Colombia acaba de mover una ficha clave en el tablero del comercio internacional. El Gobierno, en su plan para insuflar ánimos al sector siderúrgico, decretó un arancel que sextuplica el precio de entrada para las importaciones de alambrón de hierro o acero. El gravamen, del 35%, afecta a los países con los cuales Colombia no tiene acuerdos comerciales. En especial a China, hasta ahora el mayor proveedor en el sector, con una capacidad de producción descomunal y precios beneficiosos para al alicaído rubro de la construcción. La medida ha sido celebrada en los mayores gremios y acerías locales.
No cabe duda de que el tono en la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) es de impotencia. “Las salvaguardias generan incrementos significativos en los costos, lo cual prácticamente inviabiliza proyectos de vivienda de interés social que ya se encuentran estructurados y en proceso de venta”, ha lamentado Guillermo Herrera, presidente del gremio. No sobra recordar que, en promedio, el sector aporta entre un 6% y 7% del PIB. Y, según datos del DANE, genera unos 1,3 millones de empleos directos e indirectos.
La pandemia le propinó golpes profundos, tras los cuales ha costado lo indecible recuperar el aliento. Para el economista Daniel Rey, director del renglón de productores de acero en la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), el cobro es una corrección “justa y muy abordable”. Desde París, donde asiste al mayor congreso mundial de la metalurgia, explica que es una manera de “enfrentar una distorsión provocada, entre otras razones, por el impacto que tienen los subsidios que el Gobierno chino ofrece a sus empresas”.
Para llegar a este punto, donde coinciden de forma inusual el Gobierno de izquierdas y el mayor gremio empresarial del país, se impulsó un estudio técnico profundo con el objetivo de justificar lo que en la jerga comercial se denomina dumping. Es decir: la venta de un producto por debajo de su costo real. Por eso, algunos expertos consideran que la sanción, lejos de constituir una barrera proteccionista al estilo del presidente electo Donald Trump, es una herramienta legal bien ponderada. La medida va orientada a desviar el acero que viene, principalmente, de China, pero también de Turquía, Rusia, Indonesia o Vietnam. “Toda la información está sustentada. Hay una distorsión en el mercado. El comité investigador escuchó la solicitud de todas las partes. A China y a Rusia y a Turquía. También a los representantes de los constructores. La medida salió el 18 de octubre a favor de la industria con un incremento del 30%, adicional al arancel que ya existía, que era del 5%”, precisa Daniel Rey.
¿Quién se favorece? Aparte de la evidentemente golpeada industria siderúrgica local, la de países como México o Brasil, ambos casos cada vez más arrinconados ante el empuje y capacidad de sobreproducción chino. Rey recuerda que el acero, quizás detrás del petróleo, es una de las materias primas primordiales para la vida diaria: “Es vital por la variedad de usos que tiene. En el sector automotor, en la manufactura y en la industria. Está en las cosas más pequeñas e inimaginables de nuestras vidas y continuamente atraviesa muchos desafíos”.
De hecho, recuerda que para el comercio de acero con Bolivia, Ecuador y Perú, también se ha añadido una nueva tarifa arancelaria, sujeta a la normativa de la Comunidad Andina, del 14,% para la importación de un acero denominado barra corrugada. A su juicio, su impacto será nulo. “Quedan libres de arancel las primeras 29.000 toneladas, el promedio que se comerció en 2021, 2022 y 2023. Solo a partir de ese punto se aplica”. Acto seguido, sin embargo, concede que tiene efecto anti dumping, en especial por las por prácticas desleales de empresas peruanas: “Hace un año y medio veíamos a Perú creciendo agresivamente en sus envíos de acero hacia Colombia y a unos precios que eran insostenibles. En ese momento reaccionamos, pero la medida salió tarde”, señala Rey.
La práctica del abaratamiento irregular con el fin de ocupar una mayor cuota de mercado estaría perjudicando a la metalurgia local. Rey completa esta radiografía con el argumento de que muchos países han estado tomando las mismas medidas en los últimos años y Colombia, además, tenía el promedio más bajo de aranceles al acero. “En el agregado de América Latina el número que se repite es el 30%. Otros pusieron 25%. Ese hecho nos dio espacio para mantener la conversación”.
Para Laura Llano, investigadora de la Asociación Nacional de Entidades Financieras, a pesar de las buenas intenciones del Gobierno, quizás resulta inconveniente para el sector de la construcción. El contexto de “reactivación económica es complejo”, incide.
“También para la generación de empleo y el resto de encadenamientos productivos que surgen del sector. El incremento en los costos de materiales tiene un impacto muy importante sobre la construcción. Lo que ocurrió en la pandemia y en el período posterior fue un aumento muy grande en los costos de estos insumos asociado a la escasez a nivel mundial”, apunta. La lista de dolencias del sector de la construcción no es corta y, a la espera de que se conozcan las cifras globales de cierre de año, la experta anticipa que los costos de estas decisiones se trasladarán, tarde o temprano, a los consumidores.
La respuesta colombiana dispara contra un bloque de países que se disputan el comercio internacional con los Estados Unidos como en un tablero de Risk, ese juego de mesa donde los contendientes intentan conquistar territorios a través de alianzas y pactos vedados. “Estados Unidos dijo en 2018 que la industria siderúrgica es estratégica para el país por temas de defensa”, concluye Daniel Rey, “todas las armas y los aviones se producen con acero”. Desde ese momento impuso mayores aranceles al gigante asiático y el mundo empezó a moverse. “China, por su parte, está liberando 100 millones de toneladas en medio de un desplome inmobiliario. Colombia produce 1 millón al año. Es una realidad que podría hacerle mucho daño al país y quebrar nuestra industria siderúrgica”.
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