Los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo forzaron el desplazamiento de 175 familias de Charco Largo, Charco Hondo y Barrancón a Istmina, una ciudad desbordada por el sismo
Istmina (Chocó) –
Cuatro días después del terremoto que el 10 de agosto azotó al occidente de Colombia, los vecinos del pueblo de Charco Largo estaban inmersos en reparar los daños más superficiales. El líder comunitario Oander Mosquera supervisaba cómo sus vecinos recogían escombros, echaban cemento en las bases de los inodoros que habían quedado flojos y martillaban nuevas tablas en las paredes de las casas. De repente, una compañera de trabajo trajo noticias del pueblo vecino de Charco Hondo. “Tenemos visitas”, anunció. “¿Nuevos o viejos?”, preguntó Oander. Eran los viejos, guerrilleros del ELN, que llegaban a recrudecer la guerra.
El temor cundió porque, hasta días antes del terremoto, el Clan del Golfo era el grupo armado cuyos integrantes circulaban en los alrededores de Charco Largo, Charco Hondo y Barrancón, tres pueblos del municipio Sipí, en el sur del Chocó. “Si un día está Pedro y al otro está Juan, no hay que ser adivino para saber que se va a armar la de Troya”, explica Mosquera, que pide mantener su nombre real bajo reserva por seguridad. Los vecinos desearon que los elenos estuvieran de paso, pero en los días siguientes los visitantes dejaron en claro que pensaban quedarse. Cada tanto aparecían en el casco urbano para mostrarse, y así señalar su intención de imponerse.
Los enfrentamientos comenzaron en Charco Hondo el domingo 23 de agosto. A diferencia de otras ocasiones, los armados usaron drones con explosivos y la confrontación no ocurrió en una zona apartada, sino en el casco urbano. Los vecinos escucharon las balas que caían “en los ríos y en los techos”. Hubo tres heridos. Algunos habitantes se desplazaron hasta Barrancón para refugiarse, pero unas horas después el enfrentamiento llegó hasta allí. Alrededor de 175 familias de los tres pueblos iniciaron entonces un éxodo más largo: se subieron a sus botes y navegaron unos 40 minutos hasta Torrá, donde tomaron carros que, en alrededor de tres horas, los llevaron a la ciudad más cercana, Istmina.
Andrea Rentería, que vive de la minería artesanal en los alrededores de Barrancón, cuenta que tomó la decisión de irse tras refugiarse en la casa de sus padres, debajo de la cama. “Hubo balas hasta las nueve de la noche. Y pensé: ‘Yo aquí no me quedo’. Más que todo por mis hijos”, comenta la mujer, que también prefiere mantener su nombre real bajo reserva. Por la mañana, regresó a su casa para buscar ropa y le preguntó a uno de los armados si se podía ir. Él se burló. “Me respondió: ‘¿A son de qué? Ya nos estamos alejando, no les estamos diciendo que se vayan’. Me dí vuelta y le dije a mi pareja que me iba. Ellos [los armados] hacen que se van, pero están ahí mismo”.
Entre las dos emergencias, el terremoto y las enfrentamientos, las afectaciones psicólogicas varían. Rentería cuenta, sin atisbo de duda, que ella y sus hijos se asustaron mucho más con las balas. “La palabra [de Dios] habla de que vendrán terremotos, así que sabíamos que podía pasar. Pero, cuando fuimos a buscar nuestras cosas a la casa por los combates, mi hija dijo: ‘¡Mamá, allá van los que matan!’. Ya se quedó con eso”, relata. El líder comunitario Mosquera, en cambio, está más angustiado porque el sismo destruyó su sitio de trabajo. “Cuando paso por ahí, siento mucha nostalgia. A solas, meditando, pienso en cómo antes estaba en un lugar y tenía un ventilador. Ahora estoy llevando calor, a la intemperie”.
El refugio
Rentería y Mosquera relatan sus experiencias durante su estancia en la sede en Istmina del Consejo Comunitario General del San Juan (Acadesan), una organización que representa a 72 comunidades afrocolombianas del Río San Juan. El complejo, de tres edificios, tiene un centenar de camas para albergar a sus asociados cuando lo necesitan. Aunque en un primer momento la organización emitió un comunicado en el que señalaba que no era posible recibir a los desplazados por las afectaciones del terremoto —hay grietas en las paredes, los depósitos de agua quedaron dañados—, las familias comenzaron a llegar. Algunas se quedaron en la sede pese a los riesgos, mientras que otras se fueron a casas de familiares y amigos.
