Cecilia Orozco Tascón
Los murales que rinden homenaje a la persistencia de las madres buscadoras de sus hijos –o esposos, o hermanos– desaparecidos hace más de dos décadas en la Comuna 13 de Medellín, tuvieron un efecto político inesperado. Es seguro que quienes intervinieron las paredes de la capital antioqueña no pretendían lograr la repercusión nacional e internacional que consiguieron, gracias a la torpe reacción de los presuntos afectados por ese mensaje.
Una simple frase: “Las cuchas [mamás] tienen razón”, puso a temblar al expresidente Uribe, quien dio declaraciones inmediatas (ver) y movilizó, nerviosamente, a los miembros de su partido y aliados para que pusieran en duda lo que allí se develaba. La exposición de “las cuchas” dejó al descubierto, además, la reverencia que aún le profesa el establecimiento colombiano al exmandatario; y con ella, la faceta censuradora del alcalde de Medellín, así como la hipocresía, también censora, de los gobernantes de Bogotá, Cali y Villavicencio, entre otras ciudades (ver). Notables descubrimientos del mundo artificial que crean los personajes públicos sobre sí mismos.
El conflicto que originaron tales palabras no se explica solo por la afirmación “tienen razón”, que indica que las mujeres –calificadas de “locas” por poderosos individuos– decían la verdad cuando insistían en que los restos de sus familiares estaban ocultos en la montaña de desechos llamada La Escombrera. Se entiende, ante todo, porque la época de mayor incidencia de desaparición de personas en la Comuna 13 (en donde se encuentra La Escombrera), coincide con la del primer gobierno de Uribe Vélez (2002-2006). Y este ha admitido, incluso a gritos, que fue quien “dio la orden” de recuperar ese sitio dominado por grupos ilegales, mediante la Operación militar Orión (ver). Como se sabe, el nudo que desató el miedo del rudo expresidente fue el hallazgo de los investigadores de la JEP y de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) de restos óseos en ese basurero, con lo cual se termina la especulación y comienza la comprobación de que allí se ejecutaron crímenes posiblemente cometidos por o con la aquiescencia de oficiales del Estado. Cuando ningún magistrado de la JEP ni esta, en cabeza de su presidente Alejandro Ramelli, habían acusado al exmandatario de ser autor de los homicidios, él se apresuró a justificarse y, asustado, puso a otros pronunciarse; y debió promover la decisión de su amigo y subalterno político, el alcalde Gutiérrez, de borrar las imágenes del mural con la floja justificación de que afeaban a Medellín (ver). Siguió una cadena de mandados en cascada calculada, entre ellos, el de un concejal uribista famoso por su ramplonería (ver).
El temor a la verdad es característico de los que se reconocen, en su intimidad, como culpables aunque la justicia nunca los alcance. Los inocentes actúan de otra manera: enfrentan las investigaciones, en derecho, sin enredarlas ni enmarañarlas con nuevos encubrimientos. Si estoy bien informada y si la JEP –que ha sido cautelosa en sus afirmaciones– cumple con la fecha anunciada para una próxima rueda de prensa, esa jurisdicción revelará, pronto, si los restos hallados en La Escombrera corresponden a personas cuyas madres denunciaron hace 20 años su desaparición. Si hay coincidencia, se podrá establecer, además, la familia a la que pertenecieron, la vivienda de donde se las llevaron, la identidad de sus secuestradores y la fecha en que nunca volvieron a tener noticia de su paradero. El magistrado Gustavo Salazar, director de esta investigación judicial en la JEP, dio unas pistas en una entrevista que concedió (ver). Aseguró que “(el fenómeno de) la desaparición forzada estalló (…) entre el segundo semestre de 2002 y el primer semestre de 2003 [cuando] se dieron, más o menos, unas 135 desapariciones…”. Añadió que “los cuerpos fueron encontrados en el suelo histórico de 2004 (…) es decir que los restos serían de personas inhumadas ahí a más tardar ese año”. Si el magistrado Salazar tiene la información correcta, se podrá determinar lo que tanto parece atemorizar al expresidente Uribe; es decir, la responsabilidad gubernamental sobre los hechos ocurridos en la Comuna 13, tanto en su legítima recuperación estatal como en los crímenes que se perpetraron para lograr ese objetivo. Del mismo modo, habría forma de definir la culpabilidad política y penal de quienes permitieron o incurrieron en detenciones arbitrarias, torturas, asesinatos y desaparición de los restos óseos de decenas de inocentes que cayeron junto con los grandes delincuentes. Miedo, miedo… ¿A qué y por qué?
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