Ana Bejarano Ricaurte
En un discurso el 18 de abril ante altos mandos militares en el Cantón Norte el presidente Gustavo Petro reveló su intención de declarar un día cívico al día siguiente, 19 de abril. Una fecha conmemorativa de otros sucesos como el fraude electoral de las elecciones de 1970, cuando Rojas Pinilla perdió la presidencia con Misael Pastrana, día que sirvió para bautizar a la guerrilla del M-19 y además es el natalicio del mandatario.
A ciencia cierta el decreto presidencial (No. 500 de 2024) instituye como día cívico el tercer viernes del mes de abril de cada año. El acto administrativo señala que la fecha busca “generar un espacio de reflexión a nivel Nacional, sobre el adecuado uso y cuidado de los recursos naturales como esenciales para la preservación de la vida”. En una retórica petrista elevada el decreto justifica el capricho con “el deber que tenemos, como personas y habitantes del planeta, de cuidar de uno de sus mayores recursos naturales como es el agua, fuente primaria de toda existencia”.
Apenas expedido el decreto se acusó al presidente de emprender una estrategia para disipar las marchas que se celebran el día de hoy en contra de su gobierno; de ofrecer un día feriado para que resultara en menos afluencia en las calles. El mismo presidente invitó a los bogotanos a “salir este fin de semana a sitios de otras cuencas hidrográficas para disminuir la presión del consumo”.
Si el propósito era disolver el quorum en su contra la maniobra llega tarde porque el anuncio de un puente la tarde anterior en nada contribuyó al descanso y ocio de la ciudadanía, pero sí a la confusión de colegios, instituciones y empresas sobre el alcance de la medida.
La coincidencia con su cumpleaños en este primer día cívico por la paz con la naturaleza resulta un suceso digno de risas, en especial para un presidente que desaparece a su antojo y se confina en la agenda privada por horas o días seguidos. Un gesto personalista, propio de regímenes autoritarios y una franca bobería megalómana de los señores que se aman en exceso.
Ofreció además a una cantidad de desubicados la posibilidad de celebrar ante una Plaza de Bolívar vacía el surgimiento de la guerrilla a la cual perteneció el presidente, con una tarima prendida todo el día, ejemplo perfecto del gasto insulso de energía que precisamente ahora más que nunca deberíamos evitar.
Y encima de todos esos guiños esotéricos le permitió al presidente dejar plantada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien realizaba una visita in loco para observar tantos asuntos relevantes para el gobierno del cambio. Una grosería desagradecida de Petro con una institución que reconoció y amparó sus derechos cuando fueron avasallados por el perseguidor Ordóñez.
Son importantes los espacios de reflexión sobre la necesidad de cuidar la naturaleza; de tener mejores relaciones de consumo de los recursos hídricos y energéticos. El problema es que esta iniciativa sacada del sombrero —en este caso de la gorra— en pleno discurso se siente improvisada y así le fue también con su ejecución. Como tantas otras ideas que parecieran ocurrírsele al presidente de sopetón y después se ocupa de defenderlas con escritos erráticos en Twitter, los cuales su legión de aplaudidores se dispone a celebrar sin distingo.
Es la gobernanza caprichosa y mediocre que solo expone al presidente y parte de su gobierno a la realización cada vez más irrefutable de que no saben lo que hacen y si lo saben no encuentran la forma sensata de ejecutarlo.
Ni los documentales propagandísticos, ni los improvisados días cívicos servirán a los esfuerzos distractores, pues incluso ante la cara de una oposición también cantinflesca, las enormes ausencias y contradicciones de este gobierno son inocultables.
Ya en pleno día de reflexión, casi a manera de reconocimiento de su fracaso, Petro le dio la bienvenida a las marchas e intentó reconocerlas como parte su proceso constituyente, el cual ya ha iniciado al atribuirle ese alcance a cualquier reunión gremial o multitudinaria: “he convocado el poder constituyente y eso incluye toda la fuerza popular”, dijo.
La atención de la sociedad civil deberá estar en permanente alerta ante la sinuosa estrategia de reinterpretar cualquier suceso público como una expresión del poder constituyente que el presidente dice haber convocado. El país entero, en especial los funcionarios de su gobierno sobre los que aún quede algo de decoro democrático, tendrá que hacerle entender que no queremos una nueva constitución y ninguna excusa cívica o barbárica justificará esa locura.
