Un nuevo informe de la UNESCO destaca un aumento alarmante de los casos de denuncias de irregularidades financieras, diseñadas para presionar, intimidar y silenciar a periodistas y medios de comunicación independientes en los últimos tres años. De los 120 casos examinados por la UNESCO que datan del período 2005-2024, el 60% se produjo entre 2019 y 2023.
“Los periodistas desempeñan un papel esencial en la sociedad investigando las irregularidades y promoviendo la transparencia. Nunca deberían ser objeto de acusaciones infundadas de delitos financieros ni de acoso legal para silenciarlos. Esto socava la libertad de prensa y la libertad de expresión de todos nosotros. La UNESCO hace un llamamiento a todos sus Estados Miembros para que protejan a los periodistas de esta práctica”, dijo la Directora General de la UNESCO, Audrey Azoulay.
La extorsión, la evasión fiscal y el blanqueo de dinero son los delitos más frecuentemente utilizados contra periodistas y medios de comunicación. Otros delitos también utilizados indebidamente son el chantaje, la financiación del terrorismo, el fraude, la malversación de fondos y la recepción ilegal de fondos extranjeros. Todos estos ataques erosionan gravemente la confianza pública en los periodistas y los medios de comunicación.
Una táctica para privar a los periodistas o a los medios de comunicación de recursos
A diferencia de los casos de difamación e injuria, los cargos financieros pueden presentarse a menudo sin establecer ninguna conexión entre el contenido editorial producido por el periodista o el medio de comunicación y la propia acusación, ocultando así el verdadero motivo de la acusación.
Los instigadores de los cargos financieros contra periodistas y medios de comunicación son en la mayoría de los casos agentes estatales. Los poderes ejecutivos también pueden ordenar a los órganos administrativos, como las autoridades fiscales, que inicien investigaciones directamente, eludiendo así el escrutinio del poder judicial.
El uso indebido de la legislación financiera puede permitir a las autoridades congelar los activos de un periodista o un medio de comunicación, lo que reduce sus medios de vida y les impide seguir informando mientras esperan el juicio. Esto puede llevar al cierre total de los medios de comunicación, cuando se detiene a personal clave o se les congelan sus activos. La amenaza de llevar a la quiebra a periodistas u organizaciones de medios de comunicación individuales también puede conducir a una mayor autocensura.
Algunas regiones son más afectadas que otras
El informe de la UNESCO identifica al menos 5 casos en América Latina y el Caribe en los últimos tres años, en comparación con solo 2 casos durante los diez años anteriores. En África, al menos 8 ocurrieron entre 2019 y 2023, en comparación con 7 durante los diez años anteriores. De los casos en estas dos regiones, la evasión fiscal y la extorsión fueron los cargos más frecuentes y 9 personas recibieron sentencias de prisión, la pena más alta fue de 12 años.
El problema es más frecuente en Europa del Este, Asia y el Pacífico, en particular Asia Central, con 41 casos revisados entre 2020 y 2024, en comparación con 19 casos entre 2008 y 2020. Esta tendencia se ha evidenciado desde principios de la década de 2010. En el sur de Asia, los cargos por extorsión se han utilizado indebidamente desde mediados de la década de 2000, y también es habitual restringir la financiación extranjera o acusar a los medios de comunicación independientes de financiar el terrorismo.
Este tipo de acoso se produce con frecuencia en épocas de protestas, durante las campañas electorales y en el período previo a grandes acontecimientos internacionales en los que el país anfitrión y el gobierno recibirán una mayor atención internacional.
La proliferación de ataques legales contra periodistas es una nueva tendencia que incluye una variedad de acusaciones penales. Los datos presentados en el informe de políticas se basan en la información disponible públicamente, combinada con una revisión documental y entrevistas con abogados, periodistas y expertos en libertad de prensa. Es probable que el número real de casos sea mayor.
El informe se basa en el análisis elaborado por la UNESCO sobre la tendencia creciente del acoso legal a periodistas en 2021 y 2022. Los datos de la UNESCO se basan en la evaluación y el análisis de 120 casos públicos, por lo que es probable que haya un subregistro significativo.
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