La máxima prioridad sigue siendo la salud pública, advierte el FMI

(Foto POGONICI/ISTOCK BY GETTY IMAGES)

POLÍTICAS FISCALES PARA UN MUNDO TRANSFORMADO

Por Vitor Gaspar y Gita Gopinath

La actual pandemia COVID-19 ya ha impulsado una respuesta sin precedentes en la política fiscal de cerca de 11 billones de dólares en todo el mundo. Sin embargo, con los casos confirmados y las muertes aún aumentando rápidamente, los encargados de formular políticas tendrán que mantener la respuesta de salud pública su prioridad Número 1, manteniendo al mismo tiempo políticas fiscales favorables y flexibles y preparándose para un cambio económico transformador.

Ante una fuerte disminución de la producción mundial, ha sido necesaria una respuesta fiscal masiva para aumentar la capacidad sanitaria, reemplazar la pérdida de ingresos de los hogares y evitar las quiebras a gran escala. Pero la respuesta política también ha contribuido a que la deuda pública mundial alcance su nivel más alto en la historia registrada, con más del 100 por ciento del PIB mundial, por encima de los picos posteriores a la Segunda Guerra Mundial.

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Según la base de datos del Monitor Fiscal de las medidas fiscales de los países en respuesta a la pandemia COVID-19, que abarca una muestra representativa de más de 50 países, el apoyo fiscal mundial total hasta ahora se ha dividido casi uniformemente entre las medidas anteriores a la línea, medidas con un efecto directo sobre los ingresos y los gastos, como el aplazamiento de impuestos y transferencias de efectivo, y la ayuda por debajo de la línea, que incluye préstamos del sector público, inyecciones de capital y garantías gubernamentales.

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Política fiscal para la reapertura gradual del Gran Bloqueo

La necesidad de una acción fiscal no termina aquí, ya que no estamos fuera del bosque. A pesar de que muchos países salen tentativamente del Gran Bloqueo, a falta de una solución a la crisis de salud, persisten enormes incertidumbres sobre el camino de la recuperación.

La máxima prioridad sigue siendo la salud pública. Las políticas que atenúan los riesgos para la salud contribuyen sustancialmente al restablecimiento de la confianza y la confianza, ayudando así a la actividad económica y al empleo y reduciendo las tensiones en las finanzas públicas. Y en el futuro, los procedimientos de contención tempranos y específicos tendrán costos económicos y fiscales mucho más limitados, en comparación con un bloqueo general. Los datos precisos, oportunos y completos sobre la salud y los resultados socioeconómicos son esenciales para supervisar los brotes y reaccionar rápidamente a ellos, y proporcionar confianza a las personas de que se pueden manejar futuras oleadas de contagio.

En segundo lugar, la política fiscal tendrá que seguir siendo favorable y flexible hasta que se asegure una salida segura y duradera de la crisis. Si bien la trayectoria de la deuda pública podría derivar aún más en un escenario adverso, una reducción fiscal anterior a la garantía presenta un riesgo aún mayor de descarrilar la recuperación, con mayores costos fiscales futuros. Los responsables de la formulación de políticas deben preparar planes contingentes que puedan ampliarse de manera flexible para gestionar los riesgos sanitarios, económicos y fiscales derivados de brotes recurrentes. Para evitar retrasos en la entrega de soporte específico, puede ser necesaria una nueva generación de estabilizadores automáticos.

En tercer lugar, la crisis será transformadora. Muchos de los puestos de trabajo destruidos por la crisis probablemente no volverán. Será necesario facilitar la transferencia de recursos de sectores que pueden reducirse permanentemente, como los viajes aéreos, a sectores que se ampliarán, como los servicios digitales. El apoyo debe pasar del mantenimiento de puestos de trabajo al apoyo a las personas a medida que se reentrenan o se trasladan a todos los sectores.  Será necesario distinguir las empresas ilíquidas pero solventes de las insolventes.  Los gobiernos podrían tomar nuevas medidas, como el uso de bonos convertibles y la inyección de capital en empresas estratégicas y sistémicas (o incluso nacionalizar temporalmente). Muchos países también tendrán que tomar medidas rápidas y decididas para mejorar los mecanismos legales para resolver el sobreendeudamiento y prevenir las cicatrices económicas a largo plazo.

