Por Salvador Alvarez
La soberbia de Francisco Barbosa autoproclamado como el personaje más preparado y culto de Colombia y que reclama para sí el segundo cargo más importante dentro de la jerarquía del Estado colombiano, está usando los recursos oficiales provenientes de los impuestos para hacer política de oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro.
En la tarea lo acompañan la Procuradora General de la Nación Margarita Cabello Blanco y los medios de comunicación de los grupos económicos, prestos a abrir micrófonos y páginas, es decir la capa voladora, para atacar las políticas oficiales del gobierno de izquierda y los proyectos de ley enfocados a corregir desigualdades sociales y la corrupción que el sistema judicial vigente ampara con impunidad.
Como una caricatura de superhéroe, investido por el respaldo que le dieron la Corte Suprema de Justicia y el ex presidente Iván Duque para su elección, Barbosa anuncia que no va a permitir que el Congreso apruebe el proyecto de ley de Reforma a la Justicia.
Cree que es la cabeza de la rama judicial y habla en nombre de ella para enfrentar a las otras dos ramas del poder público: ejecutivo y legislativo.
¿Sabrá, seguro que sí lo sabe, que es en el Congreso de la República donde se hacen las leyes que deben obedecer los colombianos, incluidos jueces y funcionarios públicos?
Por más que se crea el prohombre que la patria no ha consagrado, Barbosa debe respetar a las instituciones y al resto de los colombianos inferiores a él.
También se opone a las iniciativas del gobierno para consolidar la paz como se lo ordena la Constitución Nacional y entra a descalificar e irrespetar personalmente al Comisionado Presidencial Para la Paz porque le pide antecedentes judiciales o expedientes para la designación de los eventuales facilitadores del proceso pacificación con grupos armados y bandas delincuenciales.
Margarita, la procuradora, se despeina para hacerle la segunda a ésta versión inflada de tira cómica a quien las normas legales le ordenan “Suministrar al gobierno información sobre las investigaciones que se estén adelantando, cuando sea necesaria para la preservación del orden público”, sin desconocer que también está obligado este infalible justiciero de “participar en el diseño de la política del Estado en materia criminal y presentar proyectos de ley al respecto”, cosa que no ha hecho, a pesar de su ecuménica sabiduría.
Ambos, Procuradora y Fiscal, disparan contra el gobierno izquierdista desde los cargos públicos con la autonomía administrativa y presupuestal, es decir con plata de los impuestos.
En las narices de estos modernos justicieros colombianos se robaron $70 mil millones del pretendido programa Duquista para llevar la educación a través de internet a todo el país; miles de millones de pesos en el programa de alimentación escolar y la inoperancia del Instituto de Bienestar Familiar para afrontar la desnutrición que ha matado a centenares de niños pobres de Colombia.
Estos, que son pocos de los muchos delitos de cuello blanco ocurrieron durante el gobierno anterior que respaldó sus designaciones para que en Colombia no pasara nada con la corrupción.
