Por Carlos Alfonso Velásquez
En detrimento de su credibilidad, el gobierno está mostrando dos caras opuestas frente al aborto en Colombia. Veamos.
Cuando la Corte Constitucional despenalizó el aborto hasta la semana 24 de la gestación de una nueva vida, estábamos en plena campaña y el único candidato que se desmarcó del “hay que respetar la sentencia” fue Petro al declarar: “la meta es aborto cero”, mostrándose así coherente con su slogan “Colombia potencia mundial de la vida”. Seguramente en su postura influyó el que pocos días antes el mismo candidato había sido recibido por el Papa Francisco en un encuentro informal.
Complementando a su esposo, a mediados de enero de este año la primera dama, Verónica Alcocer, fue recibida en audiencia privada por el mismo Papa para hablar, entre otros, sobre la violencia intrafamiliar y el maltrato a la mujer y a los niños con miras en la “la paz total”. Y cómo ella se ha declarado “provida”, probablemente no se sintió incómoda con quien pocos días antes, en su discurso anual a los diplomáticos extranjeros en la Santa Sede, había criticado a los países occidentales y a la ONU por promover el aborto diciendo: “La paz requiere ante todo la defensa de la vida, un bien que hoy está amenazado no solo por los conflictos, el hambre y la enfermedad, sino con demasiada frecuencia incluso en el seno materno, mediante la promoción de un supuesto derecho al aborto”.
Visto lo anterior, ¿cómo entender que casi al mismo tiempo en que se desarrollaba la audiencia concedida a la primera dama en el Vaticano, el Ministerio de Salud haya expedido la Resolución Nr. 051 del 12-01-2023, cuyo mensaje en su trasfondo es: “’derecho’ al aborto sí o sí”?
Dejando de lado que el acto administrativo pueda ser demandado por un presunto prevaricato por acción debido a que el ministerio sólo puede reglamentar leyes y no sentencias, volvamos al trasfondo de la resolución refiriéndonos a unos apartes del artículo 8. Allí no se respeta el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario, ni el derecho a la patria potestad, que no es un derecho de los padres, sino un derecho de los niños a ser tutelados por sus progenitores. ¿Cómo se va a permitir que una niña de 14 años aborte sin el consentimiento de sus padres? ¡Que paradoja!, a los menores de edad no se les permite consumir licor ni fumar, pero sí abortar a un bebe por nacer.
Pero hay otras muestras de la ideologización de la ministra Corcho. El mismo artículo pretende cerrar las puertas para que cualquiera de las más de 20 organizaciones de la sociedad civil como “Unidos por la Vida”, ejerzan su noble labor de brindar el apoyo total a la mamá que esté enfrentando un embarazo inesperado o alguna situación de crisis relacionada.
Aún más, el mismo numeral facilita que los potenciales papás queden liberados de su corresponsabilidad, y los hombres abusadores o violadores queden impunes. La alta cifra de embarazos anuales en Colombia de niñas entre 10 y 14 años indica hasta dónde llega el acceso carnal violento y el abuso sexual de menores, pues no se dirá que son relaciones “consensuadas”. De esos familiares abusadores, de esos hogares rotos brotan rabias y violencias de toda índole. ¿Así se contribuye a la paz total?
