Nunca es un buen momento para un desastre natural. Pero para Venezuela, los terremotos consecutivos de la semana pasada, de magnitud 7,2 y 7,5, llegaron en medio de una situación particularmente delicada.
Las últimas décadas han sido desastrosas para Venezuela. La caída de los precios del petróleo, el mal manejo de la economía, la corrupción y las sanciones han convertido a un país que antes era próspero en uno con un sistema de salud colapsado, una red eléctrica deteriorada y la tasa de inflación más alta del mundo.
Los últimos seis meses también han sido caóticos para el país. En enero, Estados Unidos capturó al presidente Nicolás Maduro. Desde entonces, Venezuela se ha transformado, en los hechos, en un Estado vasallo —el gobierno de Trump controla la mayor parte de los ingresos por exportaciones del país desde una cuenta de Citibank en Nueva York— con una líder venezolana que depende de Estados Unidos para mantenerse en el poder, pero que, en teoría, más adelante deberá convocar a elecciones libres.
El resultado ha sido un complicado proceso de ayuda tras el desastre, marcado por la política y entorpecido por un Estado ineficaz con pocos recursos. Los terremotos han dejado más de 1700 muertos —una cifra de víctimas mortales que muy probablemente aumentará considerablemente en los próximos días—, y se han convertido en una prueba para el nuevo gobierno del país y su flamante relación con Estados Unidos. Las próximas semanas revelarán mucho sobre el rumbo que tomará este extraño nuevo arreglo.
‘Lo que viene después es más difícil’
El gobierno de Trump ha presentado de manera constante a Venezuela como uno de sus grandes éxitos en política exterior. Derrocó a Maduro de la noche a la mañana; el petróleo empezó a fluir; el país estaba “feliz” (lee en español lo que realmente opina su gente). Incluso después de los terremotos, el presidente estadounidense mencionó el petróleo de Venezuela en un discurso, en el que señaló que “hemos sacado millones de barriles de petróleo y hemos pagado la guerra con creces”.
Y después de los terremotos, no tardó en prometer ayuda. El secretario de Estado, Marco Rubio, se comprometió rápidamente a lo que llamó una “respuesta de todo el gobierno”.
“Será grande; será rápida, y será eficaz”, dijo.
Civiles y personal médico de urgencias buscaban sobrevivientes en Venezuela el sábado. Foto Adriana Loureiro Fernandez para The New York Times
El gobierno organizó un equipo de respuesta al desastre integrado por más de 250 personas, incluidos tres equipos de búsqueda y rescate. También desplegó un buque de la Marina para brindar apoyo médico. Y, hasta ahora, ha prometido un total de 300 millones de dólares para las labores de ayuda.
Hablé con mi colega Anatoly Kurmanaev, que se encuentra en Venezuela. “La cuestión es que ahora Trump tiene que pasar de las palabras a los hechos”, me dijo Anatoly. “No ha parado de repetir el gran éxito que Venezuela ha sido para Estados Unidos”. Esa historia, dijo, está a punto de complicarse mucho más.
Estados Unidos solo está ofreciendo una fracción de los fondos que Venezuela necesita tras los terremotos. Como informa mi colega Simon Romero (lee su reportaje, en español), las estimaciones de las pérdidas económicas causadas por los sismos oscilan entre los 10 y los 100 millardos de dólares. Para poner esas cifras en contexto, 10 millardos de dólares equivalen al 10 por ciento de la producción económica anual total de Venezuela, escribe Simon.
Por ahora, la respuesta ante la catástrofe sigue en la fase de búsqueda, rescate y recuperación. Ha sido dura, pero políticamente también ha sido sencilla, me dijo Anatoly.
“Todo el mundo tiene el mismo objetivo: salvar vidas”, dijo. “Lo que viene después es más difícil. ¿Cómo reconstruyes? ¿Con quién trabajas? ¿A quién le das poder?”.
En Venezuela, la disputa por quién terminará dirigiendo el país sigue en marcha. Y es inevitable que las secuelas de los terremotos influyan en ese proceso.
Un Estado debilitado
Mi colega Frances Robles contó una anécdota reveladora la semana pasada.
El partido de oposición del país había movilizado a voluntarios para recolectar donaciones como pañales, agua embotellada y ropa usada para los sobrevivientes de los terremotos cuando se topó con un obstáculo inesperado: la Policía Nacional.
Agentes de policía intentaron cerrar un centro de acopio en el estado de Portuguesa, según le contó a Frances una líder de la oposición, con el argumento de que todas las donaciones se debían canalizar a través del gobierno. En otros lugares, las colectas organizadas por la oposición tampoco podían exhibir letreros con la leyenda “centro de acopio”, porque esas palabras estaban reservadas para los puntos de recolección autorizados por el gobierno, una muestra de lo politizadas que ya estaban las labores de respuesta al terremoto.
Los familiares de las víctimas esperaban el lunes frente a una morgue improvisada al aire libre en La Guaira. Foto Fabiola Ferrero para The New York Times
Venezuela es, si no un Estado fallido, sí uno totalmente debilitado. Y los terremotos lo han puesto de manifiesto, dijo Anatoly. La respuesta del gobierno ha sido desastrosa. La gente está enfadada.
La presidenta Delcy Rodríguez, que asumió el cargo con el visto bueno de Estados Unidos tras la destitución de Maduro en enero, nunca fue popular y ahora lo es aún menos.
Estados Unidos nunca ha parecido particularmente interesado en restaurar la democracia en Venezuela. En lugar de exigir un cambio de régimen, imponer elecciones o apoyar a la líder de la oposición exiliada y premio nobel María Corina Machado, apostó por la continuidad y la estabilidad con Rodríguez.
Sin embargo, tras una crisis humanitaria que ha desatado una nueva ola de ira contra el gobierno, quizá ni siquiera consiga eso. O tal vez sí, pero puede que tenga que pagar un precio.
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