Por Jaime Burgos Martínez*
La coalición política Pacto Histórico (partidos y movimientos políticos de izquierda y centro-izquierda), que impulsó la elección del actual presidente de Colombia, se trazó como objetivo cambios de fondo en la Administración estatal.
El Gobierno nacional, de la mano del primer mandatario, pretende cumplir, en la actualidad, las promesas de implementación y reformas en el Estado, además de la tributaria, planteadas en la campaña presidencial (paz, laboral y pensional, agraria, educación, salud, justicia, etc.), conforme a su ideología política ⸺más que ideología es populismo socialista⸺, que se contrapone a lo que existe realmente en el país.
En sus trucos para seducir, emplea la palabra para conmover, con una gran carga emotiva de argumentos populistas que encierran errores y fines ilegítimos o espurios; emplea la simplificación elemental e insuficiente de ideas, para cautivar a los menos ilustrados, y emplea la repetición frecuente de frases efectistas, con el fin de suscitar un desmedido interés.
Del populismo se ha dicho que se mueve alrededor del encanto o atractivo del caudillo populista, mas no en consideración a planteamientos de orden ideológico, pues, se ofrecen dádivas, subsidios y favores que chocan contra los intereses generales, que fantasean con la obsesiva igualdad material del populismo socialista.
De ahí que siempre he considerado que el populista que llega al poder, predicando la igualdad material, no hace más que monopolizar el poder en sus manos ⸺o, si acaso, lo estira a su grupo selecto o minoritario⸺, cuya voluntad caprichosa y tozuda se impone ante cualquier reflexión doctrinal o jurídica que lo lleva a la improvisación; pone en práctica la desigualdad, pues con migajas alucina a los más necesitados, y, a la vez, los condena a la pobreza extrema y los convierte en vividores para poder someterlos dócilmente.
Como lo dije en un artículo anterior, no hay que predicar la igualdad material, sino la igualdad de oportunidades ante la ley, puesto que, consecuentemente, lo que se requiere es libertad, en el sentido político, social y económico, regulada por normas jurídicas que señalen el campo de acción de cada ciudadano, sin ser obstaculizado o impedido por los demás; por ello, no es de buen recibo la pretensión, en los proyectos de reforma a la salud y del Plan Nacional de Desarrollo, del otorgamiento de facultades extraordinarias ―hasta por seis meses― al presidente de la República (alrededor de 24) para expedir normas con fuerza de ley, de conformidad con el artículo 150-10 de la Constitución Política, ya que se convierte en un gobernante que asume todo el poder, con tono soberbio y egocentrista.
Al respecto, la Corte Constitucional ―hasta ahora― ha señalado en varios pronunciamientos que la validez de la concesión de facultades depende:«(i) que exista una solicitud expresa por parte del Gobierno Nacional; (ii) que se acredite la necesidad o conveniencia pública de las facultades; (iii) que su aprobación se produzca por la mayoría absoluta del Congreso; (iv) que las facultades sean precisas y conferidas por un término máximo de seis meses; y (v) que no se refieran a materias cuya regulación corresponde exclusivamente al Congreso de la República» (C-092/20).
En este campo tiene la palabra el «enmermelado» Congreso de la República que, por el bienestar del país, se espera que, aunque difícil, actúe con buen juicio y honestidad en el estudio y aprobación de los proyectos de ley presentados por el Gobierno nacional, que tienen la intención de cambiar o intercambiar ―con malicia o con afán de ganancia política― lo poco y limitado que existe en asuntos de salud y de legislación laboral por elementos de escaso valor; tal es el punto que se quiere acabar con las EPS, que no son la panacea, pero entre todos los males es el menos peor, para transferir el manejo de la salud a los territorios, que se han convertido, como bien todo el mundo lo sabe, en ejemplares focos de corrupción para financiar voraces apetitos personales y electorales. ¡Pobre salud!
Todo esto me recuerda ―para terminar― dos versos de aquel famoso tango argentino,compuesto en 1934 por Enrique Santos Discépolo, «Cambalache», que dicen:
¡Qué falta de respeto, qué atropello a la razón!
Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón [¡?]
*Jaime Burgos Martínez
Abogado, especialista en derechos administrativo y disciplinario.
Bogotá, D. C., marzo de 2023
