Ana Bejarano Ricaurte
En noviembre de 2021 la maestra Beatriz González donó una serigrafía para ayudar a sostener las paredes de la casa sin techo de Los Danieles. Se llama Dabeiba y hace alusión al fenómeno de los mal llamados “falsos positivos” en Colombia. Fuimos a visitarla y agradecer su apoyo y nos explicó que había tomado la imagen de un reportaje gráfico sobre el descubrimiento de una fosa común en Dabeiba: “Esas fotografías con unos colores… hace un sol en Dabeiba tremendo. Estas herramientas eran para agricultura, y esos mismos elementos al utilizarlos para descubrir la verdad de los falsos positivos cambian su función. Ya estas personas no van a sembrar sino van a descubrir la verdad para que quede en la memoria”. La pintora imprimió en la obra uno de los sellos de su legado: lo que Marta Traba bautizó “el verde Beatriz González”.
La maestra Beatriz González firma las serigrafías que donó a Los Danieles en la Galería Sextante en Bogotá.
Esta semana volvió a sonar el nombre del municipio antioqueño porque la Jurisdicción Especial para la Paz realizó allá una audiencia pública sobre el macrocaso de los “falsos positivos”. Simplemente estremecedora: una borrasca incontenible de verdad y de dolor.
Y despertó la Colombia que lleva décadas dedicada a negar la existencia de este crimen, su sistematicidad, y a repudiar a quienes contribuyen a destaparlo. Ahora el uribismo vuelve a rotular esas revelaciones de fake news o de traidores a los militares que hablaron; a reivindicar la seguridad democrática por todas las cosas que probadamente no fue. Llamados a no olvidar a las víctimas de otros actores del conflicto como si ello justificara o en algo matizara el hecho de que el Ejército Nacional –encargado de velar por la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía– estructuró un sistema criminal para asesinar a civiles inocentes que inflaran sus cifras de combate. Pasaron de “no estarían recogiendo café” a culpar a supuestos traidores de la patria.
Los “falsos positivos” no mancharon la seguridad democrática; al contrario, son un símbolo perfecto de lo que fue una política de Estado macabra. Como las ejecuciones extrajudiciales, la seguridad democrática se asentó sobre los triunfos simulados, sobre el despeje de carreteras para dar sensaciones de seguridad, sobre la extradición de jefes paramilitares para que no contaran sus verdades: ropajes en forma de avances que en realidad significaron violaciones a los derechos humanos y a la justicia en Colombia.
Una política que además se sustentó en prejuicios repugnantes acerca de quiénes eran personas desechables, las que nadie buscaría, como lo dijo uno de los soldados confesos en la audiencia. La identificación de ciudadanos con limitaciones cognitivas, drogadictos, gente vulnerable o de escasos recursos para convertirlos en injusto botín de guerra.
Pero no creo que sea ceguera lo que alimenta a ese sector del negacionismo, sino miedo. Pánico, pues cada vez existen más pruebas irrefutables de que los “falsos positivos” fueron crímenes de lesa humanidad, por los cuales deberán responder sus autores, materiales e intelectuales. Por eso ahora impulsan la tesis de la traición de unos cuantos militares como si la realidad no apuntara a absolutamente todo lo contrario. La sistematicidad de las ejecuciones extrajudiciales y su relación con la seguridad democrática demuestran que fue una política de Estado, planeada y ejecutada con aterradora eficiencia.
Y a pesar de todo ese horror e indolencia que despertó la audiencia en Dabeiba, también sirvió de símbolo de tantas buenas cosas que pasan y siguen pasando en Colombia.
Como los militares que hacen actos reales de contrición, son capaces de enfrentar a sus víctimas y pedir perdón, uno que parece sincero y sentido. La justicia transicional que funciona, que ha celebrado audiencias desgarradoras menos publicitadas, pero igual de importantes y ha contribuido a desnudar a todos los actores del conflicto. Los magistrados de esa justicia que construyen estos espacios, formulan las preguntas relevantes y sufren amenazas y afectaciones graves a su salud mental por adelantar su valiente labor. Un ministro de Justicia como Néstor Osuna, que ejerce de manera digna su función pública, pide excusas en nombre del Estado, empatiza con las víctimas de los crímenes que no cometió, pero sabe que debe contribuir a resarcir. También, por supuesto, los familiares que no pararon de buscar, hicieron saber que las víctimas no eran personas desechables que serían fácilmente olvidadas; su valentía, su tesón, su persistencia para obligar al Estado a escucharlos y a entender que sus parientes vivirán para siempre en la reparadora memoria colectiva.
Y las artistas, como Beatriz González, que toman una foto de la prensa para inmortalizar una atrocidad que no debe ni puede ser olvidada.
