Enrique Santos Calderón
El grado de tolerancia de un gobierno frente a las criticas es indicador de su talante democrático. A ningún mandatario le gusta que lo vivan siguiendo, husmeando o cuestionando a toda hora, pero dice mucho la forma como reacciona a la fiscalización —a veces sofocante— de una prensa en plan de cumplir su vocación de “antipoder”. Cuando la cumple, por supuesto, y no se deja cortejar, sobornar o intimidar.
Aquí han sido célebres las rabietas y regaños de presidentes como Carlos Lleras, López Michelsen o Uribe Vélez, y no han faltado intentos de promover normas legales para meter en cintura a medios críticos o irreverentes, como fue la ley que en 1998 permitió al gobierno Samper sacar del aire a dieciséis noticieros de televisión, la mitad de ellos abiertamente antisamperistas, lo que generó gran debate nacional sobre límites y excesos de la libertad de prensa.
A Gustavo Petro nunca lo he visto como adversario del periodismo. No tenía por qué serlo cuando la resonancia mediática de sus ataques a la corrupción política y al paramilitarismo contribuyeron a cimentar su prestigio. Otra cosa es llegar al poder y desde la jefatura del Estado convertirse en objeto de escrutinio público e incesantes ataques de la oposición. Ahí hay que tener piel gruesa y mente fría para no perder la calma ni caer en ánimos retaliatorios, que es lo que le puede estar pasando a Petro.
En sus primeros dos años ha sido blanco de la animadversión de comentaristas y columnistas de casi todos los medios que todo le cobran y nada le reconocen. Él no se ayuda, es cierto, con su lenguaje ideologizado, un estilo poco empático y la creciente tendencia a culpar a gobiernos pasados de todos los males que lo acechan. La gente no quiere más espejos retrovisores ni distracciones «constituyentes», sino propuestas que toquen sus actuales angustias y problemas. Como las que contiene el proyecto de reforma pensional en lo referente a millones de ancianos desprotegidos. Por ahí sí.
Lo que no puede hacer un presidente es estigmatizar o individualizar a sus críticos como lo hizo, por ejemplo, con María Jimena Duzán, a quien ahora —según denunció— le llueven amenazas. Ni tampoco deslegitimizar a entidades como la FLIP (Fundación para la Libertad de Prensa) de la que fui miembro fundador en 1994, cuando los medios aún padecían el fuego cruzado de narcos, paras y guerrillas. Su única función ha sido la de defender, durante treinta años, la libertad de expresión en Colombia. Por eso resultan grotescas las frases de la funcionaria Cielo Rusinque que califica a la FLIP de “mentirosa” y “manipuladora”. ¿Dónde estaría esta señora en los años duros de la censura del fuego?
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El respeto por la prensa comienza por el lenguaje y no es gratuito que la SIP y la CIDH hayan instado al gobierno colombiano a evitar discursos que pueden incitar a amenazas o actos violentos contra los periodistas. Algo para tener en cuenta en un país que no hace mucho fue considerado como el más peligroso del mundo para ejercer el periodismo; que padeció el metódico asesinato de miembros de la prensa —directores y reporteros— por una mafia soberbia que no toleraba denuncias ni investigaciones —y ni siquiera adjetivos “ofensivos”—sobre sus jefes o negocios. Hemos avanzado mucho desde esos años de terror, magnicidios y carros bomba, pero ojo con olvidar las lecciones del pasado.
Está demostrado que insultos de gobernantes a la prensa que los cuestiona suelen terminar en intentos por amordazarla. Bukele en El Salvador, Ortega en Nicaragua, Chávez en Venezuela, Castro en Cuba y Perón en Argentina son ejemplos pasados y presentes de por qué no hay que tomar a la ligera la retórica hostil de los mandatarios.
Aunque no es del todo insólito, sí es inusual que un jefe de Estado entable demandas judiciales contra sus críticos. Inquieta en qué pueden desembocar estas querellas. Invocando su derecho a defenderse, Petro radicó una nueva demanda contra Andrés Pastrana por injuria, calumnia, daño patrimonial y “acoso judicial” hacia su familia, a lo cual el abogado defensor de Pastrana respondió que es el mandatario el que está iniciando una “persecución judicial” contra el expresidente para condenarlo por un delito de opinión (Pastrana vinculó la “paz total” de Petro al narcotráfico). Galimatías jurídico-político muy propio de este país de leyes.
P.S.1: Las tomas del presidente de la república saliendo de un hotel de Panamá cogido tiernamente de la mano de una joven no produjo mayor revuelo. Muestra de que los medios colombianos no son sensacionalistas. O de que no están en la jugada. Pienso en lo que hubieran hechos tabloides ingleses o gringos con semejante papayazo noticioso. Queda la pregunta de si Petro estaba mandando algún mensaje (fuera de ese extraño tuit de que él no es homosexual ni “transfóbico”). Tal vez Verónica nos lo pueda aclarar.
P.S.2: La contundente victoria laborista en el Reino Unido contradice la ola derechizante de las últimas elecciones europeas. Pero en las que se avecinan en Estados Unidos el pronóstico es menos optimista, tras la negativa de Biden de hacerse a un lado luego de su desastroso debate. Cree que no le fue tan mal y puede ganar y en eso lo apoyan familia y allegados partidistas que culpan a los medios por la forma como informaron. ¿Adicción al poder o negación de la realidad? En cualquier caso, una actitud muy trumpista como lo anotó The Economist, un medio serio por excelencia.
