Enrique Santos Calderón
El presidente Petro ha escogido el camino de la consulta popular para la aprobación de sus reformas. Un camino largo, complicado y oneroso. No solo por los más de 600 mil millones que la costaría al menguado tesoro público —a todos nosotros— sino por lo que traerá como radicalización política y engorrosa tramitología institucional.
Equivale a un todo o nada. A una suerte de plebiscito en torno de la figura del presidente, o a una especie de primera vuelta presidencial anticipada. Una apuesta arriesgada en la que puede estarse jugando sus restos. No solo ante el Congreso, donde se declaró «bloqueado», sino de cara al pueblo al que quiere apelar directamente como única y última instancia.
Ya ha advertido varias veces que acudiría a la calle para presionar el avance de su estancado programa de gobierno y esta vez parece que va en serio. Se abre pues una etapa de tensiones y movilizaciones en la que reinará la incertidumbre sobre la necesidad y viabilidad de este mecanismo. Solo se ha utilizado una vez, en 2018, cuando los colombianos participaron en una consulta anticorrupción promovida por la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, que obtuvo más de once millones de votos, pero no el umbral necesario.
Aun menos probable es que hoy la consulta de Petro obtenga la participación requerida de 13.7 millones de sufragios (sobre un censo electoral de 40.9 millones), lo que hace pensar que es, por ahora, una maniobra de distracción para adelantar su campaña electoral presidencial y restarle atención a los escándalos de corrupción que afectan al gobierno.
Es en todo caso un recurso democrático legítimo, pero con requisitos precisos. El Senado en pleno debe aprobarla y aún resuena en los pasillos del Capitolio el calificativo de “traidores” que les endilgó a los miembros de la Comisión Séptima que archivaron el proyecto de reforma laboral. Los puso en la picota publica; algunos denuncian que han sido amenazados y se respira en el Congreso un ambiente envenenado poco propicio a la propuesta presidencial.
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El diseño de las preguntas, que deben responderse con un Sí o un No, será motivo seguro de encendidas polémicas y no pocas confusiones. Aunque son circunstancias distintas, de alguna manera está presente el recuerdo del triunfo del No en el plebiscito por la paz en 2016 y cabe preguntarse cuál será la reacción del jefe del Estado si insiste en su convocatoria y recibe una cachetada en las urnas.
No será abnegada ni tranquila a juzgar por el tono y contenido de sus últimas intervenciones sobre el tema. Se nota inseguridad, nerviosismo, algo de desespero y mucha insistencia en hablar de violencia y conflicto. Inquietan sus frases sobre la influencia de ejércitos de mafiosos extranjeros en sitios como el cañón de Micay, así como sus sospechas de que la propia UNP, la encargada de proteger a personalidades y funcionarios amenazados, dirigida por uno de sus más fieles amigos, está infiltrada por paramilitares y narcotraficantes.
Como están las cosas, el 18 de marzo será una fecha clave para medir la capacidad de convocatoria que hoy tiene el presidente y la disposición de sindicatos y otros sectores sociales para salir a la calle en respaldo de sus reformas. Presiento, por cierta atmósfera que percibo, que esta movilización será más grande que otras que ha convocado y que no colmaron las expectativas del petrismo. Y si resulta multitudinaria y beligerante, no es descartable que la oposición responda convocando también a sus huestes. “Es la democracia, maestro”, diría el recordado coronel Plazas Vega.
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Falta ver si estamos ante un globo de ensayo o si Petro de veras pondrá toda la carne en el asador de la consulta, con los riesgos de que quede cruda o se le chamusque. Si pierde, su revés político será tenaz, aunque tal vez no al punto de dejarlo “desinstitucionalizado” como sostuvo el presidente del Congreso Efraín Cepeda. Pero la recuperación de imagen sería cuesta arriba y lo llevaría a ensayar formulas extraparlamentarias para rescatar iniciativa y liderazgo.
En todo esto es importante no perder el sentido de las perspectivas, ni dejar que la fobia antipetrista de cierta derecha alebrestada conduzca a un alarmismo destructivo para el país. Colombia escogió en elecciones transparentes un presidente de izquierda y este hecho convalidó a nuestra democracia ante los ojos del mundo. Que no haya estado a la altura de las circunstancias y resultado un mal gobernante es otra cosa. No significa que vaya a perpetuar su movimiento político a cualquier precio. No tiene con qué, ni lo acompañarían las llamadas “fuerzas vivas de la nación”.
Gustavo Petro está ahí. El exguerrillero es el legítimo jefe de Estado. Aislado, emproblemado, imprevisible y posiblemente peligroso. De ahí el reto a la oposición política para convertirse en alternativa seria y realista, que plantee salidas convincentes a la encrucijada que vivimos. Lo demás es continuar en la plañidera y el coro de lamentos y ofensas. Y exponerse a que un gobierno aguijoneado, que no se cruzara de brazos, dé una sorpresa en 2026.
P.S: Que Trump esté contemplando envío de tropas para recuperar el control del Canal de Panamá indica su preocupación por el descenso de popularidad que señalan los sondeos. Nada como una “guerrita” para encender los ánimos patrióticos y distraer la atención de problemas internos. ¿Recuerdan los misiles que lanzó Clinton contra Serbia en medio de su escándalo sexual con Monica Lewinsky?
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