Los tiempos cambian

Por Jaime Burgos Martínez*

En esta época preelectoral, se me viene a la memoria, con profunda nostalgia, el recuerdo de cómo eran las elecciones, según las imágenes plasmadas en mi mente, en los años de adolescencia―la década de los setenta―, en el ambiente político de mi familia, a orillas del río Sinú y del caño Bugre, en que estas se realizaban, en general, de una manera pacífica y sencilla, sin los enredos que se presentan en la actualidad. 

Hoy, la cosa es distinta, pues son otros tiempos, dado que las circunstancias, actitudes, costumbres y modas están siempre en movimiento, como lo enseña el aforismo latino «Tempora mutantur, et nos mutamur in illis» (Los tiempos cambian y nosotros cambiamos con ellos). Las personas se encuentran en constante evolución por la vivencia, el aprendizaje y la experiencia, que forjan su personalidad y perspectiva, lo cual cambia la sociedad, la cultura y la tecnología.

En esta transformación electoral, la Constitución Política de 1991 ―y su descontrol, no su control― ha contribuido en el desorden electoral, con la consagración, en el artículo 107  (con su última modificación del Acto Legislativo 1 de 2009), de garantizar el derecho a fundar, organizar y desarrollar movimientos políticos, y no solo partidos, que, en teoría, suena a la anhelada democracia; pero, en la práctica, es una caótica confusión en desmedro de la fortaleza de los partidos, que son las instituciones encargadas de conectar a los ciudadanos con el Gobierno nacional, departamental o municipal y promover la participación popular.

A esto, en mi sentir, se debe la proliferación de aspirantes a la Presidencia de la República, que, en la mayoría, carecen, en estricto sentido, de la condición de buen estadista (gran saber y experiencia en los asuntos del Estado) y de intachable moralidad; se necesita alguien curtido en cuestiones no solo políticas, sino también económicas y fiscales, y diplomáticas; y, en especial, que inspire autoridad de mando y respeto, y no burlas, fundada en la razón, en el entendimiento y en la justicia. ¿Será posible hallar alguien con esas condiciones? O ¿será que hay que olvidarse de todo, y que llegue a la Presidencia de la República cualquier mamarracho?

Y no solo en el campo de los candidatos presidenciales esto sucede, también se oyen comentarios irritantes relativos a aspirantes de las corporaciones legislativas, sin mérito alguno; pero, con la tula llena de dineros mal habidos, que se recuperarían con la asunción a la curul y el trámite de asuntos relacionados. Igualmente, también están interesados en llegar allá los activos o los que fueron y dejaron de serlo, aunque se encuentren en la actualidad sub judice (pendiente de resolución judicial), por estar involucrados en escándalos de corrupción; pero, sin pudor alguno y con voz de trueno, pregonan que tienen los líos jurídicos arreglados, a través de altos funcionarios del Estado, que les han garantizado, en calidad de intermediarios, total impunidad, por unos miles de millones de monedas contantes y sonantes. ¿Será eso verdad? ¿Seguirán los famosos carteles de la toga?

Esta situación me lleva a pensar, con una metáfora absurda pero válida para la ocasión, en que la época que evoco con añoranza en el primer párrafo de este escrito, sería, electoralmente hablando y guardando las proporciones, el estado de naturaleza ―y no la actual realidad nacional descompuesta― de que hablaba el filósofo suizo Jean-Jacques Rousseau en su obra Discurso, sobre el origen y fundamento de la desigualdad entre los hombres, en el sentido de que el ser humano para existir en una sociedad más justa  tiene que vivir en el estado natural; es decir, no corromperse ni ser un individualista, ya que «el hombre nace sano y la sociedad lo corrompe».   

*Jaime Burgos Martínez 

Abogado, especialista en derechos administrativo y disciplinario.

Bogotá, D. C., octubre de 2025