Cecilia Orozco Tascón
Me quedé corta, como casi siempre ocurre cuando se intenta descubrir un foco de corrupción. La infinita actividad clientelista de Cabello —como califiqué, hace poco, una de las características de la conducta pública de la procuradora— es apenas una de las líneas de acción de sus gestiones opacas. Otras de sus vías, más gruesas, más oscuras, ejecutadas con su permiso y bajo su responsabilidad, empiezan a aflorar en forma de contratos millonarios entregados a dedo; también, de convenios de cooperación internacional en los que es fácil ocultar a cuáles bolsillos llegan los recursos extranjeros y nacionales que se manejan en ese tipo de asociaciones, en principio humanitarias pero convertidas, después, en tapaderos de ilícitos.
El fin de semana pasado, El Espectador publicó una denuncia que involucra al Consejo Nacional Electoral (CNE), ahora presidido por la excongresista Maritza Martínez, en la entrega directa de dos contratos por $22.000 millones a una empresa público-privada del Valle del Cauca, presuntamente especializada en tecnología y controlada por las bellezas políticas Dilian Francisca Toro y su “socia” Clara Luz Roldán (ver). Las tres señoras, Martínez, Roldán y Toro, son las dueñas del Partido de la U junto con su amigo el exregistrador nacional Alexander Vega, tan cercano a ellas como al CNE. De acuerdo con el relato periodístico, la Empresa de Recursos Tecnológicos del Valle (ERT), dirigida por la gobernadora de ese departamento y controlada con gente amiga y familiares de las “papisas”, se comprometió a instalar el sistema de tecnología del Consejo Nacional Electoral. No es raro que la hayan seleccionado porque los que deciden, los contratantes y los contratados pertenecen a la misma rosca desde hace muchos años.
El país estará sufriendo afugias económicas pero la ERT brilla por su suerte: además de haber obtenido otras millonarias contrataciones en la propia Registraduría, en una docena de dependencias oficiales vallecaucanas y en la Defensoría del Pueblo de Duque, también conquistó la Procuraduría de Duque.
Cabello le entregó a la dichosa ERT, que no le rinde cuentas al Estado porque se arropa con la cobija del derecho privado, $70.000 millones para “la operación de la mesa de servicios tecnológicos de esa entidad”, la que se encarga de vigilar —y no es ironía— la moralidad de la contratación pública. La senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, ha investigado seriamente el asunto y lo ha divulgado en varios medios (ver). La ERT no es la lámpara de Aladino pero se le parece: obtiene y concede deseos fantásticos porque subcontrata a tutiplén, lo que le contratan las hadas madrinas Toro y Roldán, dado que ¡no posee capacidad de ejecutar lo que le pagan!
De acuerdo con la senadora Hernández, la ERT parece funcionar como un gran hueco por donde se escurren los billetes del presupuesto dilapidado por Cabello: de $5.000 millones en servicios tecnológicos, la Procuraduría actual ha gastado —sin procesos públicos— más de $20.000 millones anuales. ¿Cómo se ferian así los dineros de los colombianos sin derecho a averiguar cuáles capitales privados se engordaron con ellos? Y la cereza del pastel: a siete meses de soltar la gallina de los huevos de oro, la insaciable señora Cabello —rodeada de una cuadrilla sumisa, testigo de sus abusos y cómplice con su silencio permisivo— acaba de pedirles la renuncia protocolaria a la totalidad de procuradores delegados y jefes de oficina del nivel central, los mejor remunerados de esa entidad. Se trata de 50 cargos cuyas asignaciones mensuales se sitúan entre los $33 millones y los $40 millones, aproximadamente. ¿Con qué objeto la “doctorísima” quiere disponer de esos preciados nombramientos? ¿Será para pagar o asegurar favores? ¿O para tener “músculo” para elegir a su sucesor y que este, agradecido, esconda lo que podría explotarle?
La Comisión Nacional del Servicio Civil convocó, hace unos días, a los abogados que se interesen (¿quién no?) en tres puestos disponibles, repito, tres, no 40 ni 50, para procurador delegado. Oferta laboral: ¡$50 millones al mes! (ver). Si es cierto que Colombia va mal —tanto que la antes seria y hoy farandulera Asobancaria dice que el crecimiento de la economía, de solo 0,9 %, es el octavo peor resultado de los últimos 100 años (ver)—, la Procuraduría Cabello, con su corrupción galopante, ha puesto su empeño en que así sea.
