El magistrado emérito del Tribunal Constitucional de España visita Bogotá en el marco del Congreso de Derecho Constitucional y la celebración de los 35 años de la Carta Magna
Bogotá –
Manuel Aragón Reyes (Benamejí, Córdoba, 81 años) señala que, además de su nacionalidad española, es “externadista”. Se refiere a su largo vínculo con la Universidad Externado de Colombia, donde obtuvo un doctorado honoris causa, y donde participó, la semana pasada, en un Congreso de Derecho Constitucional que, dice, es el mejor de todos los que ha conocido en medio siglo de trabajo como abogado constitucionalista. El magistrado emérito del Tribunal Constitucional de España, conocedor al detalle de la democracia colombiana, ve una relación directa entre el simposio y las amenazas que viven las democracias constitucionales en su país o en Colombia. “El Congreso ha fortalecido el espíritu de la Constitución: en todas las mesas y plenarias se sentía la necesidad de que la democracia constitucional, que es un sistema delicado y depende del apoyo popular, que requiere una labor continua de concordia y consenso”, señala en entrevista con EL PAÍS en Bogotá, horas antes de regresar a su país.
Pregunta. La Constitución colombiana cumple 35 años. ¿Cómo la encuentra?
Respuesta. La valoro muchísimo. Fui testigo privilegiado de su elaboración y aprobación: estuve aquí dos meses durante la Constituyente, por pedido de Manuel José Cepeda, que era asesor del presidente César Gaviria. Organicé un ciclo de conferencias con algunos de los artífices de la Constitución española y con juristas de experiencia para explicar qué significaba un tribunal constitucional. Queríamos que hubiera una Corte Constitucional.
P. ¿El modelo español era el gran ejemplo?
R. Exactamente, fue casi un calco. Se hizo una Constitución muy inclusiva, de auténtico consenso, la primera en la historia de Colombia hecha de todos y para todos: con un Estado social y democrático de derecho, garantías de derechos muy amplias. Y todo eso empezó a tener efectos inmediatos gracias al consenso y sobre todo a dos herramientas de la Constitución que funcionaron muy bien desde el principio: la Corte y la acción de tutela. Yo tenía la obsesión de que los derechos fueran efectivos de inmediato, de que cualquier ciudadano pudiera acudir a un procedimiento rápido para pedir su protección. Hubo resistencias, claro, se decía que la tutela iba a inundar de trabajo a los jueces. Pero legitimó la Constitución de una manera extraordinaria, y los inconvenientes que hubo se fueron resolviendo. Ayudé a redactar el decreto de la tutela y tuve mucho contacto con la Constituyente, incluido mis buenos amigos Manuel José Cepeda y Fernando Carrillo.
P. ¿La Corte ha funcionado bien?
R. Su composición quedó muy bien diseñada, mérito de los constituyentes, y empezó a funcionar de maravilla. Evitó que la Constitución fuera papel mojado y ha dado muy buenos resultados incluso en momentos tremendos de los que fui testigo: estaba aquí cuando asesinaron a Luis Carlos Galán, participé en el acto del Externado en memoria de los magistrados de la Corte Suprema asesinados en el Palacio de Justicia. Colombia vivió problemas de narcotráfico, guerrilla, atentados en Bogotá, paramilitarismo, pero todo eso se fue arreglando.
P. ¿Y sigue igual de bien?
R. Yo diría que hasta hace unos diez años, sí. Pero en los últimos tiempos la política se ha polarizado demasiado, con un tratamiento casi radical. Eso no es lo que la Constitución quería, de ninguna manera. Hay que reforzar la Corte, la justicia y las instituciones, volver al consenso. Eso no significa que no pueda haber oposición ni debate —tiene que haber pluralismo—, pero en lo fundamental tiene que haber acuerdos. Me explico: una Constitución tiene un significado, su texto, que se puede reformar si se ve que hay algo que mejorar (no soy muy partidario de las asambleas constituyentes; prefiero la reforma). Pero una Constitución tiene un valor: el espíritu que la animó. El de esta fue el gran consenso, la concordia. Eso no debe abandonarse. Hay que hacer todo lo posible por volver a ella: es normal el disenso, la alternancia en el poder, pero debe haber acuerdo en lo fundamental, en la libertad, la igualdad o la independencia judicial. Y es que el Estado social y democrático de derecho, los derechos fundamentales o la división de poderes se deben respetar siempre, porque son la verdadera democracia constitucional. España y Colombia vivieron procesos paralelos en cómo se hicieron sus constituciones y ahora viven otro en el deterioro por la polarización de la clase política que contagia a la sociedad. Los políticos deberían dar ejemplo de no polarización, de educación cívica. Deseo para España y para Colombia que recuperemos ese espíritu; sin él no funciona la democracia, como se ve en Estados Unidos y en otros países.
P. ¿El derecho constitucional puede abordar esas amenazas?
R. Los constitucionalistas tenemos que insistir —no repetir, insistir— en que hay unos valores sin los cuales no funciona la democracia constitucional. Vivimos en un mundo sujeto a cambios muy profundos —la inteligencia artificial, la revolución digital— y una situación geopolítica muy delicada, donde vuelve el triunfo de la fuerza sobre el derecho internacional. Tenemos que combatir ese desafío, que no conduce a nada bueno. Basta ver qué pasó en Venezuela cuando se destrozó el espíritu de la Constitución: sin libertad quedó servidumbre y sin seguridad jurídica, miseria.
