GUILLERMO ABRIL INMA BONET BAILÉN
Cualquiera que se acostara temprano ayer en Corea del Sur, se habrá levantado esta mañana como si nada —o casi nada— hubiera pasado. Pero entre medias, durante unas horas, un terremoto político ha mantenido en vilo al país y al resto del mundo. Ahora queda la resaca, cuyo alcance aún está por determinar. El vaivén político en Seúl arrancó en la noche del martes, cuando el presidente surcoreano, el conservador Yoon Suk-yeol, declaró sin previo aviso la ley marcial de emergencia, acusando a la oposición de controlar el Parlamento, ejercer actividades antiestatales y de simpatizar con Corea del Norte. Horas después, en la madrugada, el propio Yoon anunció que retiraba la medida después de que la Asamblea, cuyos miembros llegaron a utilizar extintores para impedir que las tropas entraran en la sede del legislativo, la revocara en una votación de urgencia, sin todos los diputados presentes y con las calles de Seúl, la capital, llenas de manifestantes.
La oposición, que goza de mayoría parlamentaria, ha exigido este miércoles la dimisión de Yoon y ha registrado —seis formaciones entre las que se encuentra el Partido Democrático— una moción ante la Asamblea para su destitución. Según ha informado la agencia de noticias surcoreana Yonhap, la petición ha sido firmada por 190 diputados de la oposición y un diputado independiente, sin el apoyo de ningún diputado del partido gobernante. Esta moción será presentada en el pleno parlamentario previsiblemente el jueves y podría ser sometida a votación entre viernes y el sábado.
La Asamblea surcoreana puede destituir al presidente si más de dos tercios de los legisladores votan a favor. El partido del presidente Yoon controla 108 escaños de los 300 que componen la Cámara, por lo que la moción necesitaría el voto de algunos miembros de su partido para salir adelante. El Partido Democrático cuenta junto a otras formaciones más pequeñas con 192 escaños. Si es aprobada en el pleno, el jefe del Estado sería suspendido de su cargo. Su destitución definitiva requiere el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, una vez haya analizado las evidencias presentadas por las partes.
“Incluso si se ha revocado la ley marcial, no puede librarse de los cargos por traición. Se ha mostrado claramente a toda la nación que el presidente Yoon no puede liderar el país con normalidad”, manifestó ante los medios Park Chan-dae, portavoz parlamentario del Partido Democrático. “Debería dar un paso atrás. Dimitir de inmediato. Es lo que exige el pueblo”, reclamó.
Por su parte, el secretario general del Parlamento, Kim Min-ki, aseguró que exigirá al Ejército que rinda cuentas por sus “acciones ilegales y anticonstitucionales” y los “daños provocados” en el corazón del poder legislativo. También comunicó que, desde este miércoles, ni funcionarios de Defensa ni agentes de policía podrán entrar en la Cámara. “Se trata de una medida urgente para proteger la seguridad de los legisladores y garantizar el funcionamiento de la Asamblea Nacional”, enfatizó.
Despliegue militar
Kim explicó en una rueda de prensa que la Policía cerró las entradas del Parlamento e impidió el paso de los legisladores desde las 22.50 (hora local) del martes, poco después del anuncio del presidente Yoon. Añadió que, entre las 23.48 y la 01.18, el Ministerio de Defensa desplegó casi 300 soldados, que irrumpieron a la fuerza en el edificio. 230 llegaron a bordo de 24 helicópteros y aterrizaron directamente dentro del recinto, mientras que otros 50 saltaron las verjas para entrar. También ha mostrado imágenes grabadas por las cámaras de seguridad, que, según ha dicho, se publicarán pronto.
En paralelo, diez asesores de alto nivel y cercanos al presidente se ofrecieron a dimitir en masa, según informó la oficina presidencial la mañana de este miércoles. Entre ellos, figuran el jefe del Gabinete, Chung Jin-suk, el director de la Oficina de Seguridad Nacional, Shin Won-sik, y el responsable al frente de la Política Nacional, Sung Tae-yook, detalla la agencia Yonhap.
Estaba previsto que Yoon hiciera su primera aparición pública desde que retiró la ley marcial a lo largo de la mañana de este miércoles, pero ha sido pospuesta y, de momento, se desconoce cuándo tendrá lugar. Quien ha prometido que continuará “sirviendo al pueblo hasta el final” ha sido el primer ministro, Han Duck-soo. “Entiendo que la gente esté muy preocupada”, expresó en una nota escrita y citada por la agencia Yonhap. El número dos del Consejo de Estado surcoreano (el Ejecutivo) ha afirmado ser consciente de la responsabilidad política de “todo el proceso” que ha llevado a la situación actual.
Entre las funciones de Han destaca la de asistente de Yoon y mediador entre el presidente y los demás miembros del Gobierno. “Pido al Gabinete que cumpla con su responsabilidad junto con los funcionarios públicos de todos los ministerios para garantizar que la seguridad y la vida cotidiana se mantengan sin la más mínima alteración”, ha añadido.
