Por Jaime Burgos Martínez*
Asegurar que la Procuraduría General de la Nación arrastra una década de deficiencias no es una agresión gratuita; es la simple acta de defunción de su eficacia. Lo que nació como un severo órgano de control es hoy una fastuosa pasarela política.
Expertos y comisiones de reforma coinciden, con unánime fatiga, en el secreto peor guardado del país: la forma en que opera el organismo en cuestión. Según sus detractores, la entidad actúa con demasiada frecuencia como el garrote predilecto del procurador de turno, útil para fustigar al enemigo (en especial a servidores de elección popular) y cubrir con un espeso manto de piedad al aliado.
Por ello, el 8 de julio de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le recordó al Estado —con la contundencia de una condena— los rudimentos del derecho penal. Una autoridad puramente administrativa carece de la potestad para despojar de sus derechos políticos a los elegidos por el voto popular. Pretender lo contrario es oficiar de juez sin la toga, las competencias ni la imparcialidad requeridas.
Pese a los fingidos malabarismos para acatar el fallo internacional, bendecidos localmente por la Corte Constitucional en su sentencia C-030 de 2023, la estructura actual sigue rozando el absolutismo burocrático. Hoy, en contra del derecho procesal moderno, un mismo ente investiga, acusa, recaba pruebas y dicta la sentencia.
Es doloroso reconocer este extravío. Especialmente cuando los afectos que se tienen hacia la institución obnubilan el juicio, tras haber dedicado muchos años de honesta prestación de servicios en sus propias entrañas.
Sin embargo, este diseño —donde los tímidos intentos de división interna son mero maquillaje estético— perpetúa una pirámide vertical sometida al dictamen final del Procurador General. Mantener este coloso cuesta una fortuna que sonroja.
Con una nómina que ronda los cuatro mil funcionarios y un presupuesto que engorda con la alegría del dinero ajeno, sus dividendos en la lucha contra la gran corrupción resultan magros, tirando a invisibles.
Ante tal parálisis, y frente a la amenaza de un senador electo de eliminar la entidad mediante un acto legislativo —que revive las tesis de un pariente constituyente —, la salvación no admite cosmética. Exige una cirugía drástica: dividir su poder desmesurado en cuatro frentes claros para acabar con la duplicidad de funciones y el desacato internacional.
La primera reforma impone confirmar su naturaleza jurídica de ente meramente administrativo. Por sanidad democrática, jamás podrá volver a suspender, destituir o inhabilitar a alcaldes, gobernadores o congresistas.
Frente a los cargos de elección popular, su rol debe rebajarse a la llanura de la investigación: indagar, formular cargos y, si halla mérito, acudir como simple acusador ante el Consejo de Estado. Será este tribunal, que sí ostenta dignidad judicial, el encargado de sentenciar con garantías reales.
En segundo término, el organismo debe curarse de su obsesión por la minucia burocrática. Perseguir faltas menores —como las llegadas tarde o las agrias peleas de pasillo— constituye un flagrante desperdicio de tinta y salarios.
Esas nimiedades corresponden, con carácter definitivo, a las oficinas de control interno de cada ministerio, alcaldía o gobernación. Allí deben vigilarse los empleados de carrera, provisionales o de libre nombramiento.
Finalmente, despojada de su voluminosa burocracia y del abuso político, la institución tendría que refundarse como un órgano de élite. Su poder preferente debe concentrarse de forma exclusiva en los asuntos de verdadera envergadura.
Hablamos de la defensa de los derechos humanos ante los posibles excesos de la fuerza pública y del estricto control de la contratación estatal de alto impacto económico, verdadero cáncer que carcome las finanzas públicas. Esto incluye meter también en cintura la desbocada prestación de servicios y sus nóminas paralelas, sancionadas años atrás.
Bajo este mismo criterio de austeridad y trascendencia, su histórica función de ministerio público ante las autoridades judiciales y la emisión de conceptos quedarán reducidas a su mínima expresión. No se puede seguir malgastando el prestigio institucional en formalismos estériles que solo dilatan los procesos y engrosan los archivos.
Desmantelar este elefante blanco, en el que se ha transformado dolorosamente la otrora respetable e inolvidable Procuraduría, no constituye una revancha política; es un imperativo de supervivencia democrática y de elemental higiene institucional. Al fin y al cabo, el exceso de burocracia nunca ha sido sinónimo de justicia, sino su más pesado lastre.
*Jaime Burgos Martínez
Abogado, especialista en derechos administrativo y disciplinario
Bogotá, D. C., julio de 2026
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