Mantener los niveles de deuda sostenibles

La necesidad de un apoyo fiscal continuo es clara, pero esto plantea la cuestión de cómo los países pueden financiarla sin que la deuda se vuelva insostenible. En 2020, en relación con las Perspectivas Económicas Mundialesde enero de 2020,se espera que los déficits fiscales sean más de cinco veces superiores en las economías avanzadas (AE) y que se dupliquen en las economías de mercados emergentes(EME), lo que llevó a un salto sin precedentes en la deuda pública de 26 y 7 puntos porcentuales del PIB, respectivamente.

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Muchos gobiernos se beneficiarán de los costos de endeudamiento que están en mínimos históricos y se prevé que se mantengan así durante mucho tiempo a medida que la crisis aumente el ahorro preventivo y ategre la demanda de inversión. Además, con economías proyectadas para funcionar por debajo del potencial durante un tiempo, las presiones inflacionarias seguirán silenciadas y también lo hará la necesidad de que los bancos centrales aumenten las tasas de interés. Se espera que la deuda pública se estabilice en 2021 (excluyendo a Estados Unidos y China), estimulada por las bajas tasas de interés y un fuerte repunte previsto de la actividad económica en la línea de base.

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Aún así, se recomienda precaución. Hay una gran diversidad en los niveles de deuda y capacidades de financiación entre los países y una gran incertidumbre en torno a las previsiones. Los costos de endeudamiento pueden aumentar rápidamente, en particular para las economías emergentes y los mercados fronterizos, como fue el caso en marzo. Garantizar un camino de regreso a los equilibrios fiscales sostenibles también será clave en los países que entraron en esta crisis con deudas ya elevadas y bajo crecimiento. Los gobiernos tendrán que seguir un plan fiscal creíble a mediano plazo que se base en la mejora de la movilización de ingresos, incluso minimizando la evasión fiscal, una mayor progresividad fiscal en algunos casos, los precios del carbono y una mayor eficiencia en el gasto (por ejemplo, eliminando los subsidios a los combustibles fósiles). La comunicación transparente de cualquier plan ayudará a contener la volatilidad potencial en los mercados de deuda soberana en la transición. Además, las instituciones internacionales deben garantizar que el acceso a la liquidez internacional no se vea interrumpido por los pánicos autocumplidos del mercado.

La comunidad internacional también debe garantizar que los países en desarrollo vulnerables de bajos ingresos que carecen de recursos para apoyar los sistemas de salud y mantener las líneas de vida tengan acceso a financiación concesional y, en algunos casos, subvenciones. Setenta y dos países ya han recibido asistencia de emergencia del FMI, pero se necesitará mucho más apoyo bilateral y multilateral. Y las naciones más pobres pueden necesitar un alivio continuo de la deuda, incluso a través de la Iniciativa de Suspensión del Servicio de La Deuda del G20.

Políticas Fiscales post-COVID 19

Una vez que la vacuna y las terapias efectivas contra COVID-19 estén ampliamente disponibles, entraremos en un mundo post-COVID y escaparemos verdaderamente del Gran Encierro. Esto sólo será posible si la solidaridad internacional permite el acceso a tratamientos y vacunas para todas las personas, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. En esa etapa, los gobiernos deben reorientar la política fiscal hacia un crecimiento resiliente, sostenible e inclusivo.

Los responsables de la formulación de políticas deben abordar el aumento de la pobreza y la desigualdad, así como las debilidades estructurales expuestas por la crisis para prepararse mejor para futuros shocks. Esto incluye invertir en sistemas de salud más sólidos, redes de seguridad social con mejores recursos y digitalización. Las autoridades deben apoyar activamente las inversiones respetuosas con el clima que promuevan un crecimiento más ecológico, rico en empleo e impulsado por la innovación. La política fiscal también debe abordar la desigualdad mediante el gasto destinado al acceso universal a la salud y la educación y a los sistemas fiscales progresivos.

No es posible pronosticar con gran confianza cómo se verá el mundo post-COVID 19. Sin duda, las transformaciones serán profundas. Sea cual sea el aspecto futuro, requerirá políticas fiscales flexibles que faciliten el cambio estructural, aborden la desigualdad y apoyen la transición hacia un futuro más verde.

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