Cecilia Orozco Tascón
Zapateiro se paró frente a la cámara y, pletórico de energía, como le gustaba parecer cuando lo miraban para sentirse todo un macho militar, calibró su voz en el tono más firme que pudo y dijo: “Nada de esto es producto del azar. Esta operación se debe al trabajo conjunto (del Ejército) con la Armada Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana. Y de forma interagencial, con el CTI, planeada y, doctrinalmente como debe ser, bajo el estricto respeto por los derechos humanos…” (ver). Diego Molano, entonces ministro de Defensa, haciendo suyo el lenguaje belicista impuesto, más que por los uniformados, por los civiles en el poder, cobró el golpe: “#ATENCIÓN Gracias a operaciones ofensivas de la Fuerza Pública (…) contra disidencias de las FARC, neutralizamos a 9 criminales y capturamos a 4 más en Puerto Leguízamo, Putumayo. Protegemos a Colombia de estos #SímbolosdelMal” (ver). Iván Duque, jefe de Molano y Zapateiro, no desaprovechó semejante ocasión: “Continúa la ofensiva #SinTregua contra estructuras narcoterroristas (…) En operaciones de nuestra Fuerza Pública se logró la neutralización de 11 integrantes de disidencias de las FARC y la captura de 4 criminales más en Puerto Leguízamo” (ver). Era 28 de marzo de 2022. Casi al anochecer, campesinos de la vereda Alto Remanso, en donde ocurrió “la operación” reportada por Zapateiro, subieron a las redes unas imágenes fraccionadas de lo que sucedía minutos antes del ataque, en un bazar comunal: hombres y mujeres sentados en mesas plásticas, unos dormían sobre estas y otros conversaban animadamente al rededor de muchas cervezas y tragos de whisky, y oían música a todo volumen. También publicaron las escenas posteriores: botellas en el piso, mesas volteadas, sillas rotas, barro y sangre. Los sobrevivientes contaron cómo llegaron, de improviso, unos hombres con prendas negras y capuchas que desataron una balacera contra todo, todos y todas, incluida una embarazada. A la retaguardia de los encapuchados, que resultaron ser soldados, aparecieron otros militares, estos sí usando prendas regulares del Estado (ver).
Lo que siguió fue el descubrimiento de un episodio de horror, gemelo de los “falsos positivos”: los presuntos guerrilleros “neutralizados”, según los denominaron Duque, Molano y Zapateiro, y los cuatro “criminales heridos” resultaron ser habitantes civiles. A los asesinados les pusieron pistolas y rifles cerca de sus cuerpos y arrastraron sus cadáveres hasta la ribera del río para borrar detalles requeridos en las autopsias. Pero el montaje fue tan burdo que bastó con el arribo de unos periodistas y de las comisiones de derechos humanos para que la verdad quedara expuesta (ver). Pese a los testimonios de las víctimas, los responsables políticos del criminal suceso insistieron en defender la conducta delictiva de sus hombres. Molano se atrevió a trinar que “operativo no fue contra campesinos sino disidencias FARC. No fue contra inocentes indígenas sino narcocaleros, no fue en bazar sino contra criminales que atacaron soldados”. Y terminó retando a Petro, entonces en campaña para la Presidencia, que había publicado sus propios trinos. El hoy candidato a alcalde de Bogotá escribió: “#PetroEmbustero de qué lado está? #OperaciónLegítima” (ver). Pues bien, ahora se sabe que 25 uniformados que participaron en ese criminal acto serán imputados por el delito de homicidio en persona protegida (ver).
Sin embargo, también se sabe que un capítulo similar, aunque sin muertos, sucedió el fin de semana pasado en la vereda Bocas del Manso, en Tierralta, Córdoba. El papel de los atacantes recuerda el de los de Alto Remanso: sujetos encapuchados vestidos con prendas negras aparecieron ante los campesinos del sitio desenfundando sus armas, amenazándolos, humillándolos, tirándolos al suelo y manteniéndolos boca abajo mientras saqueaban sus casas y enseres y abusaban de una joven madre; más tarde llegaron sus compañeros, los militares vestidos con uniforme regular (ver). Esto ha ocurrido en la administración Petro: de la mayor gravedad para el gobierno del cambio. A pesar de que la alta oficialidad con jurisdicción nacional reaccionó pidiendo el retiro inmediato del comandante de la Brigada 11 y de otros 10 uniformados, contrario a la solidaridad criminal del pasado, subsisten preguntas preocupantes: ¿los militares de las capuchas de hoy, tal vez seguidores de aquellos uniformados que se aliaron, en las décadas pasadas, con los paramilitares y los narcotraficantes, obedecen a sus mandos y a su comandante supremo, el presidente de la República? ¿O mantienen cordón umbilical con los “muchos Zapateiros” que el general de ese apellido prometió dejar en las filas? (ver).
