Enrique Santos Calderón
¿Será que por fin llegó la hora de la reforma agraria? Desde que tengo uso de memoria política el tema ha sido motivo de agrios y tempestuosos enfrentamientos en este país.
La cuestión agraria ha estado siempre en el meollo de lo que antes se llamaba La Violencia a secas y ahora se conoce como el conflicto interno armado colombiano. Ya desde los años treinta el presidente López Pumarejo había sentenciado que “la propiedad tiene una función social”, lo que desató una reacción conservadora que fue caldo de cultivo de la pugna política bipartidista que ensangrentó a Colombia durante los años cuarenta y cincuenta.
Cuando en los sesenta el presidente Carlos Lleras Restrepo creó el Incora (Instituto Colombiano de Reforma Agraria) para lograr una más justa distribución de la tierra, los grandes dueños del campo lo consideraron un atentado contra la propiedad privada y se opusieron a rajatabla a que sus predios fueran “incorados”. Algo se logró repartir en el gobierno de Lleras, un visionario en el tema, pero en el cuatrienio siguiente de Misael Pastrana se impuso una suerte de contrarreforma agraria, conocida como el Pacto de Chicoral, que dejó sin dientes al Incora.
Luego en los ochenta, con el auge del narcotráfico y la expansión del paramilitarismo en el campo, se agudizaron los despojos de predios campesinos, la usurpación de tierras de la nación y hubo una mayor concentración de la propiedad rural. Al punto de que, según datos de Oxfam citados por Cristina de la Torre, “el 1 % de las fincas grandes abarca aquí el 81 % de la tierra». Difícil creerlo, pero ahí están las cifras.
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Ahora, con la creación de la jurisdicción agraria y el reconocimiento del campesinado como sujeto político de derechos, puede volverse realidad el cambio que desde hace décadas esperan millones de pobres del campo; los eternos “siervos sin tierra” que el escritor Eduardo Caballero Calderón describió con maestría en su novela de 1954. Siempre y cuando no se repitan los errores de pasado.
Los fracasados intentos de reforma agraria se concentraron mucho en la tenencia de la tierra y muy poco en requisitos claves para un avance real del campo (vías de acceso, asistencia técnica eficaz, empoderamiento real del campesinado, etc.). El experto Absalón Machado ha subrayado la torpeza burocrática de entidades demasiado centralistas o simplemente corruptas y la falta de “decisiones políticas para modificar los factores de poder al interior de la estructura agraria”.
El Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame, que desde hace años sigue el proceso de paz colombiano, advierte que el agrario es el que más baja ejecución registra entre los seis puntos del acuerdo de paz de 2016. Hasta octubre del 22 “solo se ha cumplido el 1 % de la meta prometida de tres millones de hectáreas adjudicadas”. Y esta semana se reveló que el gobierno solo ha comprado el 1.6 % de las tierras ofertadas de la reforma agraria.
Una ineficiencia que no deja de ser desconcertante. ¿Qué es lo que pasa con este tema? La maraña de requisitos técnicos y jurídicos, la deficiente información catastral, la aparición de intermediarios estafadores, las maniobras de abogados al servicio de intereses mafiosos latifundistas y una desorganización general en materia de avalúos y análisis de predios son otros factores detrás de la exasperante lentitud de un proceso que podría traer una profunda transformación social que necesita Colombia.
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Lo que quiero subrayar es que es aquí, en este tema, donde el gobierno Petro puede marcar ya una diferencia. Lograr un esperado cambio, sin tener que inmolarse en el proceso. La agraria es la única de sus reformas anunciadas que no requiere de los trámites legislativos que tienen estancandas a las demás. Porque sus leyes básicas ya están aprobadas gracias al acuerdo con las Farc, tras una negociación que duró seis años y cuyo punto primero —por algo será— se titulaba: “Política de Desarrollo Rural Integral”.
Un conocedor del tema como Alejandro Reyes Posada cree que sí llegó la hora de la reforma agraria porque ya se cuenta con un decreto-ley para hacerla operativa, una ministra del ramo “dinámica y orientada a resultados” y unas Fuerzas Armadas en plan de proteger a las comunidades de organizaciones criminales despojadoras. Pero hay que ejecutar de verdad y «fortalecer el equipamiento necesario para que la reforma despegue en profundidad».
El director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Gerardo Vega, ha insistido con razón en la urgencia de hacer más expeditas las normas para la adquisición de tierras con «mecanismos jurídicos a lo Vargas Lleras», aludiendo a cuando este dijo en el pasado que trabas burocráticas no podían frustrar la compra de predios esenciales para la construcción de vías y viviendas.
«Cuando no se logre un acuerdo con el propietario, se procederá al proceso de expropiación judicial o administrativa sobre la base del avalúo catastral», sostuvo el entonces vicepresidente. Al director de la ANT le llovieron rayos y centellas por plantear algo parecido.
Pocas veces he citado a tantas personas y estudios en esta columna pero el tema es serio y lo amerita. Lo que no admite es más dilaciones o leguleyadas. Por eso a Petro habría que decirle que arranque por el campo que es el camino más despejado que tiene. Si el decreto en ciernes cobra vida y convence se le podrían abrir otros caminos. Pero como dicen los ingleses: «first things first».
