Daniel Coronell
La firma de abogados estadounidense Covington & Burling LLP fue contratada por la junta directiva de Ecopetrol para estudiar varios escándalos que envuelven al presidente de la compañía, Ricardo Roa. Uno de esos escándalos tiene que ver con la compra de un lujoso apartamento en Bogotá, adquirido a precio de ganga a una empresa perteneciente al magnate del sector de los hidrocarburos, Serafino Iacono. El negocio, revelado por la Unidad Investigativa de El Tiempo, se hizo antes de que Roa llegara a la presidencia de Ecopetrol, pero cuando ya su nombramiento se daba por hecho.
Recientemente se conoció la misteriosa participación en la compra del inmueble de un coronel retirado de la Policía y ahora potentado empresario petrolero y gasífero, Juan Guillermo Mancera. También salieron a flote las contradicciones entre las versiones del exuniformado Mancera, de Iacono y de Roa acerca de este negocio. Sobre este tema ustedes pueden leer la columna “Hallazgos del 901”.
El asunto es que Ecopetrol buscó a los reconocidos abogados para que preparan un informe destinado a la Comisión de Valores de Estados Unidos, SEC, con el propósito de establecer si había violado la FCPA (Ley de prácticas corruptas en el extranjero) con esta compra y con otros temas que siguen pendientes de explicación completa por parte de Ricardo Roa.
Un memorando de Covington, conocido por los investigadores de la Fiscalía y la Procuraduría, dice sobre la transacción identificada con el nombre clave de Proyecto Mist, neblina en español: “Compra de un apartamento por parte del Dr. Ricardo Roa a empresa presuntamente vinculada a Serafino Iacono y potencial beneficio indebido en relación con el Bloque Sinú 9”.
Y es que, gracias a una acción de tutela fallada en las últimas horas, están a punto de revelarse verdades ocultas acerca del Bloque Sinú 9.
En 2014, la Agencia Nacional de Hidrocarburos otorgó el Bloque Sinú 9, ubicado en San Jacinto, Córdoba, a una empresa llamada Clean Energy Resources SAS, de propiedad de los colombianos William Blackburn Moreno y Benito Vega. El bloque tiene capacidad para producir hasta 150 millones de pies cúbicos de gas por día, uno de los más grandes del país.
Un tiempo después de obtener la concesión, Clean Energy firmó acuerdos con Pentanova Energy, una empresa que cotiza en la Bolsa de Toronto, Canadá. Detrás de Pentanova está Serafino Iacono, el antiguo dueño del apartamento de Ricardo Roa.
Pentanova ha actuado bajo varias razones sociales en este contrato. Se ha llamado PMI Resources, CruzSur, NGX, NG Energy y MKMS Enerji Anonim Sirketi, entre otras denominaciones; pero su hombre fuerte siempre ha sido el señor Iacono, quien, por cierto, hace un año se convirtió en cónsul honorario en Bogotá de la minúscula República de San Marino, lo cual le otorga cierta inmunidad frente a la justicia colombiana.
Clean Energy habría incumplido el contrato al no reportar a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, los cambios accionarios y los beneficiarios reales de derechos sobre el Bloque Sinú 9.
Lo único claro es que la petrolera francesa Maurel & Prom emitió dos comunicados de prensa, anunciando que había adquirido el 61 por ciento del Bloque Sinú por 225 millones de dólares, distribuidos en dos transacciones: la primera, de un 21 por ciento a los accionistas minoritarios, y la segunda, un 40 por ciento a la empresa de Serafino Iacono.
Así las cosas, los franceses serían dueños del 61 por ciento, y la compañía de Iacono tendría el 39. El valor del Bloque Sinú está hoy cerca de 400 millones de dólares, pero, antes de un año, llegará a los 1.000 millones. Por el camino hubo varios accionistas que nunca aparecieron en los papeles autorizados. Los silent partners pueden ser claves para identificar a los verdaderos articuladores del millonario contrato.
Como el activo comprometido es propiedad de la Nación, la millonaria transacción solamente se concretará con la autorización de la ANH. Y es aquí donde entra la acción de tutela interpuesta por Patricio Villalba, quien en el pasado fue titular de cuotas de participación sobre el Bloque Sinú 9.
La tutela le ordena a la ANH y al Ministerio de Minas y Energía entregar la información completa del contratista antes de 48 horas, que se cumplen este lunes a mediodía.
De esta manera se sabrá cuál movimiento estuvo autorizado y cuál no. Lo más importante, a mi juicio, es que esta información puede dar alguna luz sobre “el potencial beneficio indebido en relación con el Bloque Sinú 9”, del que habla el informe de los abogados estadounidenses contratados por la junta de Ecopetrol.
