Cecilia Orozco Tascón
Hay una norma infalible en periodismo de investigación: las tácticas de engaño siempre son derrotadas por los hechos. Y estos, añado por mi parte, conducen a la verdad sin importar el tamaño del operativo de distracción que se active.
La adquisición oscura del espía Pegasus (que roba los datos íntimos de cualquiera sin que nadie se dé cuenta), y el fracaso del intento por ocultar su existencia y uso en Colombia, constituyen una prueba de que, pese al escepticismo generalizado, la realidad termina imponiéndose sobre la mentira. Entre el domingo y lunes pasados, tres medios periodísticos dieron información incontestable sobre la compra de ese sistema digital en el gobierno Duque mediante un mecanismo propio de bandas delictivas.
La responsabilidad directa de los ilícitos que se habrían cometido recae en la Policía, en el Ministerio de Defensa y la Presidencia de la República de esa época. El programa Señal Investigativa, realizado por la revista Raya en asocio con el canal público RTVC, reveló las matrículas de dos aviones de Israel, sus fotografías, las fechas de aterrizaje en Bogotá y de partida hacia Tel Aviv (junio y septiembre de 2021); su tiempo de estadía en el aeropuerto capitalino, los trayectos que cumplieron y hasta los nombres, apellidos y ocupación de sus pilotos (ver). La carga que llevaban las naves extranjeras se deduce de la respuesta entregada por la autoridad financiera israelí a la colombiana, que fue divulgada por el presidente Gustavo Petro en su polémica alocución de hace un mes: $5.5 millones de dólares en efectivo, en cada ocasión –valor de Pegasus–; en total, $11 millones de dólares que fueron consignados en el Banco Hapoalim de Tel Aviv, en la cuenta de la empresa propietaria del agente malicioso, NSO Group, especializada en ciberinteligencia.
Al día siguiente, W Radio añadió otra noticia relevante: los aviones contratados para trasladar semejante cantidad de dinero en efectivo, fueron recibidos, pernoctaron y despegaron de las pistas de la Policía Nacional (ver). ¿Qué dirán, ahora, los exfuncionarios que negaron la multimillonaria transacción? ¿Cuáles serán las explicaciones que podrán aducir el expresidente Duque, su exministro Diego Molano, su exdirector de la Policía, general Jorge Luis Vargas, y su exdirector de Inteligencia, general Norberto Mujica? La verdad aplasta a quien pretenda sepultarla.
El 27 de marzo de 2022, a escasos meses de terminar el cuatrienio Duque, CM& (otro medio de invaluable trabajo periodístico en 30 años de historia que están a punto de desaparecer sin que nadie proteste) publicó el texto de un proyecto de ley que impulsaba hacía unos meses y casi en secreto, el ministro del Interior de la agonizante administración, Daniel Palacios. Allí se proponía “regular el empalme del gobierno saliente con el entrante”. El meollo del asunto residía en que Duque y sus subalternos querían limitarle el acceso a los temas de la seguridad nacional, “relacionada con amenazas… operaciones militares y uso de la fuerza pública”, al grupo ganador de las elecciones que se llevarían a cabo entre mayo y junio siguientes.
Para entonces, el candidato Petro preocupaba a los partidarios del oficialista aspirante presidencial Federico Gutiérrez, entre ellos, Duque, sus ministros, sus generales y el uribismo en pleno. El texto de la absurda propuesta enfatizaba en que “la violación a la obligación de reserva de la información [de seguridad] suscitada con ocasión del proceso de empalme, será considerada como falta grave disciplinaria” (ver). Tan extraño interés en discriminar al triunfador de la contienda electoral fue groseramente descrito en el propósito de unos servidores públicos de censurar a otros: “El presidente de la República [Duque]… podrá mantener la reserva de la información [de seguridad nacional] hasta que la situación de riesgo haya terminado o termine el periodo de su Gobierno”.
Gracias al descubrimiento de CM&, la propuesta antidemocrática del saliente Ejecutivo se cayó. Nadie entendió en ese momento qué intentaban ocultar Duque y sus secuaces. Ahora, con las precisas noticias sobre la existencia de Pegasus en nuestro espacio cibernético cuyo control tiene no-se-sabe-quién, aunque haya muchas sospechas de que se encuentre en manos de hombres de inteligencia afectos a aquellos que perdieron el poder, no es difícil llegar a una conclusión: entre más tiempo se demorara el nuevo gobierno en establecer la compra del software malicioso, más fácil sería espiarlo. Dato para tener en cuenta: el exministro Palacios presentó el proyecto censor el 22 de noviembre del año 2021, apenas dos meses después de terminar la operación de adquisición de Pegasus.
Nota aclaratoria: Revista Raya me ha contratado recientemente para realizar un podcast.
