Por Jaime Burgos Martínez*
En el país se respira la urgencia de un verdadero cambio: la gran promesa incumplida de este cuatrienio. Ante el fracaso de la gestión actual, cabe preguntarse si ocurrirá el milagro a partir del próximo 7 de agosto o si la simple expectativa será lo único que alivie la espera.
Lo cierto es que, tras el desmantelamiento institucional, reconstruir sobre las ruinas no será tarea fácil. La crisis actual no es material, sino una quiebra moral provocada por actos degradantes, perpetrados sistemáticamente por aquellos en quienes depositamos la confianza para administrar la justicia y los recursos públicos.
Para entender la raíz de esta descomposición, conviene recordar al filósofo José Luis López Aranguren. Él explicaba que en toda comunidad coexisten dos realidades: la «moral pensada» —las leyes, códigos y discursos oficiales— y la «moral vivida» —el comportamiento real de ciudadanos, gobernantes y magistrados—.
Los problemas de una nación colapsada no se solucionan con más retórica jurídica, sino acortando la distancia entre lo que se predica en campaña y lo que se ejecuta en el poder. Cuando esa brecha se vuelve un abismo, la pasividad es complicidad.
Resulta imperativo, por ejemplo, reformar la Constitución para extirpar la sumisión de las altas cortes ante el Ejecutivo, sometimiento garantizado por el perverso sistema de postulación en ternas. Asimismo, urge una reingeniería en el Congreso de la República, convertido hoy en un mercado clientelista que compra y vende la elección de magistrados.
La división de poderes debe ser real y fáctica, no un decorado maquillado bajo el eufemismo de la «colaboración armónica». Por eso, algunos magistrados operan desde la sombra como eminencias grises y consejeros áulicos influyentes ante el jefe de Estado.
Transformados en lazarillos constitucionales y sastres jurídicos, confeccionan e interpretan leyes a la medida de intereses particulares, sepultando el bien común y la equidad. De remate, esa aparente limosna jurídica desvalija las arcas públicas a cambio de una eterna y obligada gratitud.
Existe un evidente contubernio entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial; un encubrimiento mutuo donde nadie fiscaliza a nadie. Los tres poderes deben ser independientes y autónomos, y limitarse estrictamente a sus funciones constitucionales y legales para evitar la promiscuidad institucional. De lo contrario, se consolidará un pacto de impunidad que destruirá la democracia.
Al respecto, aunque haya críticos, es necesario volver a la cooptación para la elección de los magistrados de las altas cortes. La Constitución de 1991, en su intento de democratizar este proceso, involucró al Congreso y al Ejecutivo, lo que abrió la puerta a la politización de la justicia y al fenómeno de la «puerta giratoria» (yo te nombro, tú me juzgas).
Expertos constitucionalistas han sugerido, entre otros mecanismos, una cooptación meritocrática: elegir de forma autónoma pero a partir de los puntajes más altos de un concurso público de méritos de la Rama Judicial, o crear un colegio electoral independiente y ajeno a los poderes públicos, conformado por decanos de facultades de Derecho de alta calidad y exmagistrados de intachable prestigio.
Igualmente, se debe desterrar de los tres poderes la elección del fiscal general, el procurador y el contralor. El modelo actual es un triángulo de impunidad ejecutiva, pues estas figuras ni acusan ni controlan.
Podría pensarse en otro colegio electoral independiente, integrado por personas de probada rectitud moral y reconocida erudición; ciudadanos íntegros, porque no se necesitan, como dice la frase popular, «doctores en Derecho, maestros en torcido».
Naturalmente, esto requiere tramitar un acto legislativo en el Congreso de la República. El principal obstáculo es político: los congresistas difícilmente votarán una reforma que les quite la facultad de elegir al contralor y al procurador, pues estas entidades —además de la cuota burocrática— controlan la contratación y los procesos disciplinarios que los mantienen vigentes electoralmente. Este es un nudo gordiano que se debe saber desatar.
Tras esta obligada digresión, se puede afirmar que toda sociedad donde la «moral vivida» traiciona a la «moral pensada» termina corrompida. Es el retrato de nuestra realidad, asfixiada por transacciones bajo la mesa y abusos de poder.
Al dinamitarse este puente ético, la honestidad pasa a ser un discurso cínico y la ilegalidad se convierte en la única estrategia de supervivencia. Donde la impunidad pulula y la justicia opera bajo criterios selectivos (especialmente en antiguos procesos penales de los «padres de la patria»), el tejido social se descompone sin remedio. El panorama para el gobierno entrante es, por decir lo menos, sombrío.
*Jaime Burgos Martínez
Abogado, especialista en derechos administrativo y disciplinario.
Bogotá, D. C., agosto de 2026
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