A diferencia de las usuales protestas, este miércoles los profesores de la educación pública no marcharán en contra de las políticas del Gobierno. Por el contrario, la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), uno de los sindicatos con mayor capacidad de presión en el país, se muestra a favor de las reformas sociales que adelanta el presidente Gustavo Petro. Sus demandas son otras, algunas de vieja data —como la mejora en el servicio especial de salud que los rige y la solicitud de un mayor presupuesto para los colegios oficiales—, y otras con nuevos tintes, como el rechazo a dos proyectos de ley presentados por las senadoras más polémicas del opositor Centro Democrático: Paloma Valencia y María Fernanda Cabal.
“Vamos a salir desde temprano. Es un paro de 24 horas”, asegura Domingo Ayala Espitia, presidente de Fecode, en una conversación con EL PAÍS. Los niños no tendrán clases, pues los maestros sindicalizados de todos los departamentos se encontrarán alrededor de las pancartas y las arengas. Los puntos de concentración final no serán las acostumbradas plazas principales ni las alcaldías o centros de poder público: en la mayoría de los casos los profesores se dirigirán directamente a las oficinas desde donde se administra su servicio de salud. En Bogotá, la concentración se hará frente a la sede central de Fiduprevisora, la entidad pública encargada de manejar los recursos del Fondo nacional de prestaciones sociales del magisterio (Fomag).
El sistema de salud de los maestros oficiales funciona de manera diferente al que rige para los demás colombianos. No los cubre la Ley 100 ni son las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) las encargadas de garantizarles este derecho. Un régimen excepcional creado en 1989 busca ofrecerles servicios preferenciales, tanto a ellos como a sus familias, pero en la práctica, según Ayala, “el servicio es pésimo”; y lo es desde hace tiempo. De ahí que este sea uno de los temas recurrentes de las protestas de los últimos años.
“Los maestros y maestras hemos venido en una situación muy angustiosa, porque es la vida misma la que está en juego”, asegura el líder gremial, quien señala a Fiduprevisora de no ejercer su función de controlar, vigilar y sancionar a los operadores encargados de prestarles el servicio. La fiduciaria contrata uniones temporales de clínicas y hospitales —Instituciones prestadoras de salud o IPS, en la jerga del sistema de salud colombiano— para que atiendan directamente a los profesores. Lo hacen sin intermediarios que hagan las labores de auditoría o de aseguramiento, ni que presionen por menores precios y mejores condiciones. Es decir, ninguna entidad cumple con el rol que tienen las EPS en el régimen general.
El servicio, que incluso debería ser superior al del resto de los colombianos, termina caracterizándose por su baja calidad. Fecode, que elige a dos de los cinco miembros de la junta directiva del Fomag, recuerda que no tiene la mayoría y responsabiliza a Fiduprevisora de la situación. No obstante, se ha opuesto a un cambio de modelo; quiere que continúe, pero que funcione mejor. Esta actitud le ha valido críticas de varios conocedores de la situación. “Fecode regula el sistema, decide la contratación, y debería ser también responsable de los resultados que tiene el sistema, que tiene muchas quejas de corrupción”, asegura Víctor Saavedra, consultor del Banco Mundial y ex viceministro de Educación.
Bonos escolares o una nueva versión de ‘Ser pilo paga’
Los otros motivos de las movilizaciones son nuevos. Este 23 de junio, la comisión sexta del Senado de la República aprobó en primer debate un proyecto de ley de la senadora uribista Paloma Valencia. La propuesta es crear el llamado programa de bono escolar, que permitiría a las familias enviar a sus hijos con a la educación privada con apoyo financiero del Estado. Los padres de familia recibirían una especie de cheque para pagar ese servicio “para que los niños, niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad, pobreza moderada o pobreza extrema puedan escoger su educación preescolar, básica y media en instituciones públicas o privadas”.
El sistema recuerda a ‘Ser pilo paga’, solo que sería su versión para colegios y no estaría sujeto, en principio, a las mismas condiciones de mérito educativo. El programa, que funcionó en Colombia durante los gobiernos de Juan Manuel Santos, entre el 2014 y el 2018, buscaba garantizarles el acceso a la educación superior de calidad a los mejores bachilleres, por lo general dentro de la oferta de las universidades privadas. Se calcula que cerca de 40.000 estudiantes se vieron beneficiados.
Pero a ambos se les hace la misma crítica desde el sindicato de maestros: que destinan dinero público para financiar la educación privada. La reacción de Fecode no se hizo esperar, y este es uno de los puntos clave que motivó el paro. Para Ayala, presidente del gremio, “es una forma de privatizar la educación pública”, sobre todo porque los recursos provendrían del Sistema General de Participaciones, es decir, del rubro del Presupuesto General de la Nación que se usa para pagar la educación pública en primaria y secundaria.
Valencia, en cambio, considera estas marchas “una especie de extorsión”. Dice que al tratarse de un paro, “si aprueban el proyecto, los niños del sistema público no tendrán clases”, aseguró a través de Twitter, o X. En ese sentido, la senadora ya había presentado otro proyecto de ley, esta vez junto a sus compañeros de bancada María Fernanda Cabal y a Christian Garcés, que busca que los maestros no puedan hacer paro en los días en los que deban dictar clases.
Para Valencia, su proyecto de bonos escolares busca mejorar los malos resultados de los estudiantes colombianos en pruebas internacionales de educación. La senadora apunta que esos puntajes son consecuencia de la baja calidad de la educación pública, y argumenta que en países donde se ha aplicado la política de los bonos escolares, como Chile, Suecia, Estados Unidos o Pakistán, el nivel académico promedio ha mejorado. Cita varios estudios de reconocidos expertos y recuerda los resultados de un estudio del nobel de economía Michael Kremer sobre los resultados de un programa similar, llamado PACES, que se creó en Colombia en 1990 para estudiantes de secundaria de clases bajas. “Los beneficiarios del bono tuvieron un 16% más de probabilidad de terminar la escuela secundaria y hubo un aumento en un 16% de las matrículas de educación superior”.
Saavedra, quien trabaja como investigador asociado de Fedesarollo, señala que efectivamente desde hace tres décadas en Colombia ha habido muchos programas de prestación de servicios educativos por parte privados, como los colegios por concesión o las matrículas de cobertura. Pero aclara que dichos mecanismos, que ya están reglamentados, se han aplicado cuando ha existido una justificación definida. Por ejemplo, en caso de que no haya suficiente oferta de colegios públicos en una ciudad o en una zona, como ocurre en ciertos barrios de Cali o de Cartagena, o en colegios con calidad muy alta. Incluso con el conflicto armado, cuando muchos territorios fueron abandonados por los profesores oficiales y la educación comenzó a ser prestada sobre todo por comunidades religiosas.
“La contratación con privados de forma masiva se justifica cuando uno está ampliando la cobertura. En la educación superior, solo 4 de cada 10 estudiantes entran a la universidad; en cambio, en la educación básica tenemos una cobertura casi universal. Son dos situaciones muy diferentes”. Lo que hace esta ley, asegura Saavedra, es “politizar la discusión”, con un debate importado que ha sido muy divisivo en otros países y especialmente en Estados Unidos, donde demócratas y republicanos aún no logran ponerse de acuerdo sobre los colegios privados por concesión. Para Saavedra, en Colombia esto “nunca ha sido un problema. Aquí han logrado convivir la oferta privada y la oferta pública. No son competitivas, sino complementarias”, concluye.
