En Colombia, al igual que en Alemania, las leyes son solo una parte del problema
Los partidos, las campañas políticas y los candidatos necesitan dinero. Imagina que tu trabajo consiste en supervisar las finanzas políticas en un país donde los registros de donaciones son públicos. Puedes preguntar sobre las finanzas de las campañas y tienes derecho a ver los informes. Los partidos deben hacer públicos sus registros. Eso es en teoría. La realidad es que no tienes suficientes recursos para verificar la exactitud de las declaraciones. No hay auditores forenses. No hay presupuesto para contrastar la información. No hay mecanismos legales.
La supervisión democrática no funciona de forma aislada. En Alemania, una donación de 2,3 millones de euros al partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) se canalizó a través de un tercero para ocultar su verdadero origen, una clásica maniobra de testaferro. Fue Austria quien alertó a las autoridades alemanas. El caso terminó en los tribunales; la AfD perdió y tuvo que devolver el dinero.
En Colombia, al igual que en Alemania, las leyes son solo una parte del problema. La Constitución colombiana exige que los partidos, movimientos y candidatos rindan cuentas públicamente sobre el volumen, origen y destino de sus ingresos. Las normas existen; hacerlas cumplir es otra cuestión.
Hasta 2010, los informes de financiación de campañas se recopilaban en papel, se enviaban por correo y se almacenaban en carpetas y cajas. En las elecciones locales —con más de 100 000 candidatos— el volumen era inmanejable. Las autoridades necesitaban mucho tiempo para procesar y publicar los datos.
Transparencia por Colombia, nuestra filial en el país, colaboró con el Consejo Nacional Electoral (CNE), el organismo de supervisión electoral de Colombia, para abordar el retraso. El equipo desarrolló una herramienta para digitalizar los datos, y el CNE finalmente la convirtió en el sistema oficial.
Pero la digitalización por sí sola no fue suficiente. En 2022, Transparencia por Colombia fue más allá, exigiendo a los candidatos que informaran sobre sus ingresos y gastos durante la campaña, para que la ciudadanía pudiera ver el flujo de dinero antes de votar. En las elecciones legislativas más recientes, el 42% de los candidatos cumplió con esta obligación antes del día de las elecciones. La cifra aumentó al 90% en los días siguientes; sin embargo, persisten las dudas sobre la financiación no declarada.
Con la contienda presidencial en marcha, Transparencia por Colombia ha retomado el desafío, monitoreando las declaraciones de los candidatos presidenciales y publicándolas diariamente.
Otro aspecto del problema radica en los reguladores. Los miembros del CNE son nominados por los partidos políticos según su número de escaños en el Congreso. Esto dificulta estructuralmente la imposición de normas a los mismos partidos que los eligieron.
Existen multas para los candidatos que no cumplen con los plazos de presentación de informes, pero los partidos suelen pagarlas y dar por zanjado el asunto. Transparencia por Colombia ha impulsado un tipo diferente de rendición de cuentas: una responsabilidad social, animando a los ciudadanos a preguntar directamente a los candidatos por qué no revelaron la información solicitada.
Una prueba de estrés en las urnas
Colombia celebra la primera vuelta de las elecciones presidenciales el 31 de mayo. Tras más de una década de relativa estabilidad, algunas regiones experimentan un resurgimiento de la violencia armada y persisten las preocupaciones sobre la seguridad de los ciudadanos al votar.
Colombia celebra la primera vuelta de sus elecciones presidenciales el 31 de mayo. Una segunda vuelta, de ser necesaria, está programada para el 21 de junio.
El gobierno de Gustavo Petro ha puesto en duda repetidamente la integridad de las instituciones electorales sin aportar pruebas, una táctica que, en otros países, ha erosionado la confianza pública y, con ella, la legitimidad de la propia democracia.
La confianza es fundamental en un país donde el financiamiento político ha estado contaminado durante mucho tiempo no solo por donaciones de dudosa procedencia, sino también por el crimen organizado. En las últimas cuatro décadas, la política colombiana se ha caracterizado por tres fenómenos distintos: la narcopolítica, el financiamiento de campañas por organizaciones de narcotráfico, en las décadas de 1980 y 1990; La parapolítica, la infiltración de grupos paramilitares en las estructuras políticas a principios de la década de 2000; y el escándalo Odebrecht, un esquema de sobornos con fondos extranjeros ilegales canalizados hacia la política en toda América Latina, en la década de 2010.
La Corte Suprema comenzó a investigar las redes detrás de estos fenómenos en 2006, creando una sala especial en 2018 para juzgar a miembros del Congreso y altos funcionarios. En ocho años, la sala ha emitido 34 fallos, y 55 casos siguen abiertos por cargos que van desde corrupción y tráfico de influencias hasta vínculos con organizaciones criminales.
Combatir el dinero sucio requiere más que leyes y reguladores; también exige unidades de inteligencia financiera, fuerzas del orden y cooperación transfronteriza. Pero ninguna de estas herramientas funciona bien sin un marco de integridad.
Lo que Colombia hizo bien
Los votantes merecen saber cómo el dinero influye en los políticos que los representan. Colombia demuestra que el progreso es posible cuando la sociedad civil se niega a mirar hacia otro lado. Muchos países aún permiten donaciones anónimas, no tienen requisitos de transparencia o permiten que los fondos de campaña se muevan completamente fuera del sistema bancario.
El financiamiento político es uno de los puntos débiles de la integridad electoral a nivel mundial. En diciembre de 2025, los países adoptaron la Resolución 11/7 a través de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción: 22 compromisos sobre transparencia, salvaguardias para el dinero limpio y rendición de cuentas. Es el acuerdo internacional más ambicioso sobre financiamiento político hasta la fecha. Adoptada por consenso entre los 192 Estados partes y respaldada explícitamente por 60, el impacto real de la resolución dependerá de si los legisladores, los funcionarios anticorrupción, los jueces y los observadores electorales la hacen cumplir.
Durante más de dos décadas, Transparencia Internacional ha trabajado para convertir compromisos como estos en realidad. En 2024, publicamos las Normas de Integridad en el Financiamiento Político, un marco que contribuyó a la aprobación de la Resolución 11/7. Colombia ha demostrado que la distancia entre el compromiso y la acción puede acortarse. La cuestión es quién decide seguir el ejemplo.
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