La Constitución colombiana prohíbe expresamente al Estado censurar el contenido ideológico y artístico de las realizaciones culturales
CLARA LÓPEZ OBREGÓN
Las paredes vacías del Museo Nacional de Colombia revelan el alcance de la batalla cultural emprendida por Abelardo de la Espriella. Al descolgar las obras y objetos de las memorias que incomodan al poder, su Gobierno pone en jaque el pluralismo de la Constitución de 1991 y coloca en disputa quién puede reconocerse como parte de la nación, sin someterse al credo presidencial.
El 15 de octubre, el mandatario anunció que promovería el cambio de nombre del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes por el de Cultura y Patrimonio. Declaró una contrarrevolución cultural contra el wokismo y ordenó eliminar de los espacios públicos lo que calificó de apología del terrorismo. Esa misma tarde comenzaron los retiros.
La Silla Vacía documentó 47 piezas desmontadas de dos salas permanentes. Entre lo retirado aparecen testimonios de las luchas feministas y LGBTIQ+, de la violencia política, de la paz y del movimiento que abrió paso a la Constitución de 1991. También sacaron el libro Ideales feministas, de Lucila Rubio de Laverde, publicado en 1950. Los guiones de esas salas se construyeron durante gobiernos anteriores al de Gustavo Petro. Reducirlos a propaganda del Gobierno saliente falsea su historia y niega identidades.
La Constitución define a Colombia como un Estado social de derecho, democrático y pluralista. Protege la diversidad cultural, la igualdad, la libertad de expresión y la creación artística. El artículo 1o, numeral 4, de la Ley General de Cultura prohíbe expresamente al Estado censurar el contenido ideológico y artístico de las realizaciones culturales. El patrimonio incluye las luchas de quienes debieron conquistar el reconocimiento de su ciudadanía. Suprimirlas del relato nacional impone una jerarquía entre colombianos y colombianas. La mayor parte de las obras retiradas fueron de mujeres.
La purga cultural coincide con una transformación de los símbolos del mando. El presidente exhibe una pistola al cinto, incluso ante niños; celebra las bajas producidas en operaciones militares y convierte cuerpos de muertos en escenografía de poder. Alarma la convergencia de una memoria depurada de disidencias y una autoridad que pretende legitimación mediante la intimidación.
Ese lenguaje adquiere consecuencias cuando su proyecto de Estatuto Antiterrorista propone un registro administrativo inspirado en las listas estadounidenses de sanciones al estilo OFAC. La Corte Suprema ha advertido que contiene severos riesgos constitucionales por sus efectos penales y patrimoniales, sin mediación judicial ni garantías de debido proceso. La alarma aumenta cuando el presidente vincula al Gobierno anterior con estructuras terroristas. Resuena aquí la campaña internacional contra el llamado terrorismo de extrema izquierda que Marco Rubio presentó en Washington el 16 de julio, auspiciado por la Administración Trump. Convertir al adversario político en enemigo de la seguridad amenaza las condiciones y el ejercicio mismo de la oposición democrática.
Colombia conserva controles. Un juez de tutela ordenó provisionalmente proteger las piezas y detener nuevos retiros, pero falta resolver su exhibición. Las objeciones judiciales y la protesta ciudadana —esta última disuelta con caños de agua— muestran capacidad de respuesta. Su eficacia se medirá en la restitución de los derechos afectados.
La democracia exige límites al poder de la mayoría para excluir y discriminar. Defender hoy las memorias retiradas es defender la libertad de quienes mañana podrían ser señalados y vulnerados. La Constitución sigue vigente y corresponde a las instituciones y a la ciudadanía hacerla valer frente a la ofensiva de la batalla cultural que se adelanta en su contra.
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