Petro “dictador” y este lo acusó de querer forzar “una ruptura institucional” para sacarlo del poder— por lo que el presidente ha sido insistente en que la Corte Suprema de Justicia elija pronto a su reemplazo. Los jueces de la Corte, desde finales de septiembre, evalúan los currículos de las ternadas, pero no han logrado llegar a un acuerdo sobre cuál debe ser la elegida.
El 8 de febrero se llevó a cabo una de las votaciones. No hubo humo blanco, lo que llevó a Mancera a ocupar temporalmente, desde entonces, las funciones de Barbosa. Una multitud molesta se agrupó en la entrada de las instalaciones de la Corte e impidió la salida de los miembros de la Corte. Si bien el presidente no convocó a los manifestantes, sí lo hicieron sindicatos de maestros que apoyaron su candidatura. El incidente no cayó bien entre los altos dirigentes de la Justicia, que publicaron comunicados rechazando lo sucedido y calificándolo como un ataque a la democracia. Para Petro era lo contrario, la expresión máxima de la voz del pueblo. La oposición enfiló sus cuestionamientos al presidente, acusándolo de presionar a los magistrados. Se temía una posible confrontación del Gobierno con la Rama Judicial. No necesariamente solo por esto, pero en la siguiente semana subió su popularidad del 26 al 35%.
La ruptura con los jueces no se llegó a producir. Otra votación se celebró posteriormente y el número de votos obtenido por una de las ternadas indica que está próximo el anuncio de una nueva fiscal. La cantidad de apoyos ha ido creciendo en favor de Amelia Pérez, una exfiscal que investigó el paramilitarismo en los noventa, y es posible que sea la siguiente fiscal general. Petro está a punto de salirse otra vez con la suya. Ni cediendo ni dándole gusto a nadie, simplemente siendo él. Este miércoles fue convocada una marcha opositora en el centro de Bogotá que apenas tuvo repercusión. Las calles lucían vacías. Petro ha encontrado su sitio en el enroque.
