Este jueves la Corte Suprema de Justicia tiene en la agenda una votación para elegir a la próxima fiscal general de la nación. Los 23 magistrados escogerán entre las tres penalistas propuestas hace cuatro meses por el presidente Gustavo Petro: Ángela María Buitrago, Amelia Pérez y Luz Adriana Camargo. Todas son abogadas reputadas, no enfrentan cuestionamientos y conocen bien el funcionamiento de la Fiscalía. En contraste, si ninguna logra la mayoría de 16 votos, a partir del próximo lunes la Fiscalía quedará en cabeza la cuestionada vicefiscal Martha Janeth Mancera. Esa posibilidad ha alertado al presidente, quien ha señalado a la Fiscalía actual de participar en una “ruptura institucional” y buscar su caída del Gobierno. Muchos otros sectores no creen que Mancera sea idónea para el cargo. La Federación Colombiana de Maestros, FECODE, y otros sindicatos que apoyan a Petro han programado una manifestación este jueves frente a la Corte.
Además de ser la mano derecha del saliente fiscal Francisco Barbosa durante sus cuatro años en el cargo, y de seguir con su línea de oposición férrea al Gobierno de Petro, Mancera ha sido acusada de encubrir y proteger durante varios años a Francisco Javier Martínez, exdirector del CTI de la Fiscalía en Buenaventura y quien ha sido vinculado con organizaciones de narcotráfico y tráfico de armas. Varias investigaciones periodísticas de medios nacionales revelaron que Mancera, abogada de la Universidad Libre de Bogotá, le ha mentido a la opinión pública al decir que no había ningún documento oficial en el que se denunciaran los nexos de Martínez, alias Pacho o Pacho malo, con el tráfico de cocaína. La revista Raya publicó el sábado el documento que según Mancera no existía. Con esa prueba y con los testimonios de varios agentes encubiertos de la Fiscalía que investigaron la relación de Martínez con los carteles de la droga, queda la sombra de que la vicefiscal estaba al tanto de las denuncias contra su subalterno y decidió no investigarlo.
El periodista Daniel Coronell denunció en una columna de este domingo que la Fiscalía nunca hizo nada contra Pacho. “Por el contrario, Víctor Forero, directivo del CTI y quien ha sido compañero sentimental de la mano derecha de la vicefiscal, Luisa Obando, fue a visitar a los denunciantes a Manizales para presionarlos para que alteraran su testimonio y sacaran el nombre de alias Pacho de la declaración que le dieron a la Fiscalía”, escribe Coronell. El periodista relata que “la vicefiscal Mancera lo dejó seguir dos años más en el poderoso puesto de Buenaventura, donde según el informe de los agentes encubiertos era el tercero al mando de la organización criminal. En cambio, los denunciantes fueron inicialmente trasladados, luego judicializados y posteriormente encarcelados”.
Mancera está en la Fiscalía desde que la institución fue creada por la Constitución de 1991. Hizo carrera en el Valle del Cauca y fue directora por varios años de la seccional de Buga, la misma a la que perteneció el señor Martínez. Las investigaciones de Raya y de Coronell coinciden en que los agentes investigadores le mostraron a Mancera fotografías de Martínez en sus pesquisas sobre narcotráfico, y le explicaron su modus operandi. “Pacho era el encargado de liderar la contaminación de los buques en el puerto del Pacífico para llevar cocaína a Guatemala y México, a España y Francia. El precio de cada kilo de cocaína, montada en los containers, oscila entre 8 y 9 millones de pesos. Se trabaja con un mínimo de 40 kilos y hasta 300 kilos aproximadamente”, dice el informe oficial cuya existencia negó Mancera.
El abogado y profesor Ramiro Bejarano cree que la vicefiscal ha incurrido en varias conductas que ponen en entredicho su prestigio y que generan dudas en la opinión pública. “Las noticias que muestran que ella favoreció a unos narcotraficantes en el puerto de Buenaventura son muy graves”, explica Bejarano por teléfono en diálogo con EL PAÍS. Recuerda que otra consecuencia de que la Corte no elija a la fiscal este jueves, es que el puesto de vicefiscal lo ocupará Gabriel Jaimes, el actual coordinador de fiscales delegados ante la Corte. Jaimes fue el primer encargado de adelantar el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélezpor presuntos falsos testigos; también pidió su preclusión ante la justicia, que ya la ha negado dos veces al encontrar que los fiscales a cargo no han investigado cuanto deberían. “Ese señor no tiene condiciones morales para ser independiente en ningún cargo público, menos en la Fiscalía. Uno de los fracasos más grandes de Barbosa fue haberse empeñado en nombrar a Jaimes en un cargo tan alto”.
Para el abogado y profesor experto en derecho procesal, Mancera y Jaimes revelan tener una militancia política que, ejercida con el código penal y contra sus enemigos, dice, es muy grave y destruye la democracia. “Espero que la Fiscalía no vaya a quedar en poder de estas dos personas”, dice Bejarano. Y concluye: “Queremos una Fiscalía imparcial, eficiente y transparente. Porque una que no reúna esos requisitos termina persiguiendo a los críticos y exonerando a los amigos. Eso rompe el equilibrio y afecta el estado de derecho”.
Juan David Bazzani, antiguo funcionario de la Fiscalía y actual abogado de Mancera, responde que las denuncias contra su clienta hacen parte de una persecución política: “Puedo dar fe de que lo que se ha dicho de ella es una infamia. Es una funcionaria técnica y abnegada que ha trabajado por muchos años por la justicia en Colombia. Por razones políticas le han creado ese personaje oscuro que favorece narcos, cosa insensata y lejana de la realidad”, dice el penalista a EL PAÍS. Y concluye: “Por eso hemos logrado las decisiones de archivo que han salido”.
Para Bejarano, quien como Bazzani es profesor y egresado de la Universidad Externado de Colombia, el archivo de las investigaciones contra Mancera también ensombrece su ejercicio como funcionaria. “Para colmo de males, los mismos funcionarios de la Fiscalía que son sus subalternos terminaron exonerándola de los posibles delitos. Eso no tiene presentación. Ella ha debido enviar las investigaciones a la comisión de acusaciones o esperar a que se cambiara la Fiscalía para que las investigaciones fuesen independientes”.
