La ONU acusa al gobierno de Ecuador de amparar la esclavitud

El gobierno de Daniel Noboa no ha hecho nada para acabar la esclavitud de los trabajadores de la plantación Furukawa, denuncia la ONU.

Las víctimas de formas contemporáneas de esclavitud quedan en el limbo debido a la inacción del Estado, según expertos de la ONU

Más de un año después de que el Tribunal Constitucional de Ecuador reconociera las condiciones similares a la servidumbre en la empresa «Furukawa Plantaciones C.A.» en Ecuador, las víctimas de formas contemporáneas de esclavitud siguen viviendo en condiciones extremadamente precarias, según han declarado expertos de la ONU* en un comunicado oficial expedido en Ginebra

«Es muy preocupante que, a pesar de esta histórica sentencia, ni Furukawa Plantaciones C.A. ni el Estado ecuatoriano hayan aplicado plenamente las reparaciones ordenadas por el tribunal», han declarado los expertos.

«La sentencia reconoció violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos, entre ellas el trabajo forzoso, la servidumbre, el trabajo infantil y la falta de acceso a un trabajo digno, a la atención sanitaria, a la educación, a una vivienda adecuada, a la igualdad y a la no discriminación», han afirmado.

Las viviendas de los trabajadores de la plantación, no están en las mejores condiciones higiénicas.

Habitación de un trabajador de la plantación Furukawa. Foto BBC NEWS

La sentencia del Tribunal Constitucional, dictada el 5 de diciembre de 2024, determinó que el Estado ecuatoriano «no había impedido ni protegido contra estos abusos antes de 2018, permitiendo que persistieran durante décadas». Si bien el tribunal ordenó reparaciones integrales para las 342 víctimas, la aplicación ha sido mínima, limitándose a una disculpa pública del Gobierno en mayo de 2025.

Según se informa, Furukawa ha rechazado la sentencia y ha acosado sistemáticamente a los demandantes, entre otras cosas presentando denuncias penales infundadas y ofreciendo acuerdos extrajudiciales mínimos. Además, Furukawa ha despedido a todas las personas demandantes, dejando a muchas sin empleo, mientras que algunas personas trabajadoras han sido recontratadas en condiciones precarias. La empresa también habría lanzado una campaña de estigmatización pública, presentando a las personas demandantes como oportunistas, a pesar de las sentencias coherentes de los tres niveles del poder judicial que confirman la existencia de prácticas similares a la esclavitud. En la actualidad, Furukawa sigue operando y continúa con sus actividades de exportación de abacá.

Despidos masivos de trabajadores que protestan por las condiciones laborales en la plantación Furukawa en Ecuador, denunció también la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos

«La empresa Furukawa C.A. no solo ha sometido a las personas trabajadoras a una grave explotación laboral durante décadas, sino que también ha revictimizado a los supervivientes en lugar de reconocerlos y cumplir con sus obligaciones establecidas por la Corte Constitucional», afirmaron los expertos.

Daniel Noboa, presidente de Ecuador.

«Nos preocupa profundamente que el Estado ecuatoriano no haya tomado medidas efectivas ni garantizado reparaciones materiales, lo que crea un entorno de alto riesgo para los supervivientes y los defensores de los derechos humanos», señalaron. 

Algunas personas demandantes habrían intentado ocupar terrenos de la empresa para exigir las reparaciones y ahora se enfrentan a un desalojo. Según información recibida, Furukawa tiene previsto transferir tierras productivas a otras empresas agrícolas, lo que ha suscitado la preocupación de que se pueda recurrir a partes relacionadas para eludir el cumplimiento del proceso de reparaciones.

«Ecuador tiene ahora una oportunidad histórica para aplicar íntegramente la sentencia del Tribunal Constitucional, hacer justicia a las víctimas y evitar que se repitan prácticas similares a la esclavitud», afirmaron los expertos.

«Tanto el Estado como la empresa Furukawa deben actuar sin más demora para garantizar la plena reparación, la protección de las víctimas y la adopción de políticas que impidan que se repitan estas graves violaciones de los derechos humanos», añadieron. «De no hacerlo, se podría producir una escalada de las tensiones actuales, poniendo en peligro la vida de quienes ya han sufrido durante décadas».

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