NICHOLAS DALE LEAL
Nos gustaría que cada semana en estas líneas se hablara de cosas distintas, pero a veces el tema es ineludible y no hay más remedio que repetir. Entre el miércoles pasado y hoy, el pulso que contamos en la entrega anterior de este boletín solo se ha intensificado. Durante el fin de semana, el Presidente Gustavo Petro se volcó a su canal de comunicación preferido, X, ex-Twitter, para poner en alerta al mundo con un mensaje publicado en varios idiomas -árabe incluido-, de un supuesto plan organizado por la Fiscalía para sacarlo del poder.
Y todavía falta el clímax: hoy jueves la Corte Suprema de Justicia se reunirá para elegir al sucesor del actual fiscal general, Francisco Barbosa, quien finaliza el próximo lunes su mandato; aunque es probable que no lleguen a una decisión final en esa votación, por lo que el sindicato de profesores, Fecode, ha convocado una marcha, con el respaldo del presidente, frente a la sede de la Corte en Bogotá como una aparentemente clara forma de presión. Petro ha buscado rebajar la tensión con ese tribunal este martes, al reunirse con sus cabezas y aclarar en un trino: “Un gobierno progresista no atacará la justicia pero sí a la impunidad. El progresismo es básicamente justicia, ciencia y poder popular. Por eso la situación actual no debe dirigirse como una presión a las cortes». Los días que vienen prometen nuevos giros, habrá que estar muy atentos.
Pero hoy vamos a enfocarnos en una arista escondida entre los nubarrones de la confrontación y de la incertidumbre alrededor del futuro del ente acusador. El caso de presunto soborno a testigos y fraude procesal por parte del expresidente Álvaro Uribe pende, previsiblemente, en gran parte de quién quedé como nueva cabeza de la Fiscalía y en cuánto tiempo se define.
Por si acaso, primero hagamos un poco de memoria sobre el proceso. Se remonta a 2012, cuando Uribe presentó una denuncia contra el senador Iván Cepeda ante la Corte Suprema por un supuesto complot, con falsos testigos en cárceles, para involucrarlo en la fundación de grupos paramilitares. Luego, en 2018, el alto tribunal le dio un giro inesperado al caso: archivó el proceso contra Cepeda y, en cambio, pidió investigar al expresidente bajo la sospecha de que fueron él y sus abogados quienes manipularon testigos para que se retractaran de los señalamientos en su contra y acusaran a Cepeda de ser quien los presionó para enlodar a Uribe. Espero que entre los vaivenes de acusaciones haya quedado más o menos claro.
Desde entonces, el proceso contra Uribe ha batallado contra una sucesión de trabas difíciles de maquillar. En primer lugar, el expresidente renunció a su curul en el Senado para que la investigación, que le correspondía a la Corte Suprema en ese momento por su puesto como legislador, pasara a manos de la Fiscalía, que estaba bajo el mando de Néstor Humberto Martínez, mucho más de la simpatía de Uribe.
Una vez en la Fiscalía, la investigación ha pasado por las manos de cinco fiscales distintos, que se podría decir han arrastrado los pies con el caso. Dos de ellos solicitaron la preclusión de la investigación, alegando falta de pruebas, pero cada vez fue negada por los jueces, que dicen que efectivamente falta evidencia, pero que es información que la Fiscalía debería recabar para poder esclarecer el caso; en otras palabras, que la Fiscalía ha actuado de manera negligente y no ha querido investigar adecuadamente los indicios graves que hay en el expediente.
Otro fiscal encargado del caso renunció a la Fiscalía a principios de enero de este año, justo el día en que debía recomendar otra vez si llevar el caso a juicio o volver a buscar su preclusión, dejándolo en el aire una vez más. La Fiscalía anunció que el caso le sería asignado al fiscal Víctor Andrés Salcedo, pero él rápidamente se declaró impedido por haber escrito una columna de opinión años atrás mostrando su sesgo a favor del exmandatario. Así, el caso ha caído sobre el escritorio del fiscal Gilberto Iván Villareal, que tiene la apremiante tarea de en 90 días volver a recomendar, o bien la preclusión, o el primer juicio a un expresidente en la historia de Colombia.
Además de esto, está una eventualidad mayor: que se agote el tiempo que legalmente tiene la Fiscalía para acusar al expresidente. La ley colombiana determina un plazo máximo para que una persona sea condenada, que se cuenta a partir del momento en el que ocurren los hechos o de cuando la justicia le imputa un delito, si esto último ocurre. Si llega la fecha, ningún juez puede emitir una sentencia. Aunque diferentes penalistas han calculado fechas distintas para que prescriba el caso contra Uribe, que están entre 2025 y 2026, pues las reglas para definir son complejas, el plazo se acerca ominosamente. Y cada aplazamiento o demora de la Fiscalía hace más probable que ese sea el resultado de todo esto, ya que un juicio puede tardar entre 2 y 3 años.
Con todo esto flotando por los pasillos de la Fiscalía, es curioso que tan poco se haya hablado del impacto que puede tener un cambio en la cúpula de la institución sobre el caso Uribe. Claro, es muy difícil decir con cualquier dosis de certeza cuál va a ser ese impacto, pero nos podemos atrever a especular que si se elige a una de las tres mujeres ternadas por el presidente Petro, es más posible que haya algún avance en el caso, mientras que si queda como interina Martha Mancera, fiel a Barbosa, las cosas apuntan a que la estrategia dilatadora se mantendría hasta llegar al vencimiento de términos y la archivación de la investigación.
