Por Jaime Burgos Martínez*
En el campo político e ideológico se habla de «superioridad moral»cuando un grupo intenta monopolizar la agenda ética. La defensa de los derechos humanos, la justicia social o las causas ecológicas se utilizan como mecanismos de legitimación o «poder blando».
La finalidad es neutralizar los argumentos de los adversarios y situarse un escalón por encima en el debate. Por ello, las banderas de la igualdad de clases y la redención ecológica se han convertido en la mercancía electoralmás cotizada de nuestro tiempo. Son causas nobles, sin duda, capaces de conmover al electorado más escéptico.
Sin embargo, detrás de la mística del discurso, la realidad matemática suele reclamar sus fueros con una crudeza implacable: «el encanto dura lo que dura el presupuesto». Cuando la política sustituye la eficiencia técnica por la superioridad moral, el desastre financiero es solo cuestión de tiempo. ¡Si no, pregúntese al Gobierno saliente!
Trató de purificar el planeta y redimir a las masas, pero se entregó a la piadosa tarea de multiplicar los entes estatales, inflar los recursos del erario y erigir aparatos tan redundantes como costosos —como el Ministerio de la Igualdad y la Equidad—.
Es en esa densa y sacrosanta penumbra de la discrecionalidad burocrática donde los fondos públicos, con una agilidad casi milagrosa, se transmutan en patrimonios privados. El discurso ecológico y la igualdad de clases operan, así, como el perfecto desinfectante ético.
Fuera de ello, cualquier intento por auditar las cuentas o denunciar el saqueo patrimonial se enfrenta, en la actualidad, al amañado concepto de la desobediencia civil. Ya no se trata de un acto de protesta político y social encaminado al incumplimiento intencionado, público y pacífico de una ley por considerarse injusta.
Ahora se deja entrever una componenda para aumentar el ocultamiento de la corrupción del Gobierno saliente. La desobediencia civil se alega con vehemencia gracias a un piadoso descuido constitucional: la falta de reglamentación del artículo 37 de la Constitución Política, que consagra el derecho a la reunión pública y pacífica.
Si bien el acto de protesta se protege, la infracción a la ley debe ser sancionada. Mantener el derecho a la manifestación en una nebulosa jurídica no es pereza normativa, sino el pretexto perfecto para que las obstrucciones sistemáticas —los bloqueos permanentes— estrangulen al país con total impunidad. La omisión legal deviene así en la herramienta predilecta del caos.
Poner fin a esta estudiada intemperie estatutaria es el primer deber del nuevo mandato si pretende rescatar las instituciones del manipulado chantaje popular.
La prosperidad de una nación no se decreta en los altares de la retórica progresista, ni la igualdad se alcanza destruyendo los incentivos de la producción. Ambas se construyen con seguridad jurídica, cuentas claras y un respeto escrupuloso a la realidad fiscal.
Mientras sigamos canjeando votos por consignas celestiales, el resultado no cambiará. Seguiremos financiando el negocio de la igualdad: ahí donde la desobediencia civil es el santuario del caos y las billeteras terrenales son el verdadero milagro.
*Jaime Burgos Martínez
Abogado, especialista en derechos administrativo y disciplinario.
Bogotá, D. C., julio de 2026
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