Cecilia Orozco Tascón
El 22 de abril pasado, hace apenas cuatro meses largos, el medio amarillista que desplazó la revista más influyente de Colombia en tres décadas hizo otra de sus “explosivas” revelaciones. Empezando por el título, el tema buscaba atraer a los voyeristas que disfrutan con la mala leche que se vierte en cada nota difundida en ese sitio. “Escándalo en el Ministerio de Defensa: un viceministro y varios funcionarios presionaron a Semana para impedir que se publicaran dudas en torno a una billonaria adquisición de vehículos militares”. Allí se aseguraba que “un viceministro y otros funcionarios… (quisieron) impedir que el país conociera una grave denuncia de un acuerdo por $1,3 billones a fin de adquirir 55 vehículos militares”. Explicaba que uno de sus periodistas “fue hostigado a tal punto que intentaron obligarlo a firmar un documento para que no publicara nada”. La conclusión era terrorífica: “Un claro acto de censura” (ver). El viceministro, responsable del área en que se habría presentado el acto de corrupción consistente en US $17 millones en sobrecostos, es el general (r) Ricardo Díaz, un individuo oblicuo y famoso por su oportunismo más que por sus méritos profesionales.
Pues bien, este personaje pasó de ser el “censor” de Semana a protagonista de su reciente portada. El titular contradice el del mes de abril: “Lo que sabe el general”. A fin de cuentas, ¿el militar era un villano o es un héroe? Nadie sabe. En todo caso, la entrevistadora desplegó 10 páginas de la edición física y una eternidad en video para darle cabida a la hiel del recién expulsado del Gobierno, quien, nervioso, inseguro, con mirada huidiza y exhibiendo varios tics, vino a recordar sus “denuncias” sobre la corrupción que corroe su despacho, solo después de enterarse de que su expectativa de ascender al cargo de ministro de Defensa, en reemplazo del actual, era una mera y fallida ilusión. El militar (r) Díaz enmarcó en un gran entorno delictivo, que funcionaría a su alrededor sin contaminarlo, a por lo menos una veintena de personajes —incluyendo a dos generales que fueron sus amigos por más de 30 años, tiempo en el cual tampoco parece haberse enterado de cuán delincuentes eran sus colegas—. No entregó, y su entrevistadora nunca se las exigió, pruebas de que sus acusaciones eran algo más que un sancocho de venganzas compartidas (las de ella y su revista, y las de él) entre las cuales se esperaría que haya, al menos, unas verdades comprobables que habrá que desenredar de entre la maraña de delitos que describió, uno de ellos, al menos, cometido por él mismo: el de omisión, que obliga a los funcionarios a denunciar cuando se enteran de una ilegalidad. Según su declaración, Díaz se guardó durante un año (desde septiembre de 2022) el dato sobre una oferta para sobornarlo con $700 millones, con que habría sido tentado por un “coronel Mejía” a cambio de que el Ministerio considerara la compra de unos helicópteros.
He formulado dos derechos de petición a las autoridades para preguntar si han iniciado las investigaciones penales y disciplinarias correspondientes a la omisión delictiva del militar retirado. Próximamente, presentaré, también, demanda civil por daños y perjuicios en contra de quien me mencionó, inducido descaradamente por la entrevistadora, en contra de esta y de Semana. La escena en el video en que Díaz me involucra resultó tan mal montada que el militar, para acordarse de mi nombre, tuvo que consultar su celular.
Esos actores: Díaz, Dávila y Semana, convirtieron mi condición de fundadora de una corporación sin ánimo de lucro que se sostiene con aportes de organismos de cooperación internacional, y que tiene como objeto la defensa de la democracia, la independencia de la justicia y la libertad de información (ver), en “socia” comercial de Iván Velásquez, el ministro al que Díaz no pudo sacar para quedarse con su cargo. Los tres responsables de la canallada en mi contra —con la que pretenden cobrarme mis opiniones de demócrata— me “añaden” otros “socios”: unos abogados de Guatemala, bello país que nunca he visitado, que, a su vez, tendrían vínculos con los líos de Odebrecht en esa nación. Para poner en duda mi honorabilidad hicieron varias maniobras: 1) Mencionarme en mitad de los supuestos actos de corrupción a pesar de que no se atrevieron a decir qué tengo que ver con esas conductas. 2) Omitir, intencionadamente, que a) antes de su posesión, Velásquez se separó de la fundación, por escrito; b) nunca he recibido un peso de esa corporación; c) a mi solicitud, se añadió una cláusula según la cual debo abstenerme —por incompatibilidad— de derivar cualquier beneficio de las actividades de la fundación (ver). Quienes se revuelcan en su lodazal no podrán untarme con su porquería.
