Este caso representa un intento poco habitual de hacer responsable a un jefe de Estado ante un tribunal de Estados Unidos.
Por Frances Robles
Reportando desde Florida
Una madre estaba en la cocina de su casa, en la capital de Venezuela, preparándose un café al amanecer de un día de 2017 cuando, según afirma, vio por la ventana a unos policías con armas largas y cortas. Unos instantes después, uno de ellos estaba forzando la puerta de su casa con una barra de metal.
Al poco tiempo, el hijo de 20 años de la mujer estaba muerto, asesinado en circunstancias poco claras. Los vecinos dijeron haber oído disparos de la policía horas después de la redada, como si quisieran simular un tiroteo, según una demanda que fue presentada el martes.
El hijo de la mujer, conocido ahora en los expedientes judiciales como “John Doe 3”, fue una de las al menos 1300 personas asesinadas por una fuerza de seguridad de élite venezolana entre 2017 y 2020 durante una gran ofensiva policial implementada por el presidente Nicolás Maduro, supuestamente para combatir la delincuencia, según la demanda.
La policía irrumpió en viviendas de barrios de bajos ingresos, obligó a hombres y niños a arrodillarse y les disparó, según pruebas recopiladas por grupos de derechos humanos. Las casas fueron saqueadas y se llevaron cualquier cosa que tuviera el más mínimo valor.
Ahora, casi una década después de esas redadas en Caracas, la capital venezolana, los familiares de cinco jóvenes asesinados han interpuesto una demanda federal en Brooklyn en la que acusan a Maduro de autorizar los asesinatos.
Maduro ya está encarcelado en una prisión federal de Nueva York, adonde fue trasladado después de que el ejército estadounidense entrara en Venezuela en enero para detenerlo por acusaciones de delitos relacionados con las drogas.
Los demandantes han presentado la acción judicial al amparo de la Ley de Protección a las Víctimas de Tortura, una ley de 1991 que permite interponer demandas civiles ante un tribunal federal de Estados Unidos contra personas acusadas de cometer torturas o ejecuciones extrajudiciales mientras actuaban en el ejercicio de sus funciones oficiales en otro país.
Este caso representa un intento poco habitual de hacer responsable a un jefe de Estado ante un tribunal de Estados Unidos. También es un caso poco común en el que un alto cargo del régimen autoritario de Venezuela podría tener que rendir cuentas por violaciones de los derechos humanos.
“No estoy pidiendo nada, estoy exigiendo”, dijo la mujer cuyo hijo fue asesinado en aquella mañana de 2017, y que en la demanda es identificada como Jane Doe 1. “A mí el Estado me mató a mi hijo”.
Para proteger a las familias de posibles represalias, la demanda se presentó utilizando seudónimos. Aunque muchos familiares de las víctimas han hecho pública su campaña en busca de justicia, los abogados de los demandantes temen por su seguridad ahora que no solo señalan a los agentes de bajo rango, sino también a quien fue uno de los principales responsables del gobierno venezolano.
La demanda se presentó en nombre de tres madres y un padre, así como de una mujer cuyos dos hermanos murieron durante la operación policial.
“Yo decidí hacer esta demanda y denunciar el caso de mi hijo y visibilizarlo porque mi hijo no era ningún delincuente”, dijo una demandante identificada como Jane Doe 3. “A mi hijo lo asesinan en su propia habitación”. Ella se marchó de Venezuela después de eso.
Dijo que la policía se robó la PlayStation de su nieta, y tanta ropa de su hijo que tuvo que comprarle un traje para enterrarlo.
El Centro Guernica 37, una organización jurídica internacional sin fines de lucro que busca que se rindan cuentas por violaciones graves de los derechos humanos a través de acciones legales transnacionales, interpuso la demanda ante el Tribunal Federal de Distrito.
“Esta demanda refleja la extraordinaria determinación de las familias de las víctimas para hacer frente a los abusos de poder y afirmar que nadie está por encima de la ley”, dijo Michael Reed Hurtado, uno de los abogados. La demanda solicita una indemnización por daños y perjuicios punitivos y compensatorios.
