JUAN ESTEBAN LEWIN P.
Colombia tenía varios años sin ver ciertas imágenes. Jóvenes marchando por la carrera séptima de Bogotá. Consignas contra el uribismo. Grafitis en fachadas. Esta semana, a menos de dos semanas de las elecciones, volvieron, Volvieron y golpearon de lleno la campaña presidencial.
El jueves, decenas de manifestantes que recorrían la icónica avenida bogotana llegaron a la altura de la calle 54, donde funciona una sede de campaña de la senadora y candidata presidencial uribista Paloma Valencia. Con saltos, cánticos y pancartas criticaron su aspiración. Luego, algunos fueron más lejos: arrancaron afiches, escribieron insultos como “asesinos”, “paracos” o “uribestia”. La campaña repudió lo que llamó la «vandalización» de su sede.
Apenas un día antes, el expresidente Álvaro Uribe —padrino político de Valencia y figura tutelar de la derecha colombiana— había prendido las alarmas por lo que describió como un ataque a su casa familiar en Rionegro, Antioquia. Llamó “acto de provocación y hostigamiento” a la presencia de decenas de manifestantes que se tomaron la fachada lateral de un puente cercano a su vivienda para hacer una pintada con un mensaje alusivo a los asesinatos de civiles por militares conocidos como falsos positivos, y que ocurrieron en su mayoría durante el octenio del político antioqueño. «7.837 almas que no te dejarán dormir», se leía, en referencia al conteo de víctimas de ese fenómeno criminal que ha reconocido la Jurisdicción Especial para la Paz.
Los dos episodios son distintos en escala y en blanco, pero comparten el mismo repertorio: la protesta callejera, los grafitis, la presión simbólica sobre figuras del uribismo. Es un repertorio que no solo viene de décadas de movilizaciones sociales, sino que despierta recuerdos muy precisos y más recientes.
Entre 2019 y 2021, el país vivió una oleada de movilizaciones que redefinió el debate político. Jóvenes en las calles, enfrentamientos con la fuerza pública que incluyeron abusos de la fuerza, personas muertas e infiltraciones; discusiones encendidas sobre los límites de la protesta pacífica y la legitimidad de ciertas formas de acción colectiva. Se convirtió en un sello reconocible del estallido social de 2019 y del apro nacional de 2021. Ese ciclo marcó profundamente a Colombia y contribuyó, en buena medida, al triunfo de Gustavo Petro en 2022. Luego, durante el gobierno de izquierda, ese repertorio quedó en buena medida en pausa. No desapareció del todo —en 2025, jóvenes pintaron en Medellín «las cuchas tenían razón», en respaldo a las madres buscadoras que por años señalaron que sus hijos estaban enterrados en La Escombrera, y que resultaron tener razón—, pero dejó de ser el eje del debate político nacional. Esta semana reapareció. Y el debate que desató se parece mucho al de aquellos años.
Para el uribismo y buena parte de la derecha, lo ocurrido en Rionegro y en Bogotá es parte de un mismo patrón: una acción que cruza la línea de lo simbólico hacia lo violento, que impone mensajes a los demás ciudadanos y que agrede espacios privados o públicos. Para voces del petrismo, en cambio, se trata de manifestaciones culturales legítimas, formas naturales de la protesta pacífica con una larga tradición en el país.
El debate llegó tarde a esta campaña, pero no por eso es seguro que se vaya pronto. Las encuestas indican que el 31 de mayo pasarán a la segunda vuelta el senador oficialista Iván Cepeda y alguno de los dos candidatos de la derecha, ya sea Valencia o el ultra Abelardo de la Espriella. Cuando eso ocurra, las preguntas que esta semana volvieron a la superficie —sobre la protesta, sus límites, la memoria del paro, la fractura del espacio político entre derecha e izquierda, sin matices— probablemente ocupen un lugar central. Colombia lleva años construyendo esa dicotomía. Un par de grafitis no la va a resolver.
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