Por Jaime Burgos Martínez*
Trasladar gerentes privados al Estado suele promoverse como garantía de eficiencia. Sin embargo, esta práctica choca con la realidad institucional. No es falta de talento, sino un severo conflicto de lógicas. El mundo corporativo premia la audacia para generar utilidades.
En contraste, el servicio público exige estricta sujeción a la ley para cuidar el bien común. Cuando un directivo aplica el «ordeno y ejecuto» empresarial en el Estado, comete un error crítico. Desoír las alertas jurídicas transforma su liderazgo en un pasaporte directo hacia severas sanciones disciplinarias, fiscales y penales.
A este choque conceptual se suma la convicción mesiánica del recién llegado. Muchos directivos asumen que la historia administrativa comienza con su posesión. Bajo este sesgo, desprecian la memoria institucional e ignoran a los técnicos de carrera. Los catalogan, de forma simplista, como parte del letargo burocrático. Este impulso de arrasar con el pasado para imponer un sello personal los empuja a tomar decisiones temerarias. Al final, actúan con soberbia y sin medir las consecuencias jurídicas que sus acciones desesperadas desencadenan en el erario.
Para colmo, el funcionario habita en una peligrosa cámara de eco al rodearse de asesores, aparentemente leales, nombrados por él o impuestos por compromisos políticos. Nadie se atreve a contradecir al jefe por temor a perder su puesto. El gobernante confunde el silencio complaciente con una aprobación unánime que refuerza su impulsividad. Es el activismo sin reflexión del directivo inexperto en lo público, quien cree que «moverse rápido» equivale a «gobernar bien». Olvida que una acción ligera estatal cuesta demandas millonarias y la proliferación de obras inconclusas.
De este vacío de pericia y exceso de adulación emerge una sutil corrupción intelectual. A diferencia de la corrupción ordinaria por soborno, esta modalidad altera el rigor de la argumentación jurídica. Aquí, la doctrina y la jurisprudencia no se estudian para garantizar la legalidad de los actos. Ahora se instrumentalizan para justificar los caprichos gerenciales del gobernante. Los asesores complacientes dejan de advertir riesgos. Se dedican a fabricar sofisticadas defensas para que los deseos del jefe parezcan viables.
En conclusión, la gestión pública no requiere de mesías corporativos en su dirección. El éxito en el sector privado no garantiza la buena marcha del Estado. Por el contrario, cuando la soberbia gerencial ignora los controles normativos, la eficiencia prometida degenera en fraude argumentativo. Gobernar no es ordenar a ciegas ni deliberar en el aislamiento. Mientras no se comprenda que el servicio público exige el rigor de la ley y no la velocidad del mercado, instalar empresarios en el poder será el camino más rápido hacia la ilegalidad.
Jaime Burgos Martínez *
Abogado, especialista en derechos administrativo y disciplinario.
Bogotá, D. C., septiembre de 2026
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