Colombia es un país de campesinos. Hay más de 15 millones de personas que viven en zonas rurales y cuyo principal sustento sale del campo, según datos oficiales de 2023. Cuando se habla de reforma agraria se interpela nada menos que a un tercio de la población total. A estas alturas, nadie duda de que hacer un reparto más justo de la tierra, históricamente en manos de terratenientes, es un proyecto impostergable que ayudaría a mejorar no solo los índices de pobreza, sino a reducir la violencia de un campo eternamente en guerra. Pero hasta ahí todas las certezas. La complejidad de la reforma ha hecho fracasar todos los intentos anteriores y, aunque el presidente Gustavo Petro logró colocar el tema en la agenda desde los primeros meses de Gobierno, el discurso amenaza ahora con incendiar las buenas intenciones.
Hay palabras que la violencia de décadas ha dejado marcadas en el imaginario colombiano, que hacen saltar un resorte al oírlas y producen directamente rechazo. Palabras como expropiación, protesta o movilización están marcadas con connotaciones negativas, incluso cuando la expropiación es un mecanismo legal usado en muchos países y en la misma Colombia, cuando la protesta ha servido para lograr conquistas laborales o la movilización para no frenar avances sociales. En cualquier caso, Colombia tiene hoy un presidente de izquierdas que fue guerrillero en sus años de su juventud, algo impensable hasta hace unos años. Es este presidente, que prometía en la campaña electoral cambiar el país y al que gran parte de los colombianos veían como un demonio capaz de convertir Colombia en Venezuela, el que ha cumplido un año de mandato y ni una cosa ni la otra. Como reconocían varios analistas en el primer aniversario: ni el país ha cambiado tanto, ni la democracia se asoma al abismo, aunque a veces lo pareciera.
En un país acostumbrado a la polarización, la tensión política es constante y tendente al apasionamiento. En las últimas horas, se colocó en el centro del debate un borrador de un decreto que publicó el Ministerio de Agricultura para evaluación de los ciudadanos. En el encabezado, dice: “Por medio del cual se promueve la movilización y organización campesina por la reforma agraria”. El incendio se encendió solo.
No es la primera vez que el presidente llama a la movilización. En los últimos meses, Petro ha pedido en varias ocasiones el apoyo de sus basen en las calles para defender sus reformas. Se ha interpretado como una llamada a la acción del presidente, que con el pasar de los meses fue consciente de que cambiar el país no es ni fácil ni rápido. Las reformas se fueron entrampando en el Congreso, donde no tiene mayoría, y Petro tomó la decisión de llevar el Gobierno a la izquierda, después de meses de mano tendida y acuerdos con partidos moderados. También endureció su discurso contra lo que considera una trama de las élites económicas y políticas del país que busca sacarlo del poder.
Este último borrador de decreto llega, por tanto, en un momento de tensión. El texto menciona la creación de unos comités municipales para la reforma agraria, liderados por campesinos ―el 30% de la población de Colombia―, a los que describe como “espacios para la participación, concertación, planeación, gestión, evaluación y escalamiento territorial de los procesos de reforma agraria”. La publicación del borrador abrió la mayoría de medios nacionales con titulares como “El Gobierno de Gustavo Petro tiene listo un decreto para obligar a las guardias campesinas a movilizarse”, de Semana. La ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, dijo a Caracol Radio que el texto “no es nada del otro mundo, más que la oportunidad de que todas las organizaciones participen en la creación de la reforma agraria”.
Sin embargo, muchos han visto en este nuevo protagonismo de la ministra Mojica y la reforma agraria una búsqueda de Petro de encaminar el mandato por otros derroteros ahora que el resto de reformas no avanzan al ritmo que el presidente desearía. Apoyarse en los campesinos y en los despojados de la tierra para ganar fuerza en los territorios frente a un proyecto de Gobierno que se le atraganta en el mármol del Congreso. Otros, directamente, ven en el presidente el ánimo de soliviantar al país para aumentar la confrontación. Una fuente cercana al primer gabinete de Petro es tajante al respecto: “Esto va a hacer que los campesinos se sientan autorizados a salir a tomar fincas. Esto va a prender otra guerra en el campo”.
La idea de movilización campesina despierta en algunos el recuerdo de la creación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia (ANUC), en 1967. Una organización que nació con apoyo del Gobierno del liberal Carlos Lleras Restrepo para canalizar la reforma agraria de entonces, un proceso que no tuvo el éxito esperado y que con el paso de los años hizo que el entusiasmo campesino se debilitara. Con el cambio de Gobierno por el del conservador Misael Pastrana, y la pérdida del apoyos, una parte de la ANUC se radicalizó y empezó a promover la toma directa de tierras. Hoy, en el borrador, muchos leen una vuelta al pasado. El decreto dice: “Los Comités serán la instancia en la que la comunidad aprenda de la ejecución, manejo, administración, control social, veeduría y vigilancia del proceso de reforma agraria y en el que los conocimientos comunitarios se aportan y ponen en ejecución”. Señala que el Ministerio velará también por su funcionamiento. Si las intenciones ocultas son otras, habrá que esperar al decreto definitivo y a su puesta en marcha.
