La inmediatez digital y las intrigas palaciegas erosionan los ritos legales y la madurez que exige el manejo del Estado.
Por Jaime Burgos Martínez*
La tecnología nos ha regalado la ilusión de la ubicuidad absoluta. En Colombia, el idilio del poder con las pantallas no nació ayer; echó raíces a inicios de la década de 2010, cuando las instituciones descubrieron que podían emitir directrices mediante publicaciones virtuales. Este fenómeno evolucionó gradualmente hasta convertir a las redes sociales en la central de mando de la función pública. Ciertamente, las aplicaciones digitales representan el milagro de la inmediatez: son un tejido invisible que democratiza la información y disuelve las distancias del territorio en un parpadeo, permitiendo que las autoridades irrumpan a la velocidad de la luz en la privacidad de los ciudadanos.
Sin embargo, la misma pantalla que agiliza la interacción se ha transformado en la guillotina más eficiente de las relaciones oficiales y del servicio institucional. Por ejemplo, un alto servidor del Estado, tras días de desvelos en defensa de la gestión gubernamental, es defenestrado mientras ejerce sus funciones en el Congreso de la República. La era del algoritmo ha logrado la proeza de reducir la función pública a la categoría estética de un mensaje de despecho adolescente, donde quien ejerce el poder bloquea y despide con la misma ligereza con la que cancela la suscripción de un servicio. ¡Qué avance tan sofisticado para la civilización! Detrás del monitor queda un ser humano que, a sus cincuenta y dos años y con un respetable recorrido a cuestas, contempla cómo su prestigio es triturado en la plaza pública digital.
Del decoro a la informalidad
El funcionario, despojado sutilmente del respaldo ejecutivo, se enfrenta a un futuro brumoso donde la lealtad ha sido penalizada y su carrera queda congelada por el estigma de la desautorización virtual. En este ecosistema de lo inmediato no hay espacio para la reinvención ordenada ni para la transición institucional; solo queda el rumor de las especulaciones y el peso de una jubilación prematura en el tablero del poder. Esto no es estilo de gobernanza, sino un atropello a la función pública. Se acabó la solemnidad y se dio paso a la grotesca informalidad.
La historia, que solía escribirse con pulso firme, nos recuerda en cambio la sutil orfebrería de la «diplomacia del café» que Adolfo Suárez, presidente del Gobierno de España entre 1976 y 1981, perfeccionó en la Moncloa durante la convulsa transición hacia el Estado de derecho. Esta lección de decoro institucional ilumina nuestra realidad: antes de que el boletín oficial sepultara políticamente a un servidor, existía el santuario de una conversación a solas, la explicación técnica de los equilibrios de poder y el apretón de manos agradecido. Aquellos estadistas entendían que las transiciones cuidadas no eran burocracia inútil, sino las murallas de contención que protegen a la función pública del capricho y de la tiranía del temperamento.
Los intrigantes del algoritmo
Hoy, por el contrario, reviven las enseñanzas de José Fouché, el Genio Tenebroso. Las intrigas y los chismes palaciegos, que provocan decisiones irracionales, son urdidos por fouchés modernos; estos manipulan desde la sombra para volverse indispensables ante quien gobierna. Su única lealtad es su propia supervivencia: buscan permanecer en los cargos a toda costa, controlando el presente mediante la información. Sin embargo, este nuevo «sanedrín» olvida que la eficiencia y la inmediatez tecnológicas jamás deben servir de escudo para evadir la madurez emocional y el tacto que exige el Estado. Es imperativo volver a la institucionalidad de los ritos legales.
Bajo esta premisa, es evidente que la forma en que las instituciones tratan a sus colaboradores más cercanos refleja cómo concibe el Estado el respeto hacia la ciudadanía: es un síntoma inequívoco de la falta de reconocimiento a la dignidad humana y a la gratitud en la función pública. Al evaluar el ejercicio del poder en la era digital, la conclusión es nítida: la tecnología amplifica el alcance de las autoridades, pero jamás sustituye su criterio, su humildad, su prudencia ni su empatía. Bien dice la famosa máxima esculpida en la piedra de la fachada de las Escuelas Menores de la Universidad de Salamanca: «Lo que natura no da, Salamanca no presta».
Jaime Burgos Martínez
Abogado, especialista en derechos administrativo y disciplinario.
Bogotá, D. C., octubre de 2026
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