CATALINA OQUENDO B.
Colombia está viviendo un enero atroz. La ofensiva de la guerrilla del ELN contra una de las disidencias de las extintas FARC, que ha dejado decenas de muertos en la región del Catatumbo- ONU Derechos Humanos calcula mínimo 60, cifra que asciende a 80 de acuerdo con el gobernador de Norte de Santander- tiene a miles de civiles apabullados por el terror. La escalada violenta ha hecho revivir la peor de las reminiscencias: esas épocas en las que los armados iban casa por casa, lista en mano, eligiendo sus víctimas para asesinarlas a la vista de todos, los muertos tirados en las calles como una amenaza para los que quedan, el sucesivo desplazamiento de campesinos con lo que tienen puesto, el éxodo con sus gallinas y mascotas. El desaliento de vivir en bucle.
El Catatumbo es una tierra exuberante y calurosa que parece marcada por un sino trágico apelmazado por los cultivos de coca: es considerada la región donde hay más hectáreas sembradas en el mundo. También es tierra de frontera con Venezuela y ha sido azotada por distintos grupos en su historia: el ELN, el EPL, las FARC, los paramilitares, las disidencias de las FARC. Todos se han turnado la vida y la tranquilidad de sus pobladores ante la incapacidad estatal de años.
Allí, bajo las órdenes de Salvatore Mancuso y Carlos Castaño, entre 1999 y 2004, los paramilitares asesinaron a 12.427 personas y desaparecieron a otras 400 de las maneras más crueles. Por eso, el presidente Gustavo Petro ha dicho que esa masacre cometida por la guerrilla del ELN “calca perfectamente con el accionar de los grupos paramilitares”. La escalada violenta hizo que Petro decidiera suspender, una vez más, el proceso de paz que adelanta con esa guerrilla. “Lo sucedido en el Catatumbo no es sino una demostración más, del tránsito de las guerrillas insurgentes hacia las organizaciones narco armadas”, escribió también en X.
La ofensiva que ya se ha catalogado como crisis humanitaria o desangre del Catatumbo, comenzó de una forma cruel: el asesinato de Miguel Ángel López, dueño de una funeraria de Tibú, junto a su esposa y su bebé de 9 meses. El hombre, a pesar de las amenazas, hacía el levantamiento de cadáveres de los muertos que venían ocurriendo en la región, que en los últimos años estaba escalando». El ELN culpa al frente 33 de las disidencias. Poco tiempo después de esa masacre, las redes sociales se vieron inundadas de videos de campesinos y líderes sociales huyendo de la guerrilla del ELN y pidiendo ayuda del Gobierno para ser rescatados.
Para conocedores del conflicto armado, hay varias particularidades de esta escalada. Primero, la escena de campesinos siendo evacuados en helicópteros de las fuerzas armadas es inédita. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, fuertemente cuestionado por no atender a tiempo las alertas que se hicieron desde noviembre de esta crisis, dijo que su prioridad es justamente “la extracción de las personas en riesgo” y la atención humanitaria a los desplazados que ya se cifran en 32.000 y se abarrotan en coliseos de los municipios de Ocaña, Cúcuta, Tibú y Hacarí.
La escalada violenta ocurre también en el contexto de una enorme fragmentación de los grupos armados y en medio de negociaciones de paz. Tanto el ELN como el frente 33 de las disidencias de las FARC han participado en ceses al fuego, que han comenzado o suspendido en distintos momentos. El congresista Humberto de La Calle, quien fue jefe del equipo negociador en el proceso de paz con la extinta guerrilla de las FARC, durante el mandato de Juan Manuel Santos, había señalado ese riesgo. “Muchas veces interrogué sobre esto: si se enfrentan dos bandas una de las cuales está en cese de fuego con el Estado, ¿cómo proceder? ¿Aliarse con una en contra de la otra? ¿Servir solo de árbitro humanitario? ¿Combatir a ambas?”, escribió. De La Calle ha dicho que el gobierno ha cometido errores como “los ceses al fuego desordenados, ausencia de ley de sometimiento, descontrol territorial”; pero se mostró abierto ante el Gobierno porque se trata de “la más grave afectación en décadas” y “una urgencia nacional”.
El respaldo que recibió Petro al suspender el proceso de paz con el ELN no le alcanza, sin embargo, para su determinación de declarar dos estados de excepción: la conmoción interior y la emergencia económica. Desde que lo anunció en X el lunes (aún no presenta el decreto que formaliza la decisión y debe dar más detalles de las medidas), la oposición comenzó a criticarlo y alertar de que puede utilizarla en año preelectoral. La conmoción interior no se decretaba desde hace 17 años y Petro defiende que la dimensión de la crisis humanitaria la justifica. “¿Van decenas de muertos y no hay justificación para conmoción interior? Así estamos acostumbrados a la muerte. ¿Prefieren debilitar al gobierno que detener el narco?”, dijo. Busca evitar un efecto de propagación, pues ya hay enfrentamientos también en la región de Guaviare, en el suroriente del país. Esta vez entre dos facciones de disidencias de las FARC que han dejado “un alto número de personas muertas y heridos”, de acuerdo con la Defensoría, que no ha precisado cuántas serían las víctimas.
Mientras el país espera el documento para entender el alcance, el ministro Velásquez dijo que están enviando más “efectivos militares al Catatumbo”. Allí, sin embargo, no solo faltan militares sino jueces, fiscales y hasta funerarios como el que fue asesinado con su familia en este enero de terror.
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