En el refugio, todos señalan que es un desplazamiento más precario que los de 2023 o 2024. “La única entidad que nos acompañó esta vez fue la Alcaldía de Istmina, no hemos recibido ni una llamada de la Gobernación. Entendemos que hay una crisis por el terremoto, pero también está el conflicto armado”, se queja una de las encargadas de asistir a los desplazados. Mosquera agrega que la Alcaldía también está desbordada. “Dicen que, debido al sismo, no tienen más recursos para ayudar”, señala. “No ha llegado atención psicológica y solo hubo una jornada de atención médica. Tampoco ha aparecido Bienestar Familiar, que antes hacía actividades recreativas para los niños”.
Los desplazados temen retornar. “El Ejército nos dijo que aseguró la zona con 120 soldados, pero los que se quedaron en las comunidades nos dicen que solo han visto unos helicópteros que hicieron disparos”, comenta un líder de Barrancón. También hay preocupación por los artefactos explosivos que pueden haber dejado los grupos ilegales. “Después de eventos así, quedan en los caminos, y el habitante es el primer afectado”, comenta una de las desplazadas. Hay desconcierto con el ELN y el Clan del Golfo: una mujer dice que no entiende por qué se enfrentan si ambos controlan minas ilegales de oro, y otra le responde que son codiciosos, que quieren “todo para uno solo”.
La lideresa Elizabeth Moreno, representante legal de Acadesan, condena la “falta de clemencia con el pueblo chocoano” de esos grupos. “Tras el terremoto, habíamos pensado que iban a suspender sus acciones bélicas. Pero sucedió lo contrario: aprovecharon la crisis para reconfigurar sus confrontaciones”, evalúa. Hay incertidumbre sobre si los enfrentamientos están vinculados a la llegada a la Presidencia de Abelardo de la Espriella, que acabó las negociaciones de paz y puso en marcha una política de mano dura. “Puede que quieran mandarle un mensaje, mostrarle su poder. Pero, ¿qué culpa tenemos las comunidades étnicas de las intenciones del Gobierno? ¿Por qué tenemos que pagar nosotros?”.
Felipe Martínez, también representante legal de Acadesan, pide que se reactiven los diálogos. “Cuando hubo negociaciones, las comunidades tuvieron más tranquilidad. Cada vez que se levantan, algo pasa”, señala. No se resigna a la decisión del presidente y asegura que puede cambiar de política si la sociedad civil presiona lo suficiente. El recrudecimiento del conflicto armado, enfatiza, ha sido peor para Sipí que el sismo. “Lo que no dañó el terremoto y un vendaval, lo dañaron las balas”, dice como primer argumento. Después, explica que la violencia de los armados impide reconstruir lo perdido: “A pesar de que se nos cayeron escuelas, las iglesias y las casas, ahí estábamos. Pero con el conflicto no podemos”.
El regreso
Rentería ha decidido volver a Barrancón: los recursos se agotan y necesita trabajar. “Mi hijo mayor tuvo un accidente hace unas semanas y tuvimos que ir a Cali para la recuperación. Así que ahora tengo una deuda”, comenta. Su casa y su ropa están en Sipí, así como el oro que barequea y las gallinas, los cerdos y los pescados que cría con su marido. Pese a todo, quisiera mudarse a Istmina de forma permanente. “Ojalá el Gobierno nos apoyara con proyectos de vivienda acá, no allá. Podrían construir un bloque en el que pusieran: ‘Acá están las casas de la comunidad de Barrancón’. No podemos mudarnos sin ayuda”, señala, al tiempo que cuenta que sus hijos le piden que los inscriba en un colegio en Istmina.
Mosquera, en cambio, quiere vivir siempre en Sipí, aunque su familia está en la ciudad. “Soy campesino. Me gusta la calma, ir al río a bañarme, a pescar. Quiero charlar con mis amigos, jugar al dominó, volver a cultivar arroz, plátano y maíz. Acá no puedo hacer nada de eso, y hay mucha contaminación y alcoholismo”, dice. También quiere ayudar a reconstruir la escuela local, en la que cuatro aulas se desplomaron. “Guardamos la esperanza de que Shakira la haya escogido para la reconstrucción. Si no, papá Gobierno nos la va a construir de nuevo”, afirma. Mientras tanto, ha conseguido unas carpas para que los profesores den clase en unas canchas deportivas. Será una solución provisoria si los grupos armados lo permiten.
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