El Grupo de Trabajo sobre Mercenarios de Naciones Unidas visitó Colombia y denunció que miles de excombatientes y exmilitares colombianos están siendo reclutados, muchas veces con engaños, para participar en conflictos armados.
Por: Juan David Cano
Colombia lleva más de seis décadas conviviendo con el conflicto armado. Esa historia ha dejado una reserva enorme de personas con entrenamiento militar y pocas salidas laborales. Ese cruce entre experiencia bélica y precariedad económica es, según los expertos de la ONU, el origen de un fenómeno que ya no puede ignorarse.
Tras 11 años de seguimiento y tres semanas de reuniones en Bogotá, Cali y Medellín con autoridades y familias afectadas, el Grupo de Trabajo sobre la Utilización de Mercenarios de Naciones Unidas reveló este viernes que más de 10.000 colombianos habrían sido reclutados para participar en guerras y operaciones de seguridad en distintos rincones del planeta.
De la República Democrática del Congo a Ucrania: dónde están combatiendo
Los colombianos reclutados no están concentrados en un solo frente. El grupo de expertos identificó su presencia en zonas de conflicto activo como la República Democrática del Congo, Ucrania, Somalia, Sudán y Yemen. Pero el fenómeno también tiene una dimensión regional, pues en México y Brasil se les contrata para operaciones vinculadas al crimen organizado, mientras que en Ecuador, Perú y Haití prestan servicios de seguridad privada.
En todos los casos, el perfil dominante es el de exmilitares o exintegrantes de fuerzas de seguridad, considerados entre los más solicitados del mundo para este tipo de funciones, tanto en combate directo como en labores de protección.
El salario es el anzuelo: entre 2.000 y 6.000 dólares al mes
¿Por qué aceptan? La respuesta está en el dinero. Las ofertas de trabajo oscilan entre 2.000 y 6.000 dólares mensuales, ingresos que contrastan radicalmente con las opciones disponibles en Colombia para alguien con un perfil militar y sin título universitario, que suelen ganar el mínimo, que es de alrededor de 550 dólares.
A eso se suma la dificultad de reintegración que enfrentan muchos excombatientes en el país, quienes tras años en las fuerzas armadas o en grupos armados no encuentran un lugar claro en el mercado laboral civil. Para ellos, una oferta en el extranjero puede parecer la única salida viable.
El reclutamiento, además, ya no requiere contactos físicos. Ocurre abiertamente en redes sociales como Facebook, Instagram, Telegram, TikTok y WhatsApp se han convertido en las principales plataformas donde intermediarios, que van desde empresas de seguridad privada hasta simples particulares. publican ofertas y contactan a potenciales candidatos.
Engaños, contratos incomprensibles y sin retorno posible
Uno de los aspectos más graves que documentó la ONU es el creciente número de casos de reclutamiento predatorio o engañoso. En muchos de ellos, los colombianos parten hacia zonas de conflicto sin entender realmente qué van a hacer ni en qué condiciones lo harán.
Los contratos que les presentan suelen estar redactados en idiomas que no comprenden, con funciones vagas o directamente distintas a las que terminan desempeñando, y en algunos casos solo los reciben al llegar al país de destino. Una vez allí, la situación puede volverse una trampa que va desde restricción de movimiento, obligación de combatir, imposibilidad de regresar. Los expertos señalan que algunas de estas situaciones podrían configurar explotación laboral o incluso trata de personas.
Esta opacidad golpea especialmente a las familias. Muchas de ellas no saben con exactitud dónde están sus seres queridos, qué les ha pasado ni a quién reclamar cuando algo sale mal. La falta de regulación sobre las empresas de seguridad privada que operan como intermediarias agrava aún más este vacío de información.
Una ley nueva y una deuda pendiente
En medio del diagnóstico sombrío, el Grupo de Trabajo destacó la firma por parte del presidente Gustavo Petro de la ley que ratifica la Convención Internacional contra el Mercenarismo de 1989. Para los expertos, se trata de un paso significativo, aunque insuficiente por sí solo.
El organismo pidió que la Corte Constitucional revise la norma de forma acelerada y que su implementación sea efectiva y no quede en papel. También recomendó acciones coordinadas entre instituciones del Estado, campañas de sensibilización pública sobre los riesgos del reclutamiento en el extranjero y, sobre todo, la generación de mejores oportunidades económicas dentro del país que reduzcan la vulnerabilidad de los excombatientes.