El mismo centro jurídico demandó recientemente a un teniente coronel venezolano que llevaba tiempo viviendo en el sur de Florida y trabajando como extra en telenovelas.
Los asesinatos en los que se centra la demanda comenzaron después de que el régimen de Maduro anunciara la Operación de Liberación y Protección del Pueblo, una serie de campañas militarizadas. Tras las denuncias de los grupos de derechos humanos sobre la violencia, Maduro rebautizó al escuadrón con el nombre de Fuerzas de Acciones Especiales, más conocido por sus siglas, FAES.
El abogado de Maduro, Barry Pollack, no estuvo disponible para hacer comentarios tras la presentación de la demanda ayer martes.
Un informe de las Naciones Unidas dijo que las fuerzas de seguridad venezolanas mataron al menos a 6856 personas en un periodo de 18 meses entre 2018 y 2019. Además, alteraron las escenas del crimen colocando armas o drogas, o disparando contra la pared para que pareciera que las víctimas se habían resistido al arresto, según el informe.
A pesar de que abundaban las denuncias, Maduro siguió elogiando a las fuerzas especiales.
“Todo el apoyo para ustedes, logístico, físico”, dijo en 2019, unas semanas después de que se publicara el crítico informe de la ONU. “Todo el apoyo para el FAES, en su labor diaria de darles seguridad al pueblo. ¡Que viva el FAES!”.
El gobierno venezolano no respondió a las solicitudes de comentarios sobre la demanda. En 2019, el viceministro de Asuntos Exteriores del país, William Castillo, insistió en que el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos no “reflejaba la realidad de nuestro país”.
“Exigimos que se corrija su contenido y los instamos a actuar de forma equilibrada y respetuosa”, dijo Castillo a la ONU.
Como Maduro era presidente cuando se produjeron los asesinatos, es probable que intente acogerse a la inmunidad como jefe de Estado frente a las reclamaciones de la demanda.
“La reclamará, pero la jurisprudencia está de nuestro lado”, dijo Almudena Bernabeu, una de las abogadas que presentó la demanda. “Presentamos esta demanda porque detrás de los líderes injustos y abusivos siempre hay personas a las que se ignora”.
En 2022, un juez federal desestimó una demanda presentada por la prometida del periodista asesinado Jamal Khashoggi contra el príncipe heredero saudita, Mohammed bin Salman. El Departamento de Justicia de Estados Unidos, durante el gobierno de Biden, dijo que el príncipe gozaba de inmunidad.
El departamento se negó a hacer comentarios sobre la demanda contra Maduro.
El gobierno boliviano renunció a la inmunidad cuando se presentó una demanda contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su antiguo ministro de Defensa por una masacre. En 2018, un jurado de Fort Lauderdale concedió una indemnización de 10 millones de dólares, aunque la cifra se redujo a una cantidad no revelada tras alcanzar un acuerdo durante la apelación.
“No tuvimos que demostrar que él supiera de tiroteos concretos o que diera las órdenes, sino que era responsable de la campaña militar en su conjunto”, dijo Beth Stephens, profesora de la Universidad de Rutgers y una de las abogadas que trabajó en el caso.
En Venezuela, detuvieron a decenas de agentes de policía de bajo rango tras los asesinatos, pero los casos se alargaron o fueron anulados. Y, a veces, apartaban a los fiscales si parecía que se esforzaban demasiado en los casos, dijo otro de los demandantes, identificado como John Doe 4. Su hijo murió cuando la policía irrumpió en su casa sin una orden judicial en otoño de 2020, contó.
“El verdadero móvil de nosotros para haber dado ese paso es la impunidad en nuestro país”, dijo otra demandante, identificada como Jane Doe 2, cuyo hijo fue detenido en la calle, donde lo golpearon y abatieron a tiros en 2018. “Si no fuera así, no habríamos tenido que recurrir a instancias internacionales”.
Isayen Herrera colaboró con la reportería desde Caracas.
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