Por James Wagner
Reportando desde Ciudad de México
México promulgó el domingo una enmienda constitucional por la que se reestructura todo su poder judicial, lo que supone la revisión más profunda del sistema judicial de un país jamás realizada por una gran democracia.
Los resultados demuestran la excepcional influencia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien defendió la ley. La victoria de sus aliados en las elecciones de junio les proporcionó importantes mayorías legislativas para sacar adelante la polémica propuesta en las últimas semanas de mandato del mandatario. En vísperas del Día de la Independencia de México, la medida se publicó en el boletín oficial del gobierno, convirtiéndose en ley.
La ley cambia el poder judicial de un sistema basado en nombramientos, en gran medida centrado en la formación y las cualificaciones, a otro en el que los votantes eligen a los jueces y hay menos requisitos para presentarse, lo que sitúa a México en un rumbo no probado cuyas consecuencias son difíciles de prever.
“Ahora es distinto”, dijo López Obrador en un video publicado en redes sociales el domingo por la noche en el que su sucesora, Claudia Sheinbaum, estaba sentada a su lado. “Ahora sí, es el pueblo el que manda, el pueblo es el que decide”.
Aproximadamente 7000 jueces, desde quien ocupa la presidencia de la Suprema Corte hasta los de los juzgados locales, tendrán que presentarse a las elecciones con el nuevo sistema. Los cambios se aplicarán gradualmente: una gran parte del poder judicial se elegirá en 2025 y el resto en 2027.
El gobierno dijo que el rediseño es necesario para modernizar los tribunales e infundir confianza en un sistema plagado de corrupción, tráfico de influencias y nepotismo. La sucesora de López Obrador, Claudia Sheinbaum, asumirá el cargo el 1 de octubre y ha respaldado plenamente el plan.
Sin embargo, la propuesta se encontró con la feroz resistencia de trabajadores judiciales, expertos en derecho, inversores, jueces, estudiantes, legisladores de la oposición y otros críticos. La promesa de López Obrador de impulsarla mantuvo en vilo a los mercados financieros y provocó un enfrentamiento diplomático con los embajadores de EE. UU. y Canadá.
López Obrador presentó por primera vez su idea de modificar el poder judicial el año pasado. Enfadado con la Suprema Corte por bloquear algunos de los planes de su gobierno, como debilitar el organismo de vigilancia electoral de México o poner a la Guardia Nacional bajo el control de los militares, prometió que los jueces y magistrados serían elegidos por votación popular, una medida que algunos analistas consideran una represalia.
“No tiene remedio el poder judicial, está podrido”, dijo entonces a los periodistas, pidiendo a sus partidarios que dieran a su movimiento político amplias mayorías en el Congreso en las urnas para aprobar la propuesta y cambiar la Constitución.
A pesar de las protestas y huelgas de diversos grupos, entre ellos más de 50.000 jueces y trabajadores de los tribunales, la propuesta fue aprobada sin problemas por la Cámara de Diputados del Congreso, en la que el partido del presidente, Morena, tiene una mayoría absoluta. El miércoles, el Senado la aprobó por un estrecho margen, a pesar de un retraso causado por los manifestantes que forzaron la entrada en el edificio.
El jueves, el proyecto había sido aprobado por la mayoría de las 32 asambleas legislativas estatales, último requisito antes de su publicación como ley.
“Misión cumplida”, dijo el viernes Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, al anunciar que la medida había sido enviada a López Obrador para su publicación.
Muchos mexicanos han expresado su apoyo a la medida, afirmando que les daría influencia en un sistema judicial en el que pocos confían.
Según las encuestas del gobierno, el 66 por ciento de los mexicanos considera que los jueces son corruptos, y los analistas afirman que el nepotismo sigue estando muy extendido. Una evaluación reciente reveló que alrededor del 37 por ciento de los funcionarios judiciales tienen al menos un familiar trabajando en los tribunales.
Ahora viene lo complicado.
El Senado tendrá que emitir una convocatoria para los candidatos a las miles de magistraturas que hay en todo el país. Y el organismo electoral de México tendría que empezar a organizar las elecciones judiciales. En algún momento, las legislaturas estatales modificarían sus constituciones locales.
El plan es que los votantes elijan el siguiente junio a todos los magistrados de la Suprema Corte, cuyo número se reduciría a nueve; a los miembros del recién creado Tribunal de Disciplina Judicial; y a cerca de la mitad de los 7000 jueces del país, y que el resto sean elegidos en 2027. Un ciudadano mexicano promedio podría tener que elegir entre cientos y miles de candidatos a la hora de votar.
Miriam Castillo colaboró con investigación desde Ciudad de México.
