El hallazgo de un circuito cerrado de televisión (CCTV) al servicio de la banda delincuencial La Terraza, en una de las zonas de mayor movimiento comercial y turístico de Medellín, no es algo nuevo. Pero sí se trata de una nueva evidencia del poder territorial y tecnológico que tienen estas estructuras delincuenciales en el área metropolitana del Valle de Aburrá.
Los resultados del operativo, que fueron divulgados por las autoridades como un gran golpe en contra de las estructuras criminales, son para algunos analistas e investigadores la muestra clara de que, en la ciudad, gobernada actualmente por Federico Gutiérrez, existe un modelo de control doble que combina legalidad e ilegalidad.
Eso es lo que asegura Max Yuri Gil, director del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Según el experto, el fenómeno refuerza para la ciudadanía “la noción de que son los actores armados quienes deciden una buena parte de sus asuntos cotidianos y que las autoridades no tienen ningún problema con ese modelo”. Para él, existe un acuerdo de coexistencia.
Han encontrado 113 cámaras de las bandas
El operativo reciente, que fue coordinado entre la Alcaldía de Medellín y la Policía Nacional, realizó tres allanamientos en una operación dirigida contra La Terraza y fue orientado a la lucha contra el tráfico de drogas, una de sus principales fuentes de financiación.
La droga, según las autoridades, era distribuida en sectores como el Parque Lleras y Provenza. Se estima que estas ventas ilícitas dejaban ganancias mensuales por más de 450 millones de pesos.
Junto a las cámaras se incautaron de más de 20.000 gramos de marihuana orgánica y 3.000 gramos de droga sintética, así como elementos de dosificación y una contadora de dinero. El CCTV era usado para detectar la presencia policial, cosa que no es nueva, según los investigadores y las cifras de las mismas autoridades.
En los últimos cinco años, por ejemplo, han sido halladas en la ciudad 113 cámaras al servicio de los grupos delincuenciales.
La acción, dijo la Secretaría de Seguridad, no sólo afectó el suministro de drogas en zonas como el Parque Lleras, Provenza y la Universidad de Antioquia, sino también su envío a Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Bucaramanga.
“Con el circuito cerrado de televisión, los criminales pretendían anticipar la presencia de las autoridades y evitar de esta manera el accionar de la fuerza pública”, señaló la secretaría.
Gil, sin embargo, insiste en que el uso de cámaras y drones por parte de las bandas criminales en Medellín es algo que se conoce desde hace varios años y que “una buena parte del control territorial de la ciudad lo ejercen los grupos armados”.
El profesor señala que este es un control que está basado en la distribución de los territorios entre las 12 o 13 grandes bandas que actúan de manera confederada en Medellín. Estructuras que, a su vez, delegan las prácticas de control cotidiano en los más de 300 ‘combos’ de los que se tiene evidencia.
“Es muy difícil pensar que existan bandas que controlan el territorio de Medellín, sin que la Policía, que está al mismo tiempo en todos los rincones, se entere. Es una evidencia más de esa combinación de legalidad e ilegalidad, y que las autoridades no tienen ningún problema con este modelo”, analiza Gil.
Tecnología efectiva
Germán Valencia, investigador y profesor de la Universidad de Antioquia, tampoco cree que deba ser sorpresa que las bandas criminales de Medellín, a las que define como las más poderosas del país en términos de recursos, utilicen las tecnologías para el cuidado y mantener sus rentas criminales.
Incluso, señala que esas herramientas están más presentes de lo que se cree. Esto se hace, por ejemplo, a través del manejo de la tecnología webcam, desde hace muchos años y que hoy es un negocio internacional. Lo mismo sucede también en los campos de los ciberataques, la inteligencia artificial y además instrumentos usados para conseguir información que sirva para la comisión de delitos como el robo a cajeros automáticos.
En segundo lugar, explica Valencia, no es nada sorprendente que utilicen esta tecnología para brindar protección a sus socios y para su autoprotección, porque hace parte del negocio de la “seguridad armada”, que es muy rentable. Además, señala, ese tipo de tecnología está a la mano de cualquier persona.
Para el investigador, hay un tercer factor: estas bandas se dieron cuenta de que es más seguro usar más tecnología para controlar barrios enteros y territorios de los que quieren estar enterados, que depender de seres humanos que en cualquier momento pueden fallar.
“Es una cosa que está pasando en toda organización, sea legal o ilegal. Y es ahí es donde viene la crítica, porque el Estado debería ser más cuidadoso frente a estas cámaras que se utilizan”, resume el profesor Valencia.
Las evidencias del uso habitual de este tipo de tecnología por parte de las bandas en Medellín son contundentes y vienen de hace años. Un informe de El Colombiano reseñó que, en un operativo del año 2020, fue hallada una red de 46 cámaras instaladas por miembros de las bandas El Mesa y Pachelly, con las que controlaban los movimientos en unos siete barrios. Una prueba más de cómo es el control en las calles de Medellín.
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