Salomón Kalmanovitz
El Banco de la República ha elaborado un documento sobre las posibles consecuencias del proyecto de ley que discute el Congreso sobre las transferencias regionales, que son muy preocupantes. Allí se propone aumentar en forma desproporcionada las transferencias de los ingresos corrientes de la nación a los entes territoriales. Sin embargo, no se definen las responsabilidades fiscales que deberán asumir para no causar una implosión del gasto público con graves consecuencias y aumento de los riesgos macroeconómicos.
En el año 2023, las transferencias representaron 21 % de los ingresos corrientes de la nación. En 2024, se proyectan que alcanzará el 27 %, y en 2025, el 30%. Las transferencias deben seguir creciendo paulatinamente hasta llegar a cerca del 40 % en 2038.
En 2023, la distribución de los ingresos totales de los municipios y distritos en Colombia fue la siguiente: el 40 % correspondió a las ciudades grandes; el 26 %, a los departamentos; el 22 %, a los pequeños municipios, y el 12 % correspondió a las ciudades intermedias.
Es lamentable que no se presione a los entes territoriales a que aumenten el recaudo de sus recursos propios, mediante reformas tributarias que afecten la renta de las empresas y de las personas para no depender de los impuestos al vicio o a los juegos de azar para precariamente financiarse, como sucede en la actualidad. La muy positiva experiencia de los municipios medianos y grandes en aumentar sus ingresos propios no ha sido replicada por los departamentos, que continúan atrofiados y siendo disfuncionales. Su precariedad explica la escasa profesionalización de sus funcionarios por comparación con la existencia de carreras por las que pueden ascender los que son nombrados mediante concursos por mérito en las ciudades grandes y medianas del país. En el resto, imperan las barridas de las burocracias con cada cambio de mandatario.
De llevarse a cabo la reforma tal como está contemplada en el proyecto, el déficit fiscal pasaría de cerca del 3 % del PIB en la actualidad a cerca del 5 % al final de la década de 2030. Al mismo tiempo, la deuda del gobierno central se ampliaría del 55 % del PIB actual al 65 % durante el mismo período de tiempo. Para poder transferir estos recursos, el gobierno central deberá ejercer una enorme austeridad en el resto de sus gastos, lo que pone en riesgo proyectos de infraestructura e, incluso, los gastos de mantenimiento de dichos proyectos.
En las proyecciones sin reforma del Sistema General de Participaciones (SGP), el déficit fiscal se estabiliza alrededor del 2,8 % del PIB a partir de 2030 y la deuda neta del Gobierno Nacional Central permanecería cerca del 55 % del PIB durante los próximos quince años. El Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) proyecta un aumento progresivo del recaudo tributario en el tiempo que no es seguro que pueda lograrse.
Aún si no se diera la reforma, el aumento en las transferencias correspondientes sería sustancial: aumentarían de 4,2 % del PIB en 2024 a 5,6 % en 2028 y llegarían hasta el 6 % del PIB en 2038. De esta manera, el cumplimiento de la regla fiscal en los próximos años exige mucha austeridad en el gasto del Gobierno Central en todos los rubros diferentes al Sistema General de Participaciones.
La reforma que está en trámite en el Congreso tiene un reto más complejo al forzar al aumento de las transferencias de manera más agresiva, llegando a 7,2 % del PIB en 2038, 1,3 % del PIB más de lo previsto en el Marco Fiscal de Mediano Plazo y tres puntos porcentuales por encima de su nivel de 2024. Cada punto del PIB en la actualidad equivale a unos $13 billones. “Cabe además la preocupación sobre las implicaciones no deseadas para los entes territoriales de volver a vincular las transferencias a los ingresos corrientes de la Nación, una variable que puede ser muy volátil”.
Se daría lugar a un aumento del déficit del Gobierno Central cercano al 5 % del PIB, y un aumento de su deuda del 55 % al 65 % del producto. Ambos faltantes son percibidos por los agentes económicos como generadores de un mayor riesgo país que reduciría su calificación crediticia, es decir que los papeles de deuda emitidos por el gobierno colombiano serían catalogados como bonos basura, teniendo que abonar tasas de interés más costosas. Peor aún, el gobierno incumpliría la regla fiscal aun si los supuestos de ingresos tributarios se cumplieran y este pudiera ajustar sus gastos, tal como los proyecta.
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