La suerte de Air-e, la mayor comercializadora de energía en el Caribe colombiano, hoy es incierta. Los responsables de la empresa informaron el pasado 6 de septiembre que su sistema informático fue víctima de un ataque cibernético cuatro días antes. Un hecho desafortunado en medio de la crisis financiera de la compañía a cargo del servicio en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira. El proceso de restablecer los datos, más de un mes después, ha sido parcial. Y se desconoce si ha habido filtraciones con información de 2,35 millones de usuarios. No hay duda de que el proceso de interventoría estatal, iniciado casi en paralelo, tendrá que arreglárselas sin piezas clave para reorganizar la contabilidad y clarificar el estado de las finanzas de la compañía del magnate Alberto Ríos Velilla.
El plan de ayuda empresarial, operado a petición de la misma Air-e como grito de rescate, se ha visto entorpecido por la información comprometida en el sistema de control de la red, el de facturación comercial y la base de recaudo de peticiones de quejas y reclamos, entre otros. Cerrar la filtración y recuperar los archivos de respaldo, al parecer, no ha sido fácil. Tampoco lo ha sido avanzar con la auditoría forense. Un asunto que solo ahonda el sentimiento de indefensión de muchos ciudadanos en los tres departamentos del norte de Colombia que, mes a mes, deben asumir unas facturas estratosféricas con respecto al resto del país.
Para empezar a comprender mejor el escenario, la senadora liberal Karina Espinosa ha recopilado pruebas de lo que en el sector se llaman “pérdidas no técnicas”. Se refiere a los puntos ciegos dentro de los recursos cobrados por el servicio de la luz. Su conclusión es que alrededor del 33% de las pérdidas se deben a la piratería. Un quebradero de cabeza para Air-e, que trata deequilibrar estas fugas con recargas en los recibos. Mientras tanto, las conexiones ilegales se multiplican en asentamientos informales y urbanizaciones de clase alta, y la práctica arraigada de modificar los contadores campea en los barrios de las ciudades caribeñas.
Pero también se trata, apunta Espinosa, de un asunto ligado a las mediciones de los operadores. “Las empresas dicen: ‘es que en la Costa se roban mucho la luz, entonces vamos a subir hasta un 26% por las pérdidas no técnicas’. Yo he comprobado que eso no es cierto”. Por el camino se ha topado con lugares donde se ha elevado desde “un 30 hasta un 300%”. “Yo vi en Coveñas, en Sincelejo, facturas que llegan a los 13 millones de pesos cobrados por Afinia [la comercializadora encargada del resto de la región, incluyendo el departamento de la senadora, Sucre]”. Eso no es todo. En medio de la crisis energética que atraviesa el país, azuzada por la prolongación del verano y su impacto sobre los embalses, el Gobierno cesó al superintendente de servicios públicos domiciliarios, la entidad antimonopolio encargada de vigilar los abusos de las empresas.
El exfuncionario es Dagoberto Quiroga y confesó el pasado 16 de octubre en el diario El Heraldo de Barranquilla (Atlántico): “A Air-e la recibimos [en la intervención, que inició a principios de septiembre] sin información, sin recursos y con deudas”. Un círculo vicioso que refleja la desconfianza de las empresas con los consumidores y el hastío de los ciudadanos con la ineficiencia de las prestadoras del servicio. En Santa Marta, sin ir más allá, se han reportado casos de contadores de luz instalados, al parecer por operarios de Air-e, en lugares poco visibles.
Un método irregular y que ha dado paso, según fuentes que prefieren mantenerse bajo anonimato, a incrementos de hasta el 50% en la tarifa. Estos “macro medidores”, que son la única base sólida de registro al nivel de consumo, cuentan al parecer con fórmulas de cobro paralelas: “Esa no puede ser la distribución real de una factura. Necesitamos un proceso de vigilancia y control de la superintendencia al barrio, porque acá hay algo muy extraño en el cobro”, se queja Espinosa. A todo este cuadro de complicaciones se ha sumado, por cuenta del ciberataque, un retraso en la entrega de las facturas de septiembre por parte de Air-e.
Como suele suceder en el sector eléctrico, las cifras se pronuncian con facilidad, pero su justificación casi nunca resulta tan simple. Y en el fondo se halla una historia de batallas soterradas entre actores de la cadena, montañas de deudas acumuladas de los usuarios desde la pandemia y todo tipo de líos administrativos. Hoy, sin embargo, los expertos se declaran impedidos para explicar cómo se ha llegado a cobrar en la Costa hasta 800 kilovatios/hora en algunos hogares. De acuerdo con los expertos, un hogar que utiliza con frecuencia el aire acondicionado no debería consumir más de 300 kilovatios/hora al mes.
Air-e ha justificado los recobros adicionales como único método para compensar las deudas generadas por las prórrogas y los auxilios oficiales decretados durante la crisis de la pandemia. También ha esgrimido que la subida incluye, en el caso de las capitales Santa Marta y Barranquilla, una cuota para cubrir el servicio de seguridad y aseo. Pero los analistas del sector descreen e indican que existe una brecha notable entre el 25% adicional anunciado por la compañía, y los espasmos de hasta el 1.100% que se ha alcanzado en algunas zonas.
Para desenredar la historia sobre los fallidos mecanismos en la gestión de Air-e aún faltan más elementos. Por su parte, a principios de septiembre se conoció que las deudas de la energética ascenderían a los 1,8 billones de pesos. Una cifra que más de uno considera incompleta y que de momento queda sin corroborar debido a los obstáculos que enfrenta la auditoría del Gobierno. A partir de ahí, han emergido otras discrepancias con el reciente nombramiento del exsindicalista William Palma como nuevo superintendente.
Lejos de la vista del público, la batalla también ha sido intensa. Por un lado se halla Ríos Velilla, el dueño de Air-e, cercano a la política a través del derechista Cambio Radical, donde ha militado su hijo Felipe. Un empresario agobiado por un negocio que naufraga, con algunas prácticas empresariales criticadas, y en un país asolado por la falta de energía.
Por el otro, un puñado de organismos de control a veces desbordados, otras maniatados por intereses partidistas. Y, por último, el presidente Gustavo Petro, firme opositor del engranaje actual del mercado y un férreo creyente de que las empresas privadas que prestan servicios públicos solo tienen en mente ganar dinero y no benefician a los ciudadanos que hoy deben desembolsar millones de pesos mensuales para mantener la luz de sus casas encendida.
Ahora la fecha a tener en cuenta es el 11 de noviembre. Ese día, el Gobierno decidirá si sigue adelante con la intervención para reanimar a la compañía, o, si por el contrario, considera que lo más sensato es liquidarla.
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