Élmer Fernández, teniente coronel retirado de la Policía Nacional, cumpliría 58 años el próximo lunes, 20 de mayo. Un ataque de sicarios frustró la celebración del uniformado oriundo de Piendamó, Cauca. No fueron tranquilos sus últimos días. Aunque a duras penas llevaba un mes en su nuevo trabajo como director de la cárcel La Modelo de Bogotá, ya había recibido amenazas de muerte en contra de su familia. Esta penitenciaría, con capacidad para 2.900 reclusos pero que alberga a más de 5.000, es una de las más grandes del país y ha sido escenario de episodios violentos, que retratan la crisis del sistema carcelario. Por ejemplo, uno de los antecesores de Fernández en el puesto, William Gacharná, reconoció ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que por los pasillos del centro de reclusión se cavaban fosas para desaparecer cuerpos; y, en 2020, un motín dejó 24 fallecidos. A esta lista de sucesos se suma ahora el homicidio de Fernández, un policía con casi cuatro décadas de experiencia.
En enero de 1985, con solo 19 años, Élmer Fernández se unió a la Policía Nacional. En la institución duraría un poco más de dos décadas, escalando en la jerarquía. Sin embargo, en 2009, su constante progreso se truncó. La junta encargada de definir los ascensos del grado de teniente coronel al de coronel, decidió no recomendarlo para el cargo. Fernández demandó esa decisión y tras siete años la ganó. Así, en 2016, fue reintegrado como teniente coronel y pocos meses después la junta decidió, de nuevo, no llamarlo al ascenso. A pesar de ganó una tutela para tumbar esa negativa, en el entretanto el ministro de Defensa de la época, Luis Carlos Villegas, decidió retirarlo de la policía. Fue por eso que salió definitivamente del servicio en 2017.
A lo largo de esos años estudió un pregrado en Administración de Empresas, una especialización en Recursos Humanos y una maestría en Seguridad. Ocupó distintas posiciones: fue comandante de seguridad ciudadana de la Policía Nacional en el departamento de Boyacá, fue jefe de la avanzada de la Presidencia de la República y dirigió la Escuela de Carabineros de Vélez, Santander.
En 2012, durante su periodo por fuera de la Policía, estuvo involucrado en un proceso judicial que buscaba determinar la legalidad de la compra que hizo de un lujoso apartamento que anteriormente perteneció a Carlos Castaño, líder máximo de los paramilitares agrupados en las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Era una propiedad avaluada en 2.000 millones de pesos, alrededor de 1,1 millones de dólares de la época. Francisco Zuluaga, alias Gordolindo, un narcotraficante que intentó hacerse pasar por paramilitar en 2005 para acogerse a la justicia transicional y así evadir la extradición a Estados Unidos, la incluyó en una lista de más de 20 inmuebles que podrían utilizarse para reparar a las víctimas. Fernández, quien había comprado previamente el apartamento, se opuso judicialmente a perder el apartamento y el asunto escaló hasta la Corte Suprema de Justicia.
El fallo, que había sido adverso al teniente coronel en primera instancia, fue ratificado por los magistrados del alto tribunal. En una decisión de 40 páginas resolvieron que Fernández no actuó de manera diligente al momento de adquirir el apartamento, sobre el que pesaban deudas tributarias y medidas cautelares, y que en el proceso de la compraventa se identificaron diferentes irregularidades. “La realidad fáctica mostraba una situación jurídica diferente a la plasmada en el registro de instrumentos públicos (…) lo cual era fácilmente advertible por cualquier persona con un mínimo de prudencia y diligencia que no mostraron los señores Élmer Fernández y Delia Mejía [esposa]. Por tal razón, no puede considerarse a estos últimos como terceros adquirentes de buena fe exenta de culpa”, se lee en la providencia.
Después de colgar de manera definitiva el uniforme, como muchos de sus colegas, Fernández entró al Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario), encargado de ejecutar las penas y medidas de seguridad impuestas por los jueces penales y de custodiar las prisiones. Desde 2020 fue director de la cárcel La Esperanza, en Guaduas, Cundinamarca, un centro relativamente reciente (inaugurado en 2011), de media seguridad y que puede recibir a 2.800 reclusos. Un interno del lugar, el pasado enero, denunció la existencia de una red conformada por guardias y convictos para el contrabando de alimentos y bebidas. El periódico El Tiempo, además, informó que desde octubre de 2023 se tenía conocimiento sobre el presunto control que algunos internos ejercían sobre algunos pabellones del centro de reclusión, violentando a todos aquellos que no siguieran sus órdenes. Sobre el tema, Fernández respondió: “El establecimiento ha tomado medidas pertinentes a dicha situación haciendo énfasis absoluto a lo solicitado garantizando la integridad física y personal de la población privada de la libertad que está siendo vulnerada”.
La estancia del teniente coronel en Guaduas acabó hace aproximadamente un mes. De allí fue enviado a Bogotá, a la cárcel Modelo. El ambiente hostil rápidamente se le manifestó. Un recluso que se hace llamar Pedro Pluma le envió un recado intimidante. “Para que vea que yo si tengo poder y si me trasladan le mato la familia”, e iba con fecha del 9 de mayo. Siete días más tarde, hombres armados acabaron con la vida de Fernández.
