Colombia enfrenta múltiples procesos a nivel nacional e internacional que tienen millonarias pretensiones. En 2024, se ganó el denominado caso Meritage, en el que el empresario Ángel Samuel Seda reclamaba 389 millones de dólares como reparación, luego de que en 2016 la Fiscalía hiciera un proceso de extinción de dominio sobre los predios que este había adquirido para un proyecto inmobiliario.
Ese triunfo se logró gracias a un cambio de estrategia de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en junio pasado. Días después, fue nombrado como director de esa entidad el exmagistrado del Consejo de Estado César Palomino Cortés, quien llegó a administrar una entidad que debe defender los intereses del Estado ante millonarios pleitos.
Algunos que ya estaban en trámite salieron al finalizar el año. El 12 de noviembre, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) falló a favor de Telefónica S.A. una demanda contra Colombia interpuesta bajo el Acuerdo entre Colombia y España para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones del 31 de marzo de 2005, y ordenó reembolsar a esa empresa 379,8 millones de dólares que la compañía había pagado en 2017 al Ministerio de Tecnologías de la Información.
Y el pasado 6 de diciembre, a petición de Colombia, el CIADI suspendió la ejecución de su decisión mientras revisa una petición de nulidad. En diálogo con CAMBIO, el director de la ANDJE, habla sobre ese caso, hace un balance de los pleitos en curso y responde a la pregunta sobre si los y las colombianas han optado por acudir más a demandas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
CAMBIO: ¿Cuál es el balance de las demandas que enfrenta la Nación a nivel nacional?
César Palomino: A nivel nacional, el Estado enfrenta actualmente 336.466 procesos judiciales activos en su contra, con pretensiones aproximadas de cerca de 657 billones de pesos. Este año, con corte al 30 de noviembre, hubo 62.665 procesos con fallo definitivo y, de estos, 34.598 fueron favorables a los intereses litigiosos del Estado, logrando con ello evitar un pago de 71 billones de pesos. Un gran porcentaje de los procesos que tenemos activos están relacionados con causas como: incumplimiento de sentencias judiciales, no reconocimiento de pensión de vejez, indebida liquidación de pensión de vejez y desconocimiento de traslado de régimen de pensión, entre otros.
CAMBIO: ¿Qué es lo que más se demanda?
C.P.: Si hablamos de los procesos con las pretensiones económicas más altas o los más cuantiosos, las principales causas son el desplazamiento forzado, daños derivados de acto administrativo lícito, captación ilegal de dinero y daños al medioambiente, entre otros.
CAMBIO: ¿Cuál es el balance de las demandas que enfrenta el país a nivel internacional?
C.P.: Colombia ha salido victoriosa en la gran mayoría de casos ante tribunales internacionales de inversión. De las 15 decisiones o laudos que hemos recibido hasta la fecha, diez han sido favorables al Estado. En los restantes tenemos la siguiente situación: en un caso tuvimos una decisión adversa, pero no fuimos condenados a indemnizar al inversionista; en tres que fueron decididos a favor del inversionista, obtuvimos un ahorro de hasta el 98 por ciento de las pretensiones reclamadas y, en el único laudo en donde la decisión fue completamente desfavorable a Colombia, que es el caso de Telefónica, desde la Agencia se están agotando todos los recursos para proteger el patrimonio de los y las colombianas.
Del total de pretensiones de las demandas presentadas contra Colombia, que ascendían a la suma de 28.000 millones de pesos aproximadamente, logramos un ahorro de más de 22.000 millones.
Actualmente, se encuentran activas nueve reclamaciones presentadas por inversionistas extranjeros en contra de Colombia. En estos casos, la Agencia se encuentra participando activamente en la defensa del Estado colombiano, de manera directa, o en conjunto con abogados internacionales del más alto prestigio, respectivamente.
CAMBIO. ¿Qué esperan en el caso Telefónica en el que Colombia fue condenada a pagar más de 380 millones de dólares?
