El ocaso de la carrera política de Mario Castaño comenzó antes de su captura. Faltaba una semana para las elecciones legislativas de 2022 cuando, el 5 de marzo, las autoridades aprehendieron a nueve personas acusadas de pertenecer a una red criminal que cobraba sobornos a cambio de la adjudicación de millonarios contratos con entidades públicas. Los detenidos estaban relacionados con el entonces senador liberal, quien estaba volcado en su campaña para asegurar un tercer periodo consecutivo en el Congreso. Logró su objetivo gracias a 68.315 votos, pero antes de posesionarse fue arrestado. Pronto la verdad salió a flote en un caso que ha ido creciendo como una bola de nieve hasta salpicar a otros políticos de peso. Pierre García, director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) durante el final del mandato de Iván Duque, es el más reciente.
Castaño dominaba el Partido Liberal del departamento de Caldas, de donde era oriundo, aunque poco lo conocía el ciudadano de a pie en otras regiones. Estudió Contaduría, se especializó en Gerencia y acumuló experiencia como docente universitario y servidor público. Incursionó con éxito en la política electoral en 2014, al llegar a la Cámara, y cuatro años más tarde revalidó su vigor saltando al Senado. Aquellos años lo catapultaron. Por la influencia que tenía a nivel nacional, era común que candidatos a las alcaldías municipales de Caldas se pelearan su apoyo. Toda esa estantería de poder, cimentada en dádivas y clientelismo, se derrumbó en año y medio.
En junio de 2022, funcionarios de la Fiscalía lo apresaron mientras salía del Capitolio Nacional, en el centro de Bogotá. Aristides Betancurt, su abogado, negó cualquier vínculo de Castaño con los delitos por los que se le investigaba. “Las pruebas que tiene la Fiscalía, las asimila como si fueran verdaderas y las que tiene la defensa son propiamente técnicas. Yo respeto lo que diga la Fiscalía y la Corte, pero debemos realizar el debate jurídico en el momento oportuno”, afirmó en Caracol Radio. Pero las pruebas recopiladas en contra de su cliente eran contundentes.
La Corte Suprema de Justicia, encargada de juzgarlo por su condición de congresista, comunicó que lo sometería “a indagatoria como presunto cabecilla de una organización criminal, por concierto para delinquir, interés indebido en celebración de contratos, peculado, concusión y estafa”. Dos meses más tarde, en agosto, Castaño aceptó su responsabilidad al no poder negar lo evidente. La condena que recibió, en junio de 2023, fue de 15 años y 11 meses de prisión, de los cuales purgó una mínima fracción porque falleció el pasado noviembre a raíz de un paro cardiaco.
Castaño era la cabeza de un elaborado sistema para direccionar contratos de instituciones estatales. Entre 2020 y marzo de 2022, según las pesquisas judiciales, el político caldense influyó en la adjudicación de 43.000 millones de pesos del erario (casi 10,2 millones de dólares) y siempre cobró por sus servicios irregulares. Sus tentáculos llegaban a entidades de variada índole —el DPS; los Ministerios del Interior y Deporte; la Unidad de Gestión del Riesgo; la Gobernación del Chocó; el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), entre otras— e incidían en proyectos que se ejecutaban en distintas zonas de Colombia. Por ejemplo, se demostró que Sacúdete al Parque, la política desarrollada por el entonces presidente Iván Duque para construir centros deportivos en pequeños municipios, fue permeada por la red criminal de Castaño. Si un alcalde quería que su pueblo se beneficiara de esta iniciativa, el político se lo aseguraba a cambio de un porcentaje del dinero destinado para la realización de la obra.
La Fiscalía demostró que el exlegislador liberal elegía cuidadosamente a quiénes incorporaba a su red criminal para perfeccionar su accionar. En el material probatorio se cuentan cerca de 60 personas. Uno de los nombres que más llamó la atención de las autoridades fue el de Nova Lorena Cañón, una lobbista que se aprovechó de su cercanía con Juliana Márquez, madre del entonces presidente Iván Duque, para gestionar proyectos en favor de los intereses de Castaño. “[Cañón] al parecer solicitaba información del avance de las propuestas, convocaba reuniones con los funcionarios públicos, realizaba encuentros personales con los mandatarios locales y acataba las instrucciones entregadas por el senador electo [Castaño], quien sería el articulador de la red de corrupción”, indicó la Fiscalía. Cañón ha defendido que la madre del primer mandatario no estaba enterada.
El último episodio del escándalo se inició en diciembre del año pasado, solo semanas después del fallecimiento de Castaño. La Corte Suprema anunció la detención de Ciro Ramírez, senador del derechista Centro Democrático —la colectividad que fundó el expresidente Álvaro Uribe—, por cobrar coimas para determinar quiénes serían los constructores de 13 obras en los departamentos de Quindío y Tolima. Los delitos por los que se acusa al copartidario del expresidente Duque están relacionados con la trama liderada por Castaño. “Estos hechos se desprenden de la investigación y proceso contra el congresista Mario Alberto Castaño, condenado por la Sala de Primera Instancia por corrupción en contratación”, indicó la Corte.
Ese mismo mes, el excongresista uribista Pierre García fue imputado por los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos, cometidos durante su etapa como subdirector y director del DPS en el último tramo del cuatrienio de Duque, entre junio de 2021 y julio de 2022. La Fiscalía pidió su captura por presuntamente orientar la adjudicación de millonarios recursos que fueron a parar en proyectos de infraestructura en Quindío, Tolima y Valle del Cauca. Existen, según el ente acusador, registro de reuniones que García sostuvo con otros implicados, incluyendo asesores legislativos de Ramírez que servían como emisarios.
García está en Francia, país del que también es nacional. La Fiscalía pidió que se expida una solicitud de extradición. No obstante, los convenios vigentes entre ambas naciones estipulan que este tipo de entregas no se llevarán a cabo cuando la persona solicitada sea ciudadana de alguna de las partes. En las audiencias también han sido señalados los senadores conservadores Miguel Ángel Barreto y Samy Merheg. La magnitud de la investigación puede seguir creciendo. La verdad del entramado de corrupción no murió con Mario Castaño.