Aunque numerosos analistas interpretaron el anuncio de la ley marcial en clave de política interna, ante la caída en picado de la popularidad del mandatario y sus crecientes dificultades para gobernar sin mayoría parlamentaria, la mención al hermético vecino del norte, con capacidad atómica y una renovada sintonía con la Rusia de Vladímir Putin, puso en guardia a las capitales del planeta. La península coreana sigue siendo uno de esos lugares volátiles, con heridas de la Guerra Fría aún abiertas, y donde todo puede saltar por los aires por un error de cálculo: técnicamente el norte y el sur siguen en guerra a pesar del armisticio sellado en 1953; su frontera está militarizada y, mientras, Estados Unidos, aliado de Corea del Sur desde hace décadas, mantiene estacionados más de 28.000 militares en el país.
Durante unas horas parecía que estallaba una nueva crisis en estos tiempos de crispada incertidumbre global, con la Casa Blanca en plena mudanza y el imprevisible Donald Trump, a punto de tomar la batuta de la primera potencia mundial. El anuncio de que los militares tomaban el mando y quedaban prohibidas las actividades políticas, manifestaciones y huelgas y los medios de comunicación serían sometidos a control, además, ha hecho contener la respiración a los ciudadanos de una de las democracias más estables de Asia, consolidada desde la década de 1980.
Investigación a la primera dama
El anuncio de Yoon se topó inmediatamente con el rechazo mayoritario de políticos opositores y los de su propio partido, que llamaron a la ciudadanía y a los militares a rechazar el decreto marcial. La crisis nace de una enrevesada y tempestuosa política interna. El Partido Democrático, principal fuerza de la oposición y mayoritaria en el Parlamento, pretendía presentar esta semana mociones de censura para destituir a tres fiscales (incluido el fiscal jefe) por no presentar cargos contra la primera dama, Kim Keon-heen, tras una investigación sobre su presunta implicación en una trama de manipulación de acciones bursátiles. Además, esta formación de centroizquierda pretendía impulsar la destitución del presidente de la Junta de Auditoría e Inspección, Choe Jae-hae, por negarse a cumplir con una solicitud parlamentaria para entregar documentos relacionados con una auditoría sobre la reubicación de la oficina presidencial, la cual se llevó a cabo en 2022 como parte de una de las promesas de campaña de Yoon.
La portavoz del Ejecutivo, Jeong Hye-jeon, declaró el viernes que la moción contra Choe era “algo sin precedentes en nuestra historia constitucional y daña los fundamentos del orden constitucional”, según recogió entonces la agencia Yonhap. Sobre el intento de destitución de los fiscales, señaló: “Es claramente una venganza, solo porque los resultados de la investigación no fueron los que el partido opositor deseaba”.
Desde el Gobierno interpretaban la moción como un intento de detener otros juicios contra miembros del Partido Democrático. Lee Jae-myong, líder de esta formación de centroizquierda, está siendo investigado por varios casos, entre ellos, la supuesta aceptación de sobornos en conexión con transferencias ilícitas a Corea del Norte y por participar en una trama de corrupción en torno a un proyecto urbanístico en Seongnam, una ciudad ubicada en el norte del país. A principios de noviembre fue condenado a una pena de prisión suspendida por violar la ley electoral al realizar declaraciones públicas falsas durante la campaña presidencial de 2022, comicios en los que perdió por un estrechísimo margen (0,73 puntos porcentuales) frente al actual mandatario.
Yoon, quien asumió la presidencia en mayo de aquel año, es el primer líder de la democracia surcoreana que no ha contado con el control de la Asamblea Nacional en ningún momento de su mandato. A pesar de que tras las elecciones legislativas de abril su partido se quedó incluso más debilitado que en el primer tramo de legislatura, el PPP (Partido del Poder Popular) conserva escaños suficientes para imponer vetos presidenciales. Yoon ha hecho uso de ese mecanismo en 12 ocasiones en poco más de dos años, lo que ha provocado que no salgan adelante 25 proyectos de ley.
La situación política y social en el país es complicada desde hace meses. El partido conservador de Yoon sufrió una importante derrota en las elecciones legislativas del pasado abril, cediendo el poder de la asamblea unicameral al principal partido de la oposición, que se hizo con casi dos tercios de los escaños. Estos comicios fueron una especie de referéndum sobre el presidente, ante la ausencia de progresos tangibles en políticas sociales y económicas. Corea del Sur se enfrenta a problemas como una economía que pierde fuelle, unos precios de la vivienda desbocados y el aumento de la inflación. También sufre el rápido envejecimiento de la población y una enorme brecha de género. A todo ello se sumó a lo largo de este año una huelga de médicos que se inició en febrero y que provocó cancelaciones de operaciones y tratamientos.