C.P.: En el caso de Telefónica, el pasado 27 de noviembre de 2024, la Agencia presentó solicitud de anulación contra el laudo y una solicitud de suspensión de la ejecución de la decisión (que fue acogida). Se espera que el Comité de Anulación correspondiente analice cuidadosamente los argumentos presentados por Colombia, en particular que el tribunal omitió exponer de manera suficiente las razones en las que fundamentó su decisión y que el tribunal excedió manifiestamente sus poderes.
También quiero señalar que actualmente se encuentra en curso la etapa de anulación en otros dos casos: los iniciados por Glencore International A.G., Prodeco S.A., y la Sociedad Portuaria Puerto Nuevo; y por Ángel Samuel Seda (el caso Meritage), contra Colombia. Estos trámites también se encuentran en etapa inicial y las solicitudes de anulación fueron presentadas por los inversionistas.
CAMBIO: ¿Qué casos son los que esperan resolver en 2025? ¿En qué consisten?
C.P.: A nivel internacional, en 2025 no se espera que se resuelva ninguno de los casos activos actualmente en contra de la República de Colombia. Sin embargo, a nivel nacional, de relevancia o con importancia mediática, el primer caso que podría definirse es el proceso penal por Centros Poblados.
El segundo caso sería el de la UNGRD, pues, conforme con lo que ha sucedido en las múltiples audiencias en las que la Agencia participó en 2024, para este año se tiene prevista la judicialización de todos los demás partícipes que han sido mencionados por los coprocesados Olmedo López y Sneyder Pinilla. No obstante, esto dependerá en gran medida de la Fiscalía.
Pero mire, el principal caso que se espera resolver en 2025 es un proceso de desplazamiento forzado con una cuantía de 4.900 billones de pesos, el cual se ganó en primera instancia en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que declaró la inexistencia de una causa común para todos los miembros del grupo.
CAMBIO: ¿Se está demandando más ante el Sistema Interamericano? ¿Cuál es el balance?
C.P.: Si tenemos en cuenta las cifras sobre número de peticiones recibidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respecto de Colombia, la respuesta es sí. En 2021 recibió 568 peticiones, en 2022 recibió 631 peticiones y en 2023 recibió 731. Ahora, no todas esas peticiones superan la etapa de estudio inicial. Por eso, un número importante de esas peticiones no llegan a ser notificadas al Estado.
En todo caso, el número de peticiones notificadas al Estado también ha incrementado, en este mismo periodo de tiempo: en 2021 la CIDH abrió a trámite 79 peticiones, en 2022 a 179 peticiones, en 2023 a trámite 253 peticiones y en 2024 a 265. El balance que hacemos como Agencia es que resulta fundamental trabajar en la prevención del daño antijurídico.
Cuando una persona acude ante la CIDH, es una muestra que, en su opinión, no obtuvo una respuesta a nivel interno frente a lo que le ha sucedido. Por eso debemos trabajar con las entidades estatales y las comunidades en el territorio, para identificar las problemáticas que guardan relación con las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos. Esta estrategia permitirá, no solo reducir el número de demandas y que el Estado cumpla con sus obligaciones internacionales y constitucionales frente a la protección de los derechos de las víctimas.
Debemos trabajar con las entidades estatales y las comunidades en el territorio, para identificar las problemáticas que guardan relación con las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos
CAMBIO: ¿Cuántas soluciones amistosas se consiguieron en el Sistema Interamericano?
C.P.: En cuanto a soluciones amistosas, durante 2024 el Estado colombiano celebró 18 acuerdos en casos en trámite, en distintas etapas, ante la CIDH. Las temáticas de algunos de estos casos se refieren a desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y la inefectividad de la condena penal del responsable de hechos de abuso sexual. Desde la Agencia, para este 2025 tenemos la expectativa de seguir celebrando la mayor cantidad posible de acuerdos, que permitan la redignificación y reparación integral de las víctimas.
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