Por Juan Manuel Ospina
El Gobierno está dando palos de ciego con su manejo de la minga, por la incomprensión de su sentido y alcance, semejante a lo que le pasó a Juan Manuel Santos en su momento con el paro agrario. Ambos mandatarios no entendieron el carácter propio de los actores sociales, indígenas y campesinos históricos, no los de la frontera de colonización. A Duque solo le falta afirmar: ¡La tal minga no existe!, como lo hizo Santos en su momento con la movilización campesina.
Se equivoca el Gobierno al condenar la minga por ser política, porque precisamente es política por su naturaleza y sentido, más allá de cualquier connotación partidista o politiquera y antigubernamental (“castrochavista”). Es política en el más exacto sentido del término, en tanto que expresa ante todo la voz de ciudadanos que reclaman sus derechos —a la vida, a la seguridad, a su cultura y organización—, que debe garantizar el presidente de la República, símbolo de la unidad nacional en un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria y pluralista, en cuyo ordenamiento jurídico los indígenas, sus comunidades y territorios tienen un especial reconocimiento. El suyo es un reclamo para que reconozcan y respeten efectivamente su cultura, sus derechos, sus autoridades. Buscan finalmente lograr consolidar un espacio político para la defensa de sus derechos e identidad. No es más pero tampoco menos, y para los indígenas ha sido fundamental desde el comienzo de la formación de la nación colombiana.
Parecería que en el Gobierno no entienden o subestiman ese sentido cultural y simbólico de la minga, especialmente de esta, pretendiendo reducirla a un simple reclamo de incumplimientos presupuestales, de compromisos adquiridos por gobiernos anteriores pero que comprometen al Estado, con el vano propósito de buscar transformar el reclamo político en una discusión técnica y “neutra” sobre ejecución de recursos. Llama la atención que tanto Álvaro Uribe como Iván Duque en su momento se reunieron o intentaron reunirse, caso de Duque, con las autoridades indígenas en mingas anteriores.
Está claro que reina la desconfianza entre las partes, tensionando la situación. No hay otra salida que un diálogo respetuoso, ágil y rápido sobre asuntos de interés común como son prioritariamente el cese de la violencia, el respeto a la vida, la captura de los asesinos, y el tema de los narcocultivos con un desarrollo alternativo efectivo. En este punto es claro, por simple lógica, que el Estado debe escucharlos y buscar establecer una forma de trabajo conjunto o al menos coordinado entre las dos autoridades, la tradicional y la estatal.
Escribo antes del paro nacional y las manifestaciones del miércoles, que pueden enredar el sentido y alcance de la minga; ojalá que no. Mientras tanto que alguien explique qué diablos fue a hacer el comisionado de paz, Miguel Ceballos, a Popayán, dizque a hablar con gobernadores de cabildos —tal vez para tratar de dividir a los indígenas y deslegitimarlos—, intento vano y bajo cuando la mayoría de ellos están en Bogotá. Crucemos los dedos para que el Gobierno entienda el significado de la minga y obre en consecuencia y rápidamente, en bien de todos los colombianos, indígenas incluidos.
