La Nobel Narges Mohammadi, detenida y en estado crítico de salud, es un símbolo de la represión de una dictadura que se siente reforzada con la guerra de Trump
Editorial
La guerra de Estados Unidos e Israel y el volátil alto el fuego no han frenado la violencia del régimen de Teherán contra su propia población. Al contrario. La frecuencia de las ejecuciones por ahorcamiento se ha intensificado, después de que durante las protestas de enero las fuerzas de seguridad masacraran a miles de opositores.
Entre las víctimas del aparato represivo figura la premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi, detenida desde hace seis meses y en un estado de salud grave. El caso de Mohammadi, símbolo de la valiente lucha por la democracia en un país sometido a una dictadura teocrática desde 1979, es una evidencia más de la crueldad de un poder impermeable a las presiones diplomáticas, y reforzado en sus posiciones tras la intervención bélica de Donald Trump.
Mohammadi, de 53 años, se encuentra inconsciente en la cama de un hospital a más de 300 kilómetros de Teherán, después de sufrir un infarto y de que se le denegase en prisión el tratamiento cardíaco que necesitaba. Ni siquiera en la instalación hospitalaria, la defensora de los derechos humanos recibe los cuidados adecuados en lo que sus familiares califican como “una forma deliberada de tortura”. La disidente fue detenida en diciembre por decimocuarta vez en los últimos diez años, de los cuales ha pasado la mayor parte en diferentes cárceles por todo el país. Aquella fue la última vez que sus familiares pudieron saber de ella. Ya ha sido condenada en numerosas ocasiones por los tribunales islámicos, la última en febrero, cuando el aparato judicial dictaminó 18 años de prisión por sus supuestas actividades contra la República Islámica.
De poco han servido las iniciativas internacionales para tratar de auxiliar a Mohammadi, incluida la convocatoria el jueves, por parte del Ministerio español de Exteriores, al embajador de Irán en Madrid, Reza Zabib, para exigirle la “inmediata liberación” de la Nobel de la Paz. España ha sido desde el principio uno de los países europeos más críticos con la intervención militar de EE UU e Israel en Irán. La relación con Washington se ha deteriorado como consecuencia de estas críticas, y, al mismo tiempo, Teherán ha dedicado incómodos elogios al Gobierno de Pedro Sánchez por su no a la guerra. La realidad es que España es hoy una de las democracias occidentales con canales de comunicación con Teherán, y debe aprovecharlos. Pero hasta ahora el esfuerzo ha resultado infructuoso, y el régimen ha hecho oídos sordos a cualquier llamamiento humanitario que tenga que ver con el tratamiento que reserva a sus opositores.
La desesperada situación de Mohammadi no es sino el último episodio conocido del recrudecimiento de la represión. Según el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, desde el 28 de febrero, fecha del inicio de las hostilidades, más de 4.000 personas han sido detenidas de forma arbitraria, al menos otras 21 han sido ejecutadas, y se han acelerado los juicios políticos que pueden terminar con la pena capital para los acusados. Irán ha aprovechado la guerra para catalogar cualquier protesta contra el Gobierno como colaboración con el enemigo. Trump, que alentó las protestas de enero y prometió ayuda, los dejó después en la estacada. La democracia no ha llegado con las bombas. El precio de la frivolidad en la Casa Blanca y de la intransigencia criminal del régimen de Teherán lo pagan los iraníes, que tras casi medio siglo de una dictadura cruel merecen vivir en libertad.
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