P. ¿Y cómo lo hacen los tribunales constitucionales?
R. Colombia tiene una tradición jurídica muy importante y excelentes constitucionalistas. La Corte tiene un papel fundamental en mantener la Constitución, siempre que conserve dos cualidades que ha mantenido: la independencia y la solvencia, porque su autoridad procede de su razonamiento jurídico, no por voluntad de poder. Eso sí, el tribunal está para guardar la Constitución, no para adueñarse de ella: tiene que ser respetuoso, evitar actuar como poder constituyente y garantizar la vigencia de la Constitución interpretándola evolutivamente para adaptarla, sin inventar una nueva. Tiene armas suficientes y lo ha hecho, como cuando dijo que los derechos de la Constitución no solo valen frente a los poderes públicos, sino también entre particulares. O cuando encontró que puede revisar una reforma constitucional por vicios de fondo, como siempre he sostenido. Una reforma constitucional no puede convertir una democracia en dictadura ni en monarquía; hay valores que deben respetarse al reformarla. No se trata de cuidar minucias, sino de proteger lo esencial. Si desaparece la independencia judicial, como ha pasado en México, la Constitución no se reforma, se destruye porque se destruye el Estado de derecho. Lo mismo si desapareciera la tutela. La misión del tribunal constitucional es actuar con delicadeza y prudencia frente a reformas que toquen puntos accesorios, sin eliminar lo esencial.
P. El presidente Gustavo Petro ha dicho que no reconoce la victoria electoral de Abelardo de la Espriella y que el ganador es Iván Cepeda, de su partido, aunque ha afirmado que entregará el poder en la fecha establecida…
R. Es una situación dramática, sin duda, pero no es trágica.
P. Sin embargo, el vicepresidente electo habla de “resistencia constitucional” frente a ese llamado de Petro.
R. En países como Colombia, en los que la Constitución no tiene cláusulas de intangibilidad —las que no pueden reformarse de ninguna manera—, algunos hablan de la necesidad de “democracias militantes”. Prefiero hablar, justamente, de “constitución resistente”: resistente a través del derecho, de su vigencia, de interpretarla bien.
P. Iván Cepeda llama a una desobediencia civil frente a De la Espriella, algo que, al menos conceptualmente, cabría en la Constitución.
R. La desobediencia civil es delicada. Tiene el límite de que no puede usarse la violencia: si la hay, ya no es resistencia, es rebeldía, y produce delitos. Y tiene sentido cuando hay una situación de peligro real para la Constitución y no existen instrumentos para defenderla, pues llama a la sociedad a hacer sentir su voz. Pero en una constitución democrática como la de Colombia sí hay controles suficientes: las elecciones han sido transparentes, hay una administración electoral independiente y si no se está de acuerdo con los resultados, existen los recursos de nulidad electoral. Una llamada general a la desobediencia civil frente a una alternancia política que se ha producido con regularidad es distinto. Los políticos tienen que ejercer un magisterio de costumbre, una lealtad constitucional, dar ejemplo. Poner en cuestión un traspaso regular de poder llamando a la desobediencia civil no me parece lo más adecuado —aunque apelar a la protesta, usando los derechos de asociación, expresión y manifestación, puede ser legítimo—. Pero aquí no es una lucha por la independencia de un país, como la usó Gandhi en la India; no hay apartheid ni se ha esclavizado a parte de la población, así que pediría prudencia en el uso de ese tipo de llamados ante situaciones de regularidad constitucional.
P. El sistema presidencial colombiano no ofrece salidas institucionales a estas crisis, como son las elecciones anticipadas en el sistema parlamentario español. ¿Cómo afrontarlo?
R. Bueno, en España llevamos casi cuatro años sin presentar presupuestos generales del Estado, un incumplimiento flagrante de la ley, y hay un conflicto de atribuciones planteado ante el Tribunal Constitucional. En un régimen parlamentario, un gobierno no puede seguir gobernando sin el apoyo del parlamento; debe convocar elecciones. En un sistema presidencialista no existe esa necesidad de confianza parlamentaria, pero el presidencialismo solo ha funcionado bien, incluso en Estados Unidos, cuando un parlamento fuerte sirve de contrapeso. Espero que se acepte que las crisis pueden resolverse dentro del sistema.
P. Y Colombia ha sido un país históricamente institucionalista.
R. Sí, y si no hubiera sido así, ¿cómo habría podido resistir todo lo que ha resistido? Ha sido de los Estados más fuertes del mundo: resistió a Pablo Escobar, a las guerrillas, al terrorismo. Aquello sí era trágico; ahora estamos en el drama. Espero que el nuevo presidente entienda que hay que conciliar. Sé que vengo aquí como extranjero a decir lo que hay que hacer, pero creo que quien ha perdido debe aceptar las reglas del juego y buscar acercamientos: eso es lo fundamental en una democracia pluralista. Iván Cepeda ha hablado de un gran acuerdo nacional hace años; ojalá ocurra. El único modo de evitar que la sociedad y la política colombianas queden partidas en dos es aceptarse mutuamente. Estoy seguro de que eso va a pasar —casi más seguro que con España—, y de que no se va a perder lo conseguido. Quiero repetir lo que deja el Congreso Mundial: los mejores constitucionalistas del mundo se reunieron aquí para decirles que sigan con su sistema, pues ha sido estupendo.
«Un Congreso de primer nivel»
El profesor Aragón muestra su orgullo por el Congreso que organizó la universidad bogotana, con la que tiene vínculos profundos. «Me he sentido muy unido al Externado», dice, y señala sobre la coincidencia entre el aniversario de los 35 años de la Constitución y el Congreso Mundial. «Ha sido una lección para Colombia y también una demostración de que el Externado es capaz de organizar un congreso con 2.600 participantes de más de 50 países, algo que —según me comentaban asistentes a otros congresos— no tiene comparación